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El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió intervenir para desactivar un conflicto con las empresas energéticas más importantes del país, que podría derivar en una crisis del sector y derramar negativamente en el sector financiero, donde operan.
Esta tarde, Caputo recibió en el Palacio de Hacienda a las principales empresas de generación de electricidad. Son las compañías que producen la energía que luego se consume en los hogares o en las empresas.
Venían reclamando que el Estado les debe más de u$s 1000 millones por la energía que le vendieron a Cammesa, y que nunca les pagó, debido a que el Tesoro no le giró los fondos. El sector privado asegura que si se le suman los impagos al Plan Gas y el período hasta que se estabilice la deuda (que esperan para junio), ascenderá a u$s 2000 millones.
El encuentro se llevó adelante con mucha cautela. Inicialmente, los problemas con esta millonaria deuda los llevaba la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo. Luego, Caputo derivó la problemática con Diego Aduriz, su jefe de asesores, y uno de los hombres de su máxima confianza.
Finalmente, este jueves decidió intervenir el ministro directamente. El sector plantea que se necesita una solución urgente. De hecho, la Comisión Nacional de Valores (CNV) le pidió a las energéticas información sobre el tema, dado que tienen obligaciones con el mercado.
Una de las posibles soluciones que se baraja por estas horas es la de darles un bono por el “stock” de deuda, mientras que en los próximos meses se resolverá el flujo, luego de que el Gobierno avanzara con los aumentos en las tarifas de luz y gas.
Una fuente que participó de las negociaciones comentó: “El Gobierno tuvo una actitud rara con este tema. Deslizaron que no iban a pagar. Después que iban a dar un bono, que va a tener una quita implícita, que no se entiende por qué, si las empresas cumplieron con sus obligaciones”.
Además, desde otra empresa agregaron: “Si el Gobierno no paga, podemos tener problemas con nuestros acreedores del mercado local y del exterior. Romper contratos daña la seguridad jurídica e implica menos inversiones a futuro”.
Fuente El Cronista
