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Una cámara empresaria pidió cambios en la reforma laboral incluida en la Ley Bases para “evitar la litigiosidad en todo aspecto” y avanzar en la modernización de las normas del trabajo.
Se trata de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cual se había presentado como “amicus curiae” ante la Corte Suprema en apoyo del capítulo laboral incluido en el DNU 70/2023 en lo relativo al derecho individual al trabajo.
“Contratar empleados es clave para el crecimiento y genera beneficios en toda la sociedad. Pero es imperioso que, a la par de que se contemplen los derechos adquiridos del trabajador, se faciliten las contrataciones que promueven el incremento del empleo genuino“, destacó el secretario general de la entidad pyme, Ricardo Diab.
La CAME es la primera cámara empresaria en plantear dudas sobre las implicancias que puede tener la reforma laboral planteada en la Ley Bases. La amplia mayoría de las cámaras empresarias apoyaron la reforma laboral ya que consideraban, respecto de las modificaciones incluidas en el DNU, que reducirían la “industria del juicio”.
Aumento de la litigiosidad
“Es un gran acierto la derogación de las leyes y artículos de leyes que son responsables de la litigiosidad laboral en nuestro país. Esto generará un gran alivio para el sector pyme, ya que, ante un reclamo por sumas exorbitantes por la aplicación de multas, podría darse el cierre de una empresa”, dijo el presidente de la entidad, Alfredo González y agregó: “Contratar a un empleado tiene que suponer un estímulo para una empresa y no un riesgo, como es hoy. Actualmente es muy difícil porque no tenemos equilibrio judicial, y el despido genera un problema para la empresa”.
Sin embargo, pidió que se contemple consideraciones respecto de lo que plantea la Ley sobre las indemnizaciones.
El proyecto establece la posibilidad de crear un fondo de cese para cubrir los gastos de una potencial indemnización. El artículo menciona que los empleadores podrán “optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista o la suma que libremente se pacte entre las partes”.
“Esta alternativa sería de muy difícil implementación y podría atentar contra la viabilidad del fondo de cese y para la salud del sistema laboral es imperioso evitar la litigiosidad en todo aspecto”, agregaron desde CAME.
Además, contempla la creación de la figura del colaborador para que una persona pueda “contratar” hasta 5 trabajadores.
Principio de primacía de la realidad
“Si el objetivo de la norma es generar más empleo registrado ¿no hay acaso una posible litigiosidad laboral por el ‘Principio de la Primacía de la Realidad’ en el artículo que refiere a los trabajadores independientes con colaboradores? ¿no genera esa situación una competencia desigual entre empresas?, ¿no genera la figura descripta en ese artículo una relación de prestación de servicios más que de empleo registrado?”, cuestionaron desde CAME.
Al respecto, el abogado laboralista investigador de Fundar, Juan Manuel Ottaviano, aclaró en una entrevista radial que la norma deja cosas sin definir por lo que los jueces van a tener que definir la penalidad en varias ocasiones y en particular sobre las PyMEs agrega: “Lo lógico sería otorgar previsibilidad”.
“El principio de realidad dice que el juez tiene que decidir en función de la realidad del contrato, más allá de lo que la ley diga, o el contrato diga que no es una relación de dependencia. Si la realidad es la de un trabajo asalariado, corresponden las sanciones por trabajo no registrado. Eso puede generar imprevisibilidad en una situación donde puede haber un incremento de la litigiosidad cuando lo que se busca es reducirla”, agregó el especialista.
Por último, la CAME subrayó que el funcionamiento de estas empresas tiene un elemento central en las relaciones laborales, lo que vuelve imperioso avanzar en una modernización de las mismas y “esclarecer los puntos no resueltos” para implementar la reforma.
Fuente El Cronista
