El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Goyena ha abierto diligencias por revelación de secretos a partir de la querella que presentó el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, en un auto en el que requiere a este organismo para que identifique al «máximo responsable« que autorizó difundir la nota de prensa origen del asunto. Le da un plazo de 15 días hábiles para responder.
En una resolución notificada este jueves, empieza así formalmente la instrucción de este caso que gira en torno a la nota de prensa con la que la Fiscalía Provincial de Madrid salió al paso de unas informaciones que situaban a Salto ofreciendo un pacto al abogado de González Amador frente a la denuncia por dos delitos fiscales que acababa de presentar en su contra. El comunicado contenía una relación cronológica de las diligencias sobre esos ilícitos y citas textuales de los emails intercambiados entre el letrado y el responsable del Ministerio Público. Este hecho, sumado a que la prensa reveló la existencia de esa denuncia antes de que el empresario fuese notificado, le llevó a querellarse contra la Fiscalía.
Una vez admitida a trámite en el TSJ, el instructor dicta un auto que, entre otras medidas, dirige un requerimiento de información a la Fiscalía Provincial de Madrid para que «indique quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido».
Pide además que se le indique «quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que procedieron a la redacción de dicho comunicado de prensa» y reclama una relación y copia «del soporte original de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal (emails recibidos y enviados) con el abogado de D. Alberto González Amador con ocasión de la defensa del mismo antes y después de hacerse público el comunicado». También tendrá que aportarlas el propio letrado.
Quién tuvo acceso a los correos y qué se ha hecho al respecto
En la misma línea, requiere a la Fiscalía Provincial para que especifique «a qué personas, miembros del Ministerio Fiscal o no, se ha dado acceso y/o han dispuesto de copia del soporte de las comunicaciones mantenidas (emails recibidos y enviados) con el abogado» del empresario «antes y después» de esa nota y que remita todas las instrucciones que hayan sido aprobadas y dirigidas a los fiscales y a la plantilla de funcionarios para «impedir que queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizado documentos y soportes qué contengan datos personales».
El requerimiento incluye además información sobre las actuaciones que hubiera desarrollado la Fiscalía como consecuencia de «la violación de seguridad consistente en la distribución pública» de los datos personales de González Amador, tato en los emails, como en la denuncia que interpuso Salto contra él. También solicita información sobre si el Ministerio Público ha puesto los hechos en conocimiento de la Autoridad de control de Datos, si ha informado al propio afectado o si se ha dirigido a los medios de comunicación «para que cesen en el tratamiento no permitido de dichos datos personales».
Las acusaciones, citadas a ratificar
Esta es sólo una parte de las diligencias que acuerda el magistrado para empezar a investigar. La resolución, que cita al propio González Amador y al Colegio de la Abogacía el próximo 24 de mayo para que ratifiquen sus respectivas querellas en calidad de acusación particular y popular, quiere asimismo «validar» las noticias de prensa que ambos recogían en sus respectivas iniciativas, «con identificación del periodista o autor de la reseña» en cuestión y requiere para ello a una decena de medios de comunicación.
Se ordena asimismo notificar a Rodríguez y a Salto de las actuaciones, como al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que va a llevar el asunto, después de que la responsable en Madrid se apartase por el choque de criterio que mantuvo con la Fiscalía General del Estado: ella sostenía que se debía investigar pero la Junta de Fiscales estuvo de acuerdo con la número 2 de Álvaro García Ortiz en que la posición debía ser contra la admisión a trámite.
Él, por su parte, se había abstenido porque tuvo conocimiento de cuanto giró en torno a este asunto. En una comparecencia pública el pasado 15 de abril pronunció un alegato en defensa de los fiscales señalados durante el que se dijo «responsable último» de las decisiones adoptadas.
«La incoación de las presentes diligencias previas tiene como objeto, prima facie, ‘analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales, entre las que se comprenden las pre-procesales a cargo del Ministerio Fiscal’, así como ‘si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información que asiste al Ministerio Público al tratarse de unas diligencias penales y por lo tanto reservadas, y asimismo en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionalmente reconocidos al querellante’, dice la resolución, en línea con la posición de admisión a trámite que mantuvo el TSJ.
Fuente ABC
