Junta aplicará cuatro auditorías internas a la contratación de emergencia del SAS>

El control financiero permanente se traduce en afrontar cuatro modalidades de auditorías: de cumplimiento, financiera, operativa y de programas, según detalla el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía. La alternativa al control financiero permanente es el control previo, que se ejecuta mediante la fiscalización previa, los informes previos de las modificaciones presupuestarias y la comprobación material del gasto.

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el Acuerdo de Consejo de Gobierno dice sobre su entrada en vigor que «las medidas surtirán sus efectos de forma indefinida desde la fecha de su adopción por el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

La tramitación de emergencia, que el Estado propició bajo el paraguas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para afrontar las necesidades ocasionadas por la pandemia de coronavirus, tuvo un peso del 77,63% en 2021 y de un 30,76% en 2022 en el gasto de contratación del SAS, según la Memoria de Contratación.

Ese mismo informe muestra la relevancia del Servicio Andaluz de Salud en el gasto total de la Administración autonómica. En ese 2022 «formalizó el mayor número de contratos y comprometió el mayor gasto». Fueron 71.959 contratos y comprometió 2.661,14 millones. La Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía describe el control financiero como «un control posterior» para comprobar que el funcionamiento de un organismo público, en el aspecto económico-financiero, «se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera«.

De los cuatro procedimientos que integran el control financiero permanente, la auditoría de cumplimiento verifica que los actos, operaciones y procedimientos de gestión han sido conforme a las normas, disposiciones y directrices de aplicación. La auditoría financiera evalúa que «la contabilidad y las cuentas anuales, estados y demás informes de gestión expresan fielmente la situación patrimonial y el resultado de la gestión de acuerdo a normas y principios contables de aplicación».

En el caso de la auditoría operativa comprobará que «los procedimientos aplicados aseguran de manera razonable el cumplimiento de la normativa aplicable y la consecución de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos». La auditoría de programas es verificar que «los sistemas y procedimientos de seguimiento de objetivos aseguran una adecuada calidad en los informes sobre consecución de objetivos, así como del cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto«.

Control financiero

La Ley de Hacienda Pública de Andalucía establece el control financiero permanente para las agencias de régimen especial (Servicio Andaluz de Empleo), agencias públicas empresariales (TRADE o RTVA), las sociedades mercantiles del sector público andaluz (Cetursa Sierra Nevada), los consorcios y otras entidades, así como las personas beneficiarias de subvenciones, los ingresos del Presupuesto, además de los órganos, servicios o gastos de las Consejerías y agencias administrativas cuando así se establezca por el Consejo de Gobierno, que es el último supuesto donde se enmarca establecer la contratación de urgencia del SAS a control financiero permanente.

La contratación de emergencia ha sido objeto de una gran controversia política por las críticas del PSOE hacia el Gobierno andaluz, plasmadas en reclamar la creación de una comisión de investigación al respecto en el Parlamento de Andalucía sobre la contratación del SAS y agencias públicas empresariales entre 2020 y 2023, desechada por la mayoría absoluta del PP.

El acuerdo de Consejo de Gobierno incluye también para el control financiero permanente de todas las consejerías y agencias administrativas los gastos de indemnizaciones por razón del servicio que se establecen en el Decreto 54/1989, como son los casos de desplazamientos, comisiones de servicio, traslados de residencia o asistencia a tribunales de oposiciones.

De igual forma se contempla las indemnizaciones por gastos de vivienda y alojamiento de los altos cargos, que se regulan en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2000, así como los expedientes de gasto de la Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), que concede la Consejería de Inclusión Social. Hay otros 44 apartados que pasan a ser objeto de esa modalidad de control por la Intervención General de la Junta.