El presidente de Aragón, Jorge Azcón (Zaragoza, 1973), está perplejo ante el recurso presentado por el Gobierno contra la decisión de las Cortes de Aragón de derogar la Ley de memoria que impulsó el socialista Javier Lambán.
—Lo entiendo como un ataque a la autonomía de la comunidad autónoma de Aragón. Es incomprensible que una votación democrática en un Parlamento democrático como el de Aragón no se vaya a respetar por parte del Gobierno de España. La única explicación, es evidente, es que estamos ante un acto electoral.
—Estamos en campaña de las elecciones europeas…
—Estamos acostumbrados. Cada vez que el PSOE va a perder unas elecciones saca el asunto de Franco.
—¿Está el Gobierno entrando en las competencias de un parlamento elegido democráticamente?
—La derogación de la ley de Memoria histórica es una competencia democrática del parlamento aragonés, que deja sin efecto una ley anterior. Otra cuestión distinta es que otras leyes vigentes, como la nacional o internacionales, sigan vigentes. ¿Cómo puede ser que haya comunidades autónomas sin ley de memoria y en Aragón nos impongan una ley?
—Hay cinco comunidades sin leyes de memoria.
—Eso es. Ahora mismo en Aragón no hay ley de memoria, igual que en Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid o Murcia. La situación, ¿cuál es?: que en Aragón no tenemos ley de memoria. ¿Por qué los aragoneses tenemos que ir al Constitucional por no tener una ley de memoria y los castellanomanchegos pueden vivir sin ella?
—Usted ya ha dicho que su intención es sustituir la ley de memoria de Lambán por una ley de Concordia…
—Yo estoy hablando de un plan de concordia: un plan de todos y para todos. Que ponga en valor los valores de la Transición, los valores de la Constitución española. El verdadero problema que tiene este país es que no valoramos el mayor logro de nuestra historia reciente: el haber sido capaces de ponernos de acuerdo. El Gobierno quiere levantar muros y nosotros queremos recuperar la concordia.
—¿Qué plazos maneja?
—La idea es aprobarlo antes de las vacaciones de verano.
—¿En qué consiste?
—En que el Gobierno de Aragón impulse actividades para que la concordia pueda ser un valor de la sociedad aragonesa.
—¿Qué piensan hacer para frenar este recurso?
—Defendernos.
—¿Cómo?
—Es evidente que nos defenderemos en el Tribunal Constitucional y quiero confiar en que la racionalidad y el sentido común se impongan. Ningún jurista que tiene un mínimo sentido común no entiende que un Parlamento no pueda derogar una ley.
Fuente ABC
