Cuando caía la tarde de este lunes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, el principal negociador de la Casa Rosada de la nueva la Ley Bases y del paquete de reformas fiscales, hizo su ingreso en la Cámara de Diputados. Llegó con la confianza de que ambas iniciativas serán aprobadas, seguramente en la jornada de este martes, aunque debía terminar de ajustar los votos en un puñado de artículos. Nada que altere el núcleo duro de los proyectos que, de hecho, quedaron bastante acotados respecto de su versión original.

Dos meses de negociaciones intensas con los bloques de oposición dialoguista –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– dieron sus frutos: dos textos consensuados que preservan, aunque con alcance más morigerado, las herramientas que dice necesitar el Poder Ejecutivo para reanimar la economía: facultades para reestructurar organismos del Estado, reformar leyes laborales, privatizar empresas públicas, modificar el esquema tributario –principalmente con la reversión del impuesto a las Ganancias y bajas significativas en Bienes Personales–, instrumentar un amplio blanqueo de capitales no regularizados y una nueva moratoria impositiva. Además, lanza un ambicioso régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI).

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Aun así, tal vez escaldado después del fracaso de enero pasado –cuando naufragó la versión original de la ley ómnibus–, el oficialismo se muestra cauto. Se descuenta que sobrarán los apoyos en la votación en general (se calculan entre 140 y 150 votos positivos); en cambio, durante la votación en particular por artículo podría sobrevenir algún imprevisto. Incluso los legisladores más experimentados eludían pronosticar cómo resultaría la votación de algunos artículos claves de la reforma laboral y del régimen de incentivos a las grandes inversiones que todavía suscitaban diferencias.

Lo mismo con las facultades delegadas al Poder Ejecutivo para modificar, fusionar o disolver organismos del Estado, contenidas en el articulo 3 del proyecto: si bien el oficialismo accedió a excluir varios organismos a pedido de la oposición, en el recinto se alzarán voces para eliminar directamente el artículo.

La instancia de mayor suspenso, no obstante, sobrevendrá cuando un amplio sector de la oposición –UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– reclame la reincorporación del capítulo que grava con impuestos internos al tabaco. Un capítulo que el Gobierno había incluido en la versión original del proyecto pero, llamativamente, luego retiró. Pese a la insistencia opositora, el oficialismo replicó que será un tema para una ley posterior. En medio de versiones de lobbies cruzados y presiones del sector tabacalero, el bloque de Pro no se sumará a la embestida opositora.

La postura de Unión por la Patria será definitoria en esta votación. A priori votaría dividida. En rigor, la bancada que preside Germán Martínez rechazará in totum los dos proyectos del Poder Ejecutivo en la votación en general, pero en los despachos oficialistas deslizan que la bancada kirchnerista podría sufrir fisuras con el drenaje de votos peronistas en artículos claves. “Podría suceder que, en alguna votación ajustada, algunos ‘compañeros’ se ausenten del recinto”, susurraban, socarrones, en el oficialismo. En el entorno de Martínez lo descartaban.

Atomización interna

El problema mayor que enfrentaban anoche los negociadores del oficialismo era la dispersión opositora. El bloque de la UCR que preside Rodrigo de Loredo presentaba al menos tres divisiones internas: quienes apoyan ambos proyectos casi sin disidencias (la mayoría de la bancada); quienes, por el contrario, votarán en contra (media decena de legisladores) y los que se abstendrán en algunos artículos, mayoritariamente enrolados en Evolución Radical, que lidera Martín Lousteau.

“La negociación de este sector con el Gobierno viene de la mano del financiamiento a las universidades”, deslizan, suspicaces, los opositores internos a Lousteau.

En Hacemos Coalición Federal la situación es similar. La Coalición Cívica anunció ayer su divorcio de la bancada que preside Miguel Pichetto y votará en contra; Margarita Stolbizer y el socialismo santafesino, si bien mantendrán los pies en el plato, también rechazarán artículos claves de ambos proyectos, al igual que Natalia De la Sota. Todos ellos son reacios a aprobar las amplias delegaciones legislativas que pretende el Poder Ejecutivo, entre otros puntos.

Estos dos sectores unirán fuerzas para plantear más modificaciones a la reforma laboral. La UCR volverá a la carga para reclamar la eliminación de las “cuotas sindicales”, esto es, la contribución obligatoria que se descuentan de los asalariados –sean afiliados o no– pactadas en las convenciones salariales. “A ver quién vota a favor de seguir financiando a la ‘casta sindical’”, desafían los radicales, quienes también insistirán con que se disminuyan las cargas fiscales sobre el empleo.

En un gesto al oficialismo, tanto el grueso de la UCR como Hacemos Coalición Federal desistirá de su reclamo para que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) –pensada para los sectores de hidrocarburos, minería, agroindustria y tecnología del conocimiento– incluya también a las empresas de las economías regionales, habilitándoles proyectos por un monto menor al estipulado en la iniciativa, previsto en US$200 millones.

“Vamos a plantear este tema en un proyecto de ley aparte”, se resignaron los opositores. Unión por la Patria no se privó de reprocharles esta claudicación. “Este es un régimen hecho a medida de las grandes empresas que tendrán enormes beneficios fiscales a costa de menor recaudación tributaria, además del blanqueo de capitales que propone este Gobierno”, despotricaron los kirchneristas.

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Si bien la mayoría avalará el RIGI, una alianza transversal de diputados del interior planteará su rechazo a uno de sus artículos, el que establece que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho, nacional por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido (en el régimen) será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.

“Este artículo es una intromisión inadmisible sobre las competencias tributarias de las provincias y municipios”, alegan los diputados de Córdoba Federal, impulsores de la eliminación del artículo. Sería una derrota dura para el Poder Ejecutivo.

Fuente La Nacion