El Gobierno denunció una millonaria malversación con las Becas Progresar

El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia ante la Justicia por la presunta malversación de fondos en el otorgamiento de las Becas Progresar, que asciende a la cifra de 341 millones de dólares. La denuncia señala irregularidades en el manejo de estos recursos durante la gestión del gobierno anterior, encabezado por el ex presidente Alberto Fernández.

Según el comunicado emitido por el Ministerio, la investigación interna llevada a cabo reveló una falta significativa de control en la asignación de las becas, específicamente en la línea destinada a asistir a jóvenes estudiantes para la finalización de la educación obligatoria. Esta falta de supervisión se tradujo en una incapacidad para determinar el destino de los fondos y si estos llegaron efectivamente a los estudiantes más necesitados.

Las becas Progresar fueron concebidas con el propósito de incentivar la finalización de los estudios primarios, secundarios y superiores, así como la formación profesional de los estudiantes argentinos. 

El comunicado destaca que, durante la auditoría llevada a cabo, se encontraron documentos en la oficina personal del ex funcionario Nicolás Sojit, ex director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Estos documentos evidenciaban una fuente de financiamiento externo proveniente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por el mencionado monto de 341 millones de dólares, destinados específicamente al programa de becas Progresar.

En efecto, “se aclara que la documental encontrada en las oficinas que ocupara Sojit en la Secretaría de Trabajo, apareció en el marco de la desvinculación de 13 (trece) funcionarios y agentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación ordenada por este Gobierno Nacional por diversas irregularidades detectadas y en curso de investigación”, dice el comunicado.

La ausencia de auditorías adecuadas y la falta de transparencia en el manejo de estos fondos fueron calificadas como de “impacto alto” por la SIGEN, lo que subraya la gravedad del caso en detrimento del Estado nacional.

“Desviar fondos destinados a la educación o utilizarlos indebidamente representa un grave delito que no solo perjudica las arcas públicas, sino que también compromete directamente el futuro de la nación. La falta de rendición de cuentas y el manejo irregular de los recursos públicos son prácticas que socavan la confianza en las instituciones gubernamentales y obstaculizan el desarrollo social y económico del país“, advirtió Capital Humano.

Fuente El Cronista