Por Ignacio Ortelli
Es un negocio creado hace cuatro décadas que ningún Presidente pudo terminar.
La preocupación de La Cámpora y los vínculos de un directivo de ACARA con el juez Lijo y Daniel Angelici.
Los fondos del Ente Cooperador ACARA, una millonaria caja vinculada al Ministerio de Justicia, son usados sin control porque están por fuera del Presupuesto Nacional y tampoco pueden ser monitoreados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya en 2014 planteó los problemas que tenía para supervisar esos gastos. Casualidad ó no, salvo un puñado de políticos se hizo eco del tema.
Y no distingue colores partidarios. El economista Nicolás Gadano recordó en una nota en la revista Seúl que en 2001, desempeñándose como subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía, los problemas que afrontó con su equipo cuando intentaron desarmar con un DNU el esquema de los entes cooperadores e incluir esos fondos dentro de la Ley de Administración Financiera. Lo boicotearon funcionarios de la Alianza que cobraban “sobresueldos” bajo la figura de “incentivos”.
A su regreso a la función pública, como funcionario de Nicolás Dujovne, el sistema ya era mucho más robusto. “Las urgencias macroeconómicas fueron postergando el proyecto de reforma (cuándo no) y la derrota electoral terminó por sepultarlo”, escribió.
Al parecer, increíblemente, los gremios estatales fueron los primeros en objetar que se desmontara un sistema de contratación irregular que les quita, además, buena parte de sus afiliados directos.
También hubo preocupación en sectores del peronismo. En especial de La Cámpora, que había dejado una tropa importante contratada: allí apuntan a la gestión que sobre el ente hizo Gastón Boido, un dirigente de Mercedes, cercano a Eduardo “Wado” de Pedro, que hoy trabaja como secretario de Finanzas de Lanús, convocado por el intendente Julián Alvarez, ex secretario de Justicia de la Nación.
Del lado de ACARA, como reveló Clarín la semana pasada, los vínculos también trascienden el rubro automotriz. En los últimos años, ganó mucho impulso en la comisión directiva de la entidad Horacio Jack, dueño del Grupo Jack. Es, de la entidad, quien más conexiones tiene con la política. Cercano al ex presidente de Boca y hombre influyente en sectores judiciales, Daniel Angelici, el año pasado Jack fue distinguido en el Senado por impulso de la senadora Guadalupe Tagliaferri, cercana a Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.
La senadora Guadalupe Tagliaferri promovió la distinción a Horacio Jack, integrante de ACARA
¿El motivo del galardón? Según la web del Senado, donde se pueden ver las fotos de la ceremonia, se cumplía el 40° aniversario de que su padre, de nombre homónimo, abriera la agencia de automotores multimarca “Bs As Cars”.
En la actualidad, como se señaló al hacerle esa distinción, Jack cuenta con 18 concesionarias de automóviles. La inauguración de L’Expres, su última adquisición, sobre la Avenida Córdoba al 3000, dejó en noviembre postales publicadas en distintos portales que demuestran la versatilidad de sus vínculos: hubo fotos con deportistas como Ariel Ortega, Jorge Burruchaga, Diego Milito y el arquero Sebastián Sosa, famosos como Alejandro Gravier, Verónica Ojeda y Karina Mazzoco. También se dejaron ver políticos como Cristian Ritondo y hasta el juez federal y candidato a la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo.
Un dato que nada tiene que ver con ACARA, pero que puede dar cuenta de la pericia de Jack para ocupar el cargo de Revisor de Cuentas de la entidad: después de aquel pomposo evento, la concesionaria volvió a ser noticia, aunque ya no por tanto glamour. Fue allanada por la Justicia en el marco de la investigación por la causa Generación Zoe.
Jorge Burruchaga, Diego Milito y Alejandro Gravier, junto a Horacio Jack, integrante de ACARA
A la Justicia cordobesa le llamó la atención un informe de la Unidad de Información Financiera (UFI) que marcaba transferencias millonarias presuntamente enviadas desde la firma de Leonardo Cositorto, que desde 2023 también es investigado por estafas y lavado de dinero por el juez Lijo.
Fuente Clarin
