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Tras casi un mes de tratamiento en comisiones, el Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves las firmas para aprobar el dictamen de la Ley de Bases y el paquete fiscal que le permitirán sesionar en el recinto del Senado de la Nación pero se produjeron varios cambios en el texto que bajará a la cámara: cuáles son.
Para lograrlo, el Gobierno nacional debió ceder en más de 40 modificaciones que fueron motorizadas por los bloques dialoguistas nacionales y bloques pertenecientes a partidos provinciales dentro de las comisiones.
La noticia llegó luego de que parecía caído el dictamen y lo celebró todo el Gobierno, pero ahora deberá no solo aprobarse en la Cámara Alta, donde ya se rechazó por ejemplo el DNU 70/2023, sino que también deberá volver a Diputados.
Habrá que ver si el cambio de Nicolás Posse por Guillermo Francos como nuevo Jefe de Gabinete le da mayor dinamismo a las negociaciones con los legisladores y gobernadores, los cuales pelean por partidas para sus distintas provincias.
En este apartado jugará también un papel clave Luís Caputo, ministro de Economía, quien contuvo todas las transferencias para poder llegar al superávit fiscal y, tras lograrlo durante varios meses, empezaron a enviar algunos fondos a los distintos territorios.
Uno por uno, los principales cambios a la Ley Bases
Se trata del capítulo que más cuestionamientos aglutinaba en términos de transversalidad partidaria. Sobre todo, la restitución de la cuarta categoría de Ganancias abroquelaba a las provincias de la Patagonia.
Por esa razón, el oficialismo incrementó en 22 por ciento en mínimo no imponible para los habitantes sureños. Sin embargo, esto no conformó a otros senadores y gobernadores del centro de la Argentina, que también cuentan con asalariados con altos ingresos.
Con respecto al blanqueo, los dos cambios sustanciales que se sumaron al texto fueron la exclusión de los hermanos de los funcionarios para adherir al régimen. A su vez, tampoco podrán hacerlo aquellos funcionarios públicos que ejercieron un cargo en los últimos 10 años.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue uno de los ejes de discusión que atravesó cada sesión informativa que se desarrolló durante mayo. En ese punto, el Gobierno limó la redacción del artículo 163, que vulneraba algunos aspectos de las autonomías provinciales.
También, agregó la obligación para que las empresas que adhieran al RIGI tengan que presentar un plan de desarrollo con proveedores locales. Equipararon también a las industrias nacionales para ingresar a los beneficios fiscales y cambiarios.
- Regalías mineras
Se trata de una de las concesiones de último momento que realizó el oficialismo, a pedido del senador José María Carambia (Santa Cruz). El representante sureño se llevó una suba en la percepción de las regalías mineras provinciales del tres al cinco por ciento.
“Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al cinco por ciento sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”, indica el texto acordado.
- Facultades delegadas
En este punto, el Ejecutivo concedió modificaciones en la amplia redacción del artículo 3 e incluyó a 15 organismo e instituciones públicas que el Gobierno no podrá intervenir para su eventual disolución.
Entre ellas, se encuentran algunas que pidieron los radicales como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En esa línea, y también por petición de los correligionarios, se añadió un párrafo para garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
Fuente El Cronista
