La obra pública enfrentó al presidente Javier Milei a una encrucijada tan compleja como impensada: priorizar el ajuste a “la casta” o la asistencia para niños vulnerables. En otras palabras, el financiamiento para construir centros de desarrollo infantil destinados al segmento etario con el mayor índice de pobreza del país planteó una puja de intereses en el Gobierno. En este caso, ganó la motosierra.

Según surge de dos bases de datos oficiales, el Mapa de Inversiones Públicas y el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BAPIN), el Gobierno dejó de financiar la construcción de 187 centros de desarrollo infantil. 119 de ellos tenían fecha de finalización en 2023 y a 64 le faltan menos de la mitad para estar terminados.

El Mapa de Inversiones Públicas contiene el detalle de avance físico y ejecución financiera de cada obra en el país. Por su parte, el BAPIN es el sistema de información donde los organismos públicos registran todos los proyectos que reciben inversión pública. A través de dos pedidos de acceso a la información pública, LA NACION conoció cuáles son los “bapines” o proyectos en el BAPIN a los que el Gobierno les giró fondos en 2023 y cuáles en 2024, actualizado hasta el 18 de abril. De esta manera, se obtuvo el dato que demuestra las obras incompletas durante la gestión de Alberto Fernández y el recorte de Javier Milei.

La interrupción del financiamiento para la construcción de centros de desarrollo infantil contrasta con lo que esgrimió el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando defendió la hoja de ruta del ajuste diseñada por el Gobierno: “Hay que darle prioridad a los más chicos porque son el futuro”.

Los centros de desarrollo infantil brindan asistencia nutricional, estimulación psicomotriz, prevención y promoción de salud y capacitaciones a familiares con el objetivo de proteger a niños de entre 45 días y cuatro años que viven en localidades vulnerables del país. Todos ellos forman parte del segmento etario, los menores de cinco años, en el que la pobreza alcanza al 58%, según la última medición del Indec.

Una fuente de la Secretaría de Obras Públicas le dijo a LA NACION que desconoce por qué la construcción de 119 centros no se terminó en el tiempo previsto.

A su vez, LA NACION contactó a fuentes del exministerio de Obras Públicas que indicaron que “no necesariamente” una obra debe concluir en el año estimado para su finalización porque “intervienen infinidad de factores que pueden conspirar contra esa planificación”. En ese sentido, argumentaron que la inflación, actualización de precios y faltantes de materiales habrían dificultado el cumplimiento de los plazos originales de entrega de obra.

Además, la fuente de la actual gestión en Obras Públicas adelantó que el Gobierno negocia con las provincias y municipios para que ellos inviertan sus propios recursos en la finalización de la construcción. Pese a la insistencia, no pudo detallar el motivo por el que el Ejecutivo busca dicho cambio en el esquema de financiación de las obras.

La discusión sobre los saldos pendientes no reviste un monto exorbitante para el Estado. Al sumar el dinero que todavía no se pagó para llegar al 100% de ejecución financiera de los 187 centros de desarrollo infantil inconclusos, se observa que al Gobierno le faltan abonar $8.663.459.162,55. Esta cifra parece abultada pero representa a apenas el 0,01% de los recursos de la Administración Nacional estimados para este año, según consigna Presupuesto Abierto. Un gasto que ha tenido una ejecución similar es el correspondiente a “Inteligencia e Información”, a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuyas erogaciones hasta el 6 de mayo alcanzaron $9.280 millones.

El financiamiento de la construcción de los centros de desarrollo infantil depende de Obras Públicas, antes Ministerio, hoy Secretaría. Las provincias o municipios ceden los terrenos y el por entonces Ministerio de Desarrollo Social, devenido en Ministerio de Capital Humano, se encarga de la capacitación y asistencia de todos los profesionales que presten servicio en dichos centros, así como de su equipamiento. De hecho, la cartera dirigida por Sandra Pettovello presentó una denuncia por posible defraudación al Estado basada en una auditoria interna a subsidios que recibieron centros de desarrollo infantil que ya estaban en funcionamiento.

La construcción de 500 centros de desarrollo infantil fue una propuesta de la gestión de Alberto Fernández. En consecuencia, la cartera que dirigía Katopodis, Obras Públicas, afrontó el financiamiento. A propósito de la ejecución de fondos, una fuente vinculada al exministro explicó que se giraban a las provincias o municipios en la medida que estos le entregaban certificados de obra. Esto significa que la provincia o municipio donde se construyera el centro de desarrollo infantil debía acreditar que la obra avanzaba para reclamar más fondos, y que estos sirvieran para garantizar la continuidad y finalización del proyecto.

Esta dinámica ayuda a entender, en parte, por qué siete obras tienen 0% de avance físico a pesar de haber recibido dinero y de que debieron haber terminado en 2023, según los registros oficiales. Seis de ellas recibieron el 15% de los fondos previstos para la totalidad de la obra (cuatro en Chaco, una en Córdoba y una en Jujuy) y la restante, ubicada en Chaco, absorbió el 30% de su financiamiento. Precisamente, Gran Resistencia es el conglomerado urbano con el índice de pobreza más alto: 65,2%.

LA NACION consultó a fuentes que estuvieron vinculadas a la gestión de Jorge Capitanich, quien fue gobernador de Chaco hasta diciembre del año pasado. Remitieron documentación que acreditaría que dichas obras tienen un grado de avance superior al 0% que oscila entre el 20% y el 90%. Explicaron que “este error” podría deberse a demoras en la aprobación de los certificados de obra por parte de los técnicos del gobierno nacional. Incluso, argumentaron que “desde septiembre”, es decir después de las elecciones PASO del 2023, “se ralentizaron las obras por falta de financiamiento nacional y eso hizo que se frene la ejecución de obras”.

La construcción de los centros de desarrollo infantil no son obras civiles complejas. Incluso, en la mayoría de los casos los tiempos de duración de cada construcción se estimó en solo un año. La descripción de obra de uno de estos espacios ubicado en Colón, Entre Ríos, contiene un patio en un solo nivel, tres baños, cocina, depósito, puerta de ingreso para proveedores y personal, cuatro salas y un comedor.

Esta aparente sencillez también encuentra su correlato en la cantidad de dinero que demanda su realización, que no es demasiado cuantiosa. Si el Gobierno hubiera pagado la totalidad de los 187 centros de desarrollos infantiles en cuestión, su gasto hubiera ascendido a unos $14.118.298.753. Considerando que ejecutó $8.663.459.162,55, al Estado nacional le faltó abonar el 61,3% de los presupuestos licitados.

Según los registros oficiales, la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que acumula la mayor cantidad de centros de desarrollo infantil inconclusos. En total, son 46. Le sigue Córdoba, con 24 y el tercer lugar de las más perjudicadas lo comparten Entre Ríos y Misiones. Ambas tienen sin completar 13 proyectos de estas características.

La denuncia del Ministerio de Capital Humano

En marzo, Pettovello presentó una denuncia judicial por presunta defraudación al Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público contra todas las personas “con responsabilidad legal y funcional” que hayan integrado la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia entre 2018 y 2023. Según el documento presentado a la Justicia, al que LA NACION tuvo acceso, la actual administración señaló un posible desvío sobre el uso de subsidios que el exMinisterio de Desarrollo Social había girado a al menos 10 centros de desarrollo infantil en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

Desde el Ministerio de Capital Humano explicaron a LA NACION que una auditoría interna habría detectado “subsidios sin rendición de cuentas”. Esos fondos debían utilizarse para adquisición de cunas y elementos para la seguridad de los centros de desarrollo infantil, entre otros fines. El texto de la denuncia no especifica cuánto dinero del recibido por los centros habría quedado sin rendición de cuentas.

LA NACION consultó al equipo de prensa de la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sobre lo denunciado por la administración de La Libertad Avanza pero, tras varios intentos, no obtuvo respuesta.

Fuente La Nacion