Argentina
España
USA
Israel
Por Federico Martelli
En el marco de la nueva “Ley Bases” está en debate el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que busca generar las condiciones de protección y estabilidad para atraer inversiones principalmente en el sector energético y minero.
La sola necesidad de debatir el RIGI deja a las claras lo mal que hemos manejado los asuntos inherentes a la seguridad jurídica y las variables que condicionan o determinan grandes inversiones. Las condiciones para importar y exportar, la carga tributaria, el valor del tipo de cambio y el acceso a divisas entre otros, son elementos determinantes para evaluar la viabilidad de un proyecto, el acceso al financiamiento, la amortización y el cálculo de plazos.
Sin dudas el RIGI es necesario para el avance de inversiones que están a la expectativa de la sanción de un régimen que garantice estabilidad en el mediano plazo. La planta de GNL, inversiones en Palermo Aike, Vaca Muerta y la posibilidad de hidrocarburos en el mar argentino junto con grandes proyectos mineros podrían ponerse en marcha y generar importantes beneficios para el país.
Sin embargo no todo lo que brilla es oro. La versión del RIGI que se está debatiendo tiene serios déficits que reducen drásticamente esos beneficios y que generan condiciones de competencia desleal con los empresarios nacionales que creyeron e invirtieron en el país.
El RIGI permite importar sin aranceles maquinarias e insumos, incluso usados, aun si se producen en el país. Esto genera la paradoja de que una pyme nacional que fabrica una máquina o un componente que lleva insumos importados tiene que pagar los aranceles de importación e impuestos para poder fabricarla y luego ofertar en el mercado; mientras que una compañía adherida al RIGI puede traer esa misma máquina o insumo desde cualquier lugar del mundo sin pagar esos aranceles e impuestos.
También se destaca el tema del impuesto a las ganancias. Mientras el Gobierno batalla contra viento y marea para reimponer ganancias a un obrero que gana u$s1500 y pone a la AFIP a perseguir a empresarios pymes que ven derrumbarse sus ventas, el RIGI baja impuesto a las ganancias del 35 al 25% y les da amortización acelerada, retenciones cero a las exportaciones y requisitos de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) de sólo 80% en el primer año, 60% en el segundo y cero a partir del tercero.
Resulta paradójico que los mismos bloques políticos y legislativos que impulsan la aprobación del RIGI con el argumento de la necesidad de darle previsibilidad, seguridad jurídica y derechos a quienes invierten en el país sean los mismos que intentaron introducir en la Ley Bases una modificación a la Ley 27640 de Biocombustibles cambios que rompían la seguridad jurídica, violaban los derechos adquiridos y condenaban a la quiebra a las pymes elaboradoras de biodiesel.
Las pymes elaboradoras de biocombustibles, nacidas bajo un régimen de promoción sancionado en el año 2006 con el objetivo de alargar la cadena de valor de la soja y elevar los volúmenes de producción de combustibles líquidos, son un claro ejemplo de que en la Argentina tenemos un sector privado dispuesto a invertir, a generar valor, empleo y desarrollo regional.
Pero también son un ejemplo de las dificultades innecesarias que atraviesan al ser sometidas al estrés de un sistema que cambia constantemente las reglas de juego. Durante el gobierno de Alberto Fernández se aprobó la ley 27.640 que dio continuidad a la anterior 26.093, pero en ella se bajó de 10% a 5% el corte obligatorio de biodiesel, que un año más tarde, en 2022 fue subido por decreto al 7,5%. A la vez, en el marco de la guerra contra la inflación” se mantuvo el precio de comercialización por debajo de los costos de producción, por lo que los volúmenes de fabricación cayeron significativamente.
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia y el impulso a la “Ley Bases” se pretendió dinamitar el marco regulatorio y exponer a las pymes a competir contra las grandes aceiteras. Se pretendía que las pymes, que por ley tenían un límite en el volumen de fabricación potencial a la hora de ser construidas (50 mil TN anuales) compitieran contra las aceiteras que tienen plantas hasta 12 veces más grandes, son proveedoras y fijan precio de la materia prima (aceite de soja), no pagan fletes (tienen el aceite en sus propias plantas) y disponen de condiciones de financiamiento a las que las pymes no acceden.
Con la caída de la Ley Bases original y el compromiso del Poder Ejecutivo de no volver a intentar una modificación de la 27.640 el sector pareció retomar la tranquilidad y pudo concentrarse en hacer lo que los empresarios saben hacer: producir. Sin embargo aún persisten algunas nubes de tormentas, ya que Santa Fe y Córdoba buscan romper el régimen actual para obtener pequeñas ventajas para sus provincias en detrimento de las pymes de Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y San Luis.
Si el Gobierno, o cualquier gobierno, pretende dar señales pro mercado que atraigan inversiones para dinamizar la economía, generar valor y empleo, debe hacerlo en simultáneo hacia afuera y hacia adentro. Los empresarios nacionales son parte indispensable del entramado productivo en los vectores más competitivos de la economía y no corresponde un trato desigual que desincentiva inversiones y los pone en el lugar de actores de segunda.
Fuente El Cronista
