El ancla fiscal se mueve pero aún no se suelta. En abril se redujo considerablemente el resultado financiero, no obstante, se mantuvo superavitario por cuarto mes consecutivo. Así, el Gobierno se hizo de un colchón de $1,15 billones, 0,2% del PBI, fundamental para los meses venideros. Los gastos con ajuste automático, como las jubilaciones, comenzarán a subir y así también los discrecionales. El compromiso de recomponer a las universidades y frenar el aumento en las tarifas de energía son una señal. El interrogante es hasta qué punto, y la respuesta está en la evolución del mercado interno.
La herencia recibida con múltiples desequilibrios, tanto coyunturales como estructurales, no daba lugar a proyectar un próspero 2024. Sin financiamiento disponible, reducir el déficit fiscal era el único camino. Sin dólares, la devaluación también. La discusión siempre estuvo en el cómo y sobre quién principalmente recaerían los costos. El Gobierno eligió un camino que, más allá de su sostenibilidad, pone en jaque a gran parte del entramado productivo de la Argentina. Veamos.
Para empezar, el actual éxito en los indicadores fiscales también tiene como consecuencia el desplome del nivel de actividad y el empeoramiento en los indicadores sociales. Por caso, en el sector formal, donde los trabajadores tienen más protección, los salarios registrados perdieron 15% de su poder adquisitivo entre marzo y diciembre. Al mismo tiempo, los puestos de trabajo se reducen mes a mes, según las estadísticas del Ministerio de Capital Humano. Por último, la caída del gasto social y el salto en los precios de alimentos y bebidas generaron un aumento de la pobreza.
En consecuencia, las empresas vieron súbitamente disminuir sus ventas y adaptaron su nivel de producción a la nueva realidad del mercado interno. En marzo, la producción industrial manufacturera se redujo un quinto respecto a un año atrás. Y el uso de la capacidad instalada de la industria fue apenas del 53%, perforando el 40% en la industria textil y en la metalmecánica no automotriz.
Menos producción y menos ventas también disminuyen las compras al exterior. Cayó un cuarto la demanda de importaciones durante el primer trimestre respecto al año pasado, facilitando la recomposición de las reservas internacionales brutas. Un efecto que se amplificó mediante la implementación de los BOPREALES. Como ya se observó en otros períodos de nuestra historia, la recesión es un instrumento que ayuda a restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares. El problema es que trae aparejados costos muy altos para empresas y familias. Por eso, un esquema de tipo de cambio fijo y apreciado es siempre comprarse problemas a futuro.
Ahora bien, el camino que eligió el equipo económico para ir hacia el necesario equilibrio cambiario y financiero, como vimos, profundizó el deterioro social. Pasados cinco meses, el desafío es cómo va a reanimar el mercado interno sin poner en jaque a su programa económico. En esa línea es que todos los cañones del oficialismo apuntan a dinamizar la inversión privada para compensar la caída de la demanda por la merma en el gasto público y el consumo.
Recientemente, el presidente, en una conferencia, abiertamente le pidió a los empresarios que inviertan. Pero el boom de la inversión puede tardar en llegar. Como ejemplo, durante otro gobierno pro-mercado como fue la presidencia de Mauricio Macri, la inversión, al igual que el PBI, sólo creció en 2017 y de todas formas el nivel que alcanzó estuvo por debajo respecto al del 2011. Es que, más allá de en algunos sectores en particular, principalmente relacionados con productos de exportación, disociar el devenir del mercado interno de la inversión no es posible. Tampoco hacerlo respecto a la estabilidad macroeconómica, una meta que aún no se alcanzó y va a llevar tiempo. En la macro, la magia no existe.
En ese marco, el Gobierno busca compensar a las empresas con un nuevo marco normativo. Alentar la oferta, ergo la inversión, reduciendo los costos laborales e impositivos. El problema es que omite herramientas para dinamizar la demanda interna, a la cual se dedican a proveer principalmente las empresas argentinas. Ambos objetivos pueden alcanzarse simultáneamente. Un claro ejemplo es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual puede tener un mayor impacto si incorpora, entre otros, mecanismos para garantizar el desarrollo de proveedores locales y la transferencia de tecnología. Una decisión que transformaría positivamente la realidad productiva de muchas regiones de nuestro país.
Para evitar estar en unos años discutiendo la marcha atrás de muchas de las leyes que quiere sancionar el nuevo gobierno, es válido tener presente que si el mercado interno no se recompone, tampoco lo hará el equilibrio social y, sin el mismo, es imposible favorecer el desarrollo del sector privado.
Fuente El Cronista