Por Lucia Salinas
Lo resolvió el juez Casanello.
La medida fue adoptada en la causa que investiga un sistema de extorsión y medidas coactivas que dirigentes sociales aplicaban contra beneficiarios del Potenciar Trabajo.
El juez federal Sebastián Casanello resolvió inhibir los bienes del dirigente social Eduardo Belliboni después de citarlo a indagatoria por los delitos de administración fraudulenta y extorsión. Además, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita solicitó el bloqueo de las billeteras virtuales.
La medida fue adoptada en el marco de la causa que investiga un sistema de extorsión y medidas coactivas que dirigentes sociales aplicaban contra beneficiarios de planes sociales, preponderantemente del Potenciar Trabajo.
El juez Casanello entendió que las sospechas sobre Belliboni también involucran su patrimonio porque se infiere un posible desvío de los fondos estatales que manejaba a través de su organización.
El 26 de junio el dirigente social deberá presentarse en Comodoro Py para declarar como imputado en el expediente que ya cuenta con más de 27 personas acusadas de ser parte de esta maniobra en la que se utilizaron cooperativas, asociaciones civiles y comedores que recibían dinero y alimentos por parte del Estado.
El expediente penal inició tras las denuncias a la Línea 134 que habilitó el gobierno de La Libertad Avanza, que sostuvieron haber sido obligados a movilizarse a “cambio de o para mantener un plan social”. Esta práctica ya fue corroborada por parte de la fiscalía de Gerardo Pollicita.
Cuando el caso llegó al juez Casanello, decidió iniciar una investigación complementaria para otorgar mayor elementos que sustenten la acusación inicial. En ese primer dictamen no estaba incluido Eduardo Belliboni, pero después de una serie de medidas de pruebas impulsadas por el juzgado se consideró relevante su participación en los hechos investigados.
“Las conductas denunciadas, sus orígenes y derivaciones, exhibe una distorsión de la noble política estatal –en defensa de los más necesitados- de la que participaban algunos actores”, dijo Casanello cuando citó al dirigente social, a declaración indagatoria para finales de junio.
A la hora de explicar el rol del referente del Polo Obrero, que él como otras personas del mismos espacio, de la Cooperativa El Resplandor Ltda., “habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa Potenciar Trabajo”.
Se llegó a esta conclusión, por parte del juzgado, a raíz de la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la “simulación de gastos no concretados, al menos, a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”.
La finalidad de esta maniobra, sostuvo Casanello, era “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos” que recibían en concepto del plan Potenciar Trabajo y que debían ir a los beneficiarios finales. “Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado”, se indicó.
Hay que recordar, como contó Clarín, que la Cooperativa El Resplandor tenía más de 164 millones de pesos en sus cuentas bancarias.
Al continuar con este argumento, en la resolución judicial, se señaló: “Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.
La maniobra tuvo una instancia más: la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y “hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”, dijo el juez.
Fuente Clarin
