Semanas después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, impulsara en la Legislatura porteña un proyecto para avanzar con una “ley de reiterancia”, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano se opuso a la propuesta y consideró que “está armado principalmente contra la protesta social”.
La iniciativa en cuestión propone una modificación integral del Código Procesal Penal de la Ciudad, con el objetivo de endurecer las penas y que rija un criterio de justicia más severo para las personas que vuelven a cometer delitos.
En este sentido, se incorporarían varios artículos al mencionado Código, previendo expresamente el supuesto de “peligro de reiteración delictiva” y sumando a esas normas nuevas cláusulas que permitan “limitar la libertad personal del imputado, y aún dictar su prisión preventiva”.
Asimismo, se busca sumar “normas especiales concernientes a los allanamientos en urgencia, las requisas y/o el secuestro de bienes procedentes de delitos o de elementos utilizados para cometerlos. Ello en tanto esas medidas constituyen la necesaria reglamentación de las pertinentes garantías constitucionales en juego, en función de la necesidad de su realización por el peligro de que con la demora se entorpezca el esclarecimiento de los hechos delictivos”, por lo que “se propone entonces que dichos medios de prueba puedan ser realizados por el personal policial, en función de la extrema urgencia, o por el fiscal en función de su urgencia y conocimiento”.
Atento a esta situación, Solano aseveró que “esta nueva figura jurídica de ´reiterancia´ implica una modificación del Código de Procesal Penal de la Ciudad. Hasta ahora, la prisión preventiva se dicta cuando hay posibilidad de fuga o de interferir en la justicia” e indicó que “ahora, a partir de esta nueva normativa, pueden dictarla si hay una reiteración de denuncias contra una misma persona, sin necesariamente que haya condena o procesamiento. Esto está armado principalmente contra la protesta social y será utilizado con esa orientación”.
Asimismo, el diputado planteó que “es significativo que este haya sido el único proyecto de ley que Jorge Macri envió a la Legislatura. Él quiere hacer propio el ´modelo Mendoza´ En esa provincia, los luchadores populares se exponen a penas de hasta dos años de prisión efectiva por movilización a la que hayan asistido. Un verdadero régimen persecutorio que el Pro busca traer a CABA”
“Siempre decimos que el derecho a protestar es una suerte de ´derecho madre´, en tanto es el derecho que nos permite pelear por otros derechos. Ahora que está en peligro, tenemos que defenderlo con todas nuestras fuerzas”, sentenció Solano.
Fuente Mendoza Today
