Tras la polémica surgida por el intento de fichaje del ex gerente del SAS por la empresa aseguradora Asisa, la Junta de Andalucía ha acordado endurecer su normativa de incompatibilidades hasta configurar lo que según el Gobierno andaluz es «una de las leyes más restrictivas» a nivel nacional. Cualquier alto cargo que deje la administración autonómica tendrá que solicitar durante los dos años siguientes a su cese un informe a la Inspección General de Servicios que deberá determinar si ha participado directa o indirectamente en la toma de decisiones sobre un contrato o convenio con la empresa a la que se incorpore. Si esto ocurre, tendrá que renunciar. Y si no lo hace o no presenta la solicitud se expondrá a una sanción que puede suponer la devolución integra de todas sus retribuciones como cargo público.
La Junta, a través de la Consejería de Justicia y Función Pública reacciona así ante la «brecha en el sistema de control» detectada por el caso del intento de fichaje del ex gerente del SAS Miguel Ángel Guzmán por parte de la empresa aseguradora Asisa. La nueva normativa se hará por vía decreto ley lo que tendrá un doble efecto. Por un lado, entra en vigor de forma inmediata y evita que puedan surgir nuevos casos que reabran el debate sobre la falta de control. Por otro lado, afectará de lleno al ex viceconsejero de Salud que hasta diciembre de 2025, cuando hayan transcurrido dos años de su cese, deberá ajustarse a esta norma y solicitar, por tanto, un informe de incompatibilidad antes de incorporarse como directivo a cualquier empresa privada. De esta forma, la Junta de Andalucía se asegura que mantendrá el control sobre la futura incorporación al sector privado de la persona que ha abierto el debate sobre la situación de las incompatibilidades en Andalucía en un ámbito tan delicado como la sanidad.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, aclaró en primer lugar que el nuevo decreto ley que modifica la norma del año 2005, concreta los supuestos que generan una incompatibilidad. Así, cualquier ex alto cargo estará condicionado para fichar por una empresa privada si durante su ejercicio participó él, un superior o un subordinado en un informe, contratación o cualquier relación con la empresa, así como si participó en una votación que hubiera beneficiado a esa empresa. No será incompatible, sin embargo, el ejercicio de las funciones propias de alto cargo en una contratación o acuerdo con una empresa cuando proceda de una mesa de contratación conformada por funcionarios o responda exclusivamente al criterio de informes técnicos.
Será un informe preceptivo de la Inspección General el que determinará si se produce o no esta incompatibilidad en la contratación. Así, a partir de ahora, será obligatorio por el ex alto cargo pedir este informe de incompatibilidad y deberá aguardar a que se resuelva antes de firmar ningún contrato.
Si no se solicita el informe de autorización o no se respetan sus conclusiones, automáticamente se aplicará un régimen sancionador que establece la devolución de las retribuciones obtenidas en el ejercicio de su cargo público. Para la empresa que le haya contratado no se prevén sanciones en esta norma, pero sí se vería afectada automáticamente dado que se determinaría que hay una incompatibilidad que condicionaría su participación en procesos públicos tal y como establece la Ley de Contratos.
Este cambio normativo, en cualquier caso, es un primer decreto ley de un proceso que se prevé más amplio. «El objetivo es ir a una regulación completa, consensuada y general que regule las incompatibilidades de los altos cargos», explicó Nieto. En este sentido, será el acuerdo con los grupos políticos el que determine si posteriormente se tramitará como decreto ley o como proyecto de ley para conseguir que a lo largo de este año o el próximo pueda estar en vigor la nueva legislación completa.
Esta nueva legislación sí se pretende que incorpore otras cuestiones como la ampliación del periodo de cesantías que en estos momentos está fijada en un mes de sueldo por año trabajado con un máximo de cuatro meses. De esta forma, aunque la incompatibilidad se regula en dos años, la compensación a través del sistema de cesantías está establecida en un periodo de cuatro meses.
«Queremos que no se vuelva a relacionar a Andalucía con algo que tenga que ver con la corrupción», completó el consejero José Antonio Nieto, quien subrayó que se ha reaccionado con la máxima rapidez tras el caso del ex gerente del SAS y se ha apostado por una norma urgente a la espera de una tramitación completa de un nuevo proyecto de ley.
Fuente ABC
