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Podemos estará dentro (que es lo que importa), pero la patronal se ha quedado fuera. El Gobierno y los sindicatos han cerrado un acuerdo para la reforma del subsidio asistencial de desempleo, que se ha discutido durante los últimos meses en el seno del diálogo social después de que el partido morado rechazase en enero el primer intento del Ejecutivo en el Congreso. El aval de Comisiones Obreras y UGT garantiza el recorrido de la reforma en las Cortes —eso es lo que realmente estaba en juego—, pero ha dejado fuera de la foto a una patronal cuyas relaciones con la coalición se han ido erosionando durante los últimos meses.
En la firma de este miércoles al mediodía en la sede del Ministerio de Trabajo solo han estado presentes los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, y la titular del departamento, Yolanda Díaz. Eso significa que la patronal, que ha mantenido un papel secundario en la negociación, se ha vuelto a quedar al margen. “CEOE no va a participar en el acto que han cerrado sindicatos y Gobierno, ya que considera que no ha habido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, sino simplemente un proceso de consulta”, aseguran fuentes empresariales.
“La premura del proceso responde más a una estrategia política ante las elecciones que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real”
La CEOE no quiere saber nada de Díaz, a la que acusa de no haber entregado su propuesta hasta este lunes, cuatro meses después de que la reforma inicial fuese tumbada en el Congreso. Los empresarios denuncian que el documento carece de una memoria económica, y acusan a la ministra de Trabajo de electoralismo a cuatro días de los comicios catalanes del 12 de mayo. “La premura del proceso para la firma de este miércoles (día y medio) responde más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real”, dicen en un comunicado distribuido poco después de la firma.
La patronal asegura que se ha enterado por los medios de comunicación del acto de este miércoles, lo que contrasta con las fotos que se sacó con Díaz y los sindicatos la legislatura pasada. Entonces llegó a importantes acuerdos, como la reforma laboral, sobre la que ahora acusa a la ministra de querer retocarla por la puerta de atrás. Las iniciativas que propone su departamento para los próximos cuatro años, como la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales o la reducción de la jornada laboral, así como los ataques de la vicepresidenta segunda a los empresarios, cada vez más recurrentes, han ido enervando a la CEOE. De hecho, los empresarios ya no estuvieron presentes en los últimos pactos, como las revalorizaciones del salario mínimo. La reforma del subsidio no será una excepción.
En este caso, la negociación ha tenido para Díaz un carácter más bien utilitarista. No se trataba tanto de lograr un acuerdo en el diálogo social —de hecho, el Gobierno prescindió de la mesa en su primer intento, lo que le valió la reprimenda de los propios sindicatos— como de empujar a Podemos hacia el sí a la reforma y, por tanto, garantizar que saliese adelante en el Parlamento. Lo cierto es que se ha conseguido con la inestimable colaboración de las centrales, que durante los últimos meses se han reunido con los grupos políticos para recabar apoyos. A diferencia del fallido primer asalto, el Gobierno aprobará la reforma como proyecto de ley —no como real decreto—, lo que permitirá más margen de negociación en el Congreso.
La propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra, celebró este martes que el Ejecutivo haya aceptado finalmente la condición que puso el partido para apoyar la reforma: el que se mantuviese la sobrecotización del 125% para los que acceden a la ayuda a través de la vía de los mayores de 52. En su primera propuesta, que la formación morada tumbó en el Parlamento, el Gobierno preveía reducirla al 100%. Esto provocaría el recorte en la pensión futura de los beneficiarios, en contra de la promesa de Díaz, que había asegurado que la reforma solo ampliaría —y nunca reduciría— los derechos de los trabajadores.
Refuerzo de la protección
Finalmente, así será, y el nuevo texto contempla importantes mejoras que refuerzan la protección social de los parados más vulnerables, como pactó el Gobierno con la Comisión Europea en el plan de recuperación. De hecho, la reforma está vinculada al cuarto pago de los fondos NextGenerationEU, valorado en 10.000 millones de euros. El Ejecutivo tuvo que pedir una extensión de dos meses, hasta el 20 de mayo, para que Bruselas estudiase el cumplimiento de este punto. De no haber llegado a tiempo, España barajaba pedir una nueva prórroga o un pago parcial de los fondos, un escenario que ahora se despeja.
El subsidio asistencial de desempleo lo reciben aquellos parados sin derecho a prestación contributiva o que ya la han agotado. Gracias a la reforma, la cuantía de la ayuda aumentará hasta los 570 euros durante los primeros seis meses, los 540 euros los siguientes seis y los 480 a partir de ahí, mientras que la cobertura se extenderá a nuevos colectivos que antes no la podían recibir, como los menores de 45 años sin hijos a cargo o los eventuales agrarios en todo el territorio nacional. Además, será compatible con un empleo durante 180 días, para no desincentivar la búsqueda de un puesto de trabajo, como quería el Ministerio de Economía.
Podemos estará dentro (que es lo que importa), pero la patronal se ha quedado fuera. El Gobierno y los sindicatos han cerrado un acuerdo para la reforma del subsidio asistencial de desempleo, que se ha discutido durante los últimos meses en el seno del diálogo social después de que el partido morado rechazase en enero el primer intento del Ejecutivo en el Congreso. El aval de Comisiones Obreras y UGT garantiza el recorrido de la reforma en las Cortes —eso es lo que realmente estaba en juego—, pero ha dejado fuera de la foto a una patronal cuyas relaciones con la coalición se han ido erosionando durante los últimos meses.
Fuente El Confidencial
