El megaproyecto de la Ciudad de la Justicia madrileña ha recibido el respaldo de las principales empresas constructoras, que se han presentado al concurso de proyecto y construcción y aspiran ahora a resultar elegidas. No en vano, es una enorme obra civil que supone casi 700 millones de euros de inversión, que financiarán íntegramente los presupuestos regionales. El concurso se adjudicará antes del verano, y está dividido en dos lotes. El consejero de Justicia, Miguel Ángel García, quiere tener las máquinas trabajando en Valdebebas en el primer semestre de 2025.
Primero lo intentó Esperanza Aguirre, en 2005, pero la crisis se llevó por delante esa intervención que quería contar con los mejores arquitectos del mundo. Lo retomó en 2014 Ignacio González, pero con un cambio del modo de gestión. Llegó a adjudicarlo, pero su sucesora, Cristina Cifuentes, anuló la adjudicación tras conocer los demoledores informes de la Cámara de Cuentas, y llevó a la Fiscalía General de Estado una denuncia por posibles irregularidades.
Isabel Díaz Ayuso volvió a intentarlo, proponiendo una concesión a una empresa que se encargara de construirlo, explotarlo y mantenerlo durante 40 años a cambio de un canon millonario. Convocó el concurso pero quedó desierto; rebajó algunas condiciones para ajustarlo más a los intereses de las empresas pero aún así, volvió a quedar desierto. Así que optó por un cambio de modelo.
Y se volvió a lo clásico: un concurso, en esta ocasión, de proyecto y construcción de la Ciudad de la Justicia. El Gobierno regional prevé invertir hasta 683 millones en el periodo 2024-2028 en este proyecto, que concentrará todas las sedes judiciales madrileñas en una parcela en Valdebebas. Está previsto construir 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante, en un solar con una superficie de 132.000 m2, lo que supone un aumento del 61 por ciento de superficie respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en estos momentos.
Además, se crearán zonas de reserva con un espacio adicional del 28 por ciento sobre el total para absorber el crecimiento de la planta judicial durante, aproximadamente, los próximos 40 años.
13 empresas
distintas, organizadas en cinco UTEs, se presentan para la primera fase de este concurso de la Ciudad de la Justicia, y cuatro de ellas repiten para la segunda fase.
470.000 metros cuadrados
van a ocupar los edificios que reúnan a todas las sedes judiciales ahora desperdigadas por Madrid.
683 millones de euros
e invertirán en la construcción, que arranará el primer semestre de 2025.
Todos los grandes nombres de la construcción participan en este concurso: para el primer lote, por 202 millones de euros y que construirá 154.000 metros cuadrados de superficie –con edificios para el Tribunal Superior de Justicia, las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial, y parkings públicos y privados– se han presentado 13 empresas, agrupadas en cinco uniones temporales de empresas (UTE): la formada por OHLA, Azvi y Rover; la que compomen Ortiz, Lantania y Vias y Construcciones; la de Constructora San José yAvintia; la que forman Dragados y Acciona Construcción; y la que han hecho Ferrovial, Sacyr y FCC.
Para el segundo lote, que supondrá una inversión de 476 millones de euros y la construcción de 310.000 metros cuadrados, repiten las mismas UTEs, salvo la segunda. La adjudicación se hará antes del verano y las obras comenzarán en el primer semestre de 2025.
Los pliegos del concurso permiten que una misma UTE se lleve los dos lotes del proyecto, aunque eso dependerá de las ofertas que presenten y lo decidirá la mesa de contratación, aclaró Miguel Ángel García. Se va a cuidar también la calidad arquitectónica del proyecto, como habían reclamado desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. «Es algo que ya le dijimos al COAM con carácter previo a la licitación: que queríamos que la Ciudad de la Justicia fuera un icono de la arquitectura en la región», aclaró el consejero de Justicia.
Fuente ABC
