La Audiencia Provincial avala investigar a Begoña Gómez para evitar «lagunas de impunidad»>

En su resolución, los magistrados señalan que «la pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación amparándose en una taxativa interpretación típica, ‘ab initio’, en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad».

Tampoco ve procedente que el recurso del fiscal se centre en el acomodo o no a los tipos penales de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que había apreciado el juez porque «no es el momento» de calificar los hechos, sino de «analizar si existen indicios para comenzar a investigar». Y los hay.

Según expone, «al inicio debe bastar una sospecha fundada en datos objetivos y verificables, que tendrá que ir decantándose y superando los filtros establecidos para, en su caso, llamar a alguien a declarar como investigada, posteriormente acordar la continuación del procedimiento, y finalmente, poder condenar».

En este caso analiza los hechos que recoge la denuncia y concluye que, contra lo que alegaba la Fiscalía, al menos una parte arroja «datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación» y que cumplen con las exigencias al respecto del Tribunal Constitucional: deben ser «algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento».

«Posición contradictoria» de la Fiscalía

Se refiere en particular a los contratos públicos que recibió la unión temporal de empresas (UTE) que conformó la mercantil del grupo Barrabés Innova Next con la Escuela de Negocios The Valley, tras acudir a dos concursos con cartas de recomendación firmadas por Gómez. Para la Sala, concurren «indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación» en este asunto, «actividad que legitima una investigación sin que sea necesario por el momento anticipar una exacta calificación jurídica».

Llaman la atención sobre el hecho de que la Fiscalía Europea se ha interesado por estos mismos contratos al entender que, de estar financiados con fondos comunitarios, «podría llegar a ejercer la competencia» sobre el caso. Para la Audiencia Provincial, este hecho «resulta contradictorio» con la postura que ha adoptado la Fiscalía de Madrid, contraria a investigar.

Esto, en la primera parte de la denuncia, porque del segundo bloque de hechos que señalaba Manos Limpias -y sobre el que no se ha acordado ninguna diligencia en el juzgado de instrucción-, la opinión es distinta. El sindicato vinculaba a la mujer del presidente con el rescate del Estado a Air Europa por sus conexiones con el que fue CEO de Globalia y con una de las filiales de la empresa. Para los magistrados, es «una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales que, en su momento, puedan deparar nuevos datos y que quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno».

Sí dan la razón a la Fiscalía en una cosa, y es que para los magistrados no era necesario decretar el secreto de la causa, «ya que no se indica en el auto recurrido la finalidad de dicha restricción de derechos y, no obstante, se permite a la denunciada tomar conocimiento del resultado de las diligencias, no cumpliéndose con la finalidad que justificaría el secreto». Ordena alzarlo, aunque ya está hecho, «con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de defensa».

Pero no llueve a gusto de todos y pese al aval de la Audiencia Provincial, para el PSOE Andaluz esta investigación es «una bazofia». Son las palabras que utilizó este miércoles su secretario general, Juan Espadas, durante la sesión de control al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el parlamento autonómico. «Muy mal tienen que estar ustedes para utilizar esa bazofia contra la esposa del señor Sánchez en elecciones europeas, y nada menos que el presidente de la Junta en este Parlamento», señaló.