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El entendimiento que firmaron esta madrugada las empresas de medicina privada con el Gobierno nacional contempla al compromiso de las prepagas de comenzar en julio a devolver en 12 cuotas los montos que fueron cobrados en el arranque del año por sobre la inflación, pero a la vez podrán retomar la libertad de actualizar sus cuotas dentro del rango de inflación.
Luego de más de 14 horas de negociaciones en la sede del juzgado federal en lo Comercial 3 a cargo de Juan Stinco, las partes firmaron un acuerdo del que formaron parte más de 35 empresas prestadoras y los representantes de la Secretaría de Comercio y de la Superintendencia de Servicios de Salud.
A comienzos de mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presionó a las empresas con la apertura de un canal de denuncias y les reclamó que retrotraigan los aumentos considerados por el Poder Ejecutivo como excesivos, luego de permitir la liberación de precios.
Las empresas, argumentando la necesidad de cubrir sus costos para mantener el nivel de las prestaciones, venían de concretar aumentos sucesivos de diciembre a abril con un acumulado del 137% promedio según el sector, en tanto que para el Gobierno esa cifra ascendía a más del 150%, lo que derivó en la intervención judicial.
Alcances del acuerdo
El documento firmado a la 1.30 de hoy resalta en primera instancia que las empresas de medicina prepaga acuerdan la devolución de los montos cobrados en exceso por encima del IPC de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2024 tomando para cada uno de los meses el IPC correspondiente al mes anterior.
De esta manera se calculará en cada mes la diferencia entre el porcentaje de incremento realizado y el que hubiera correspondido por el IPC del mes anterior. Al resultante de cada mes, se calculará el monto de diferencia ajustado por la tasa pasiva de Banco Nación.
El compromiso es comenzar a devolver los montos consolidados a partir de julio en 12 cuotas ajustables mensualmente con la misma tasa de referencia.
Por otro lado, las empresas aceptarán en iguales condiciones y sin penalizaciones a quienes hayan sido dados de baja por la falta de pago o hayan bajado de cobertura a raíz de los incrementos que fueron motivo de la larga negociación.
Adicionalmente, el acuerdo explicita que a partir de julio “las cuotas de los afiliados se ajustarán libremente” conforme estructura de costos y dentro del rango de inflación, es decir que no habrá una fórmula de ajuste vinculada al índice de precios al consumidor o de los costos de la canasta de salud, sino que se apela a la razonabilidad de esa evolución.
En la audiencia, las empresas insistieron en hace notar que los aumentos evitaron que el sistema colapsara en medio del reacomodamiento de la macroeconomía, e iba a ser imposible continuar brindando sus servicios o resentir mucho sus prestaciones.
Los expositores cuestionaron “este tipo de congelamiento por intervención del Estado tras liberar los costos, lo que repercutió en el aumento de los servicios energéticos, los medicamentos y el inicio de la discusión paritaria”, lo cual tuvo repercusión reciente con las medidas de fuerza que realizaron la semana pasada los gremios de sanidad.
A pesar de no ser motivo de la convocatoria judicial, siete de las empresas también plantearon que se desestime la investigación sobre presunta cartelización que impulsa la Secretaría de Comercio, lo cual quedará en manos del seguimiento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya que era un tema que tramite en otro ámbito.
De querer avanzar con esta propuesta, las empresas de medicina prepaga deberían ofrecer un compromiso en el marco del expediente, el cual debe ser analizado por la Comisión y luego por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, se explicó desde el Gobierno.
En los considerandos del escrito firmado esta madrugada, se apeló a la figura del “esfuerzo compartido” al analizarse en primera instancia que en 2023 las empresas aumentaron en 2023 un 134% el valor de sus cuotas, a la par que el incremento del IPC fue del 211%, el de los insumos médicos del 275%, y el dólar oficial al 355%.
“El atraso en la actualización de cuotas afectó íntegramente al sector y produjo un impacto equivalente en cada estructura de costos de las empresas” se explicó en el acuerdo, al explicarse como “un ajuste necesario” el registrado en los primeros meses del año, los que se concretaron por encima de la inflación del período.
En consecuencia, sin que ello vaya en desmedro de la calidad prestacional, se sugirió “adecuar las necesidades del consumidor a la realidad económica, como así también alinearse con políticas públicas que enfrentan la crisis existente”.
Fuente El Cronista
