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Por Edgardo Aguilera
El fiscal Eduardo Taiano cursó un oficio al ministro Luis Petri para acceder a la base de datos de los militares y el personal civil de inteligencia de la cartera. Por qué la vinculación con el caso.
El sector de los espías luce convulsionado en varios frentes, mucho antes de la salida del dueto Silvestre Sívori-Nicolás Posse que controlaban la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
A mediados de abril, aterrizó en el ministerio de Defensa, Ejército Argentino y Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem), un oficio judicial cursado por el fiscal federal Eduardo Taiano.
En el mismo, que fue dirigido al ministro Luis Petri, el fiscal solicitó la lista con identificación de la totalidad de militares y personal civil de inteligencia (PCI) pertenecientes a la Dirección General de Inteligencia del Ejército y del organismo de inteligencia estratégica del ministerio de Defensa, además, el detalle de los números de equipos de Nextel y otras plataformas celulares utilizados.
El pedido del fiscal abarca un lapso de 2014 hasta el mes de febrero de 2015. La solicitud de la fiscalía federal N°3 responde a la causa N°3559/15 sobre la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman, que tenía a su cargo la investigación por la voladura de la AMIA y apareció muerto en su departamento el 18 de enero de 2015, días después de haber denunciado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios por presunto encubrimiento de los autores del atentado.
En el expediente, que tienen el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Taiano, se encomendó en 2016 la realización de un segundo peritaje de los hechos y la balística, y se eligió a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina. El estudio realizado por esta dirección concluyó que la muerte del fiscal Alberto Nisman se trató de un homicidio.
Esta es la hipótesis que continúa bajo pesquisa en la Justicia. La investigación se delegó en el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Eduardo Taiano y sigue los indicios que arrojan la línea de tiempo del 16 al 19 de enero de 2015, cruzando llamadas entre personajes que se comunicaron esos días con especial atención en los vinculados al área de la inteligencia estatal.
En la causa, la declaración testimonial de Elisa Carrió ofreció un intrincado esquema de contactos entre personas presuntamente allegadas al sistema de inteligencia militar y exagentes con foco en el entonces jefe del Ejército, el teniente general César Milani.
Taiano tiene ahora una tarea de filatelista, encontrar el calce entre dentados faltantes de estampillas selladas por un mismo emisor.
El revoleo de nombres, en listas de innumerables fojas, convulsionó las oficinas de inteligencia del edificio Libertador. Temen que la divulgación de todo el padrón de PCI (Personal Civil de Inteligencia), más los contratados, llegue a manos siempre interesadas en esas bases de datos. Abono para fertilizar operaciones venideras.
En la Dniem el pánico ganó a sobrevivientes que de pronto, por la lista, se descubrió que se colaron en la gestión kirchnerista entre 2014 y 2015 del entonces director Roberto Román, justo el periodo que busca el fiscal Taiano. Las miradas apuntaron al almirante G.D. que el humor de oficina apodó como “La Boya”.
Espías más experimentados reconocieron el nombre y confirmaron que “La Boya” se había incorporado como PCI naval y “en comisión” en la Dniem.
Estuvo esos años bajo el ala de Román y cuando asumió el macrismo se recicló, aunque con una pillería en los números por la que estuvo al borde del sumario, relataron fuentes al tanto del episodio. Habría percibido unos meses el haber de PCI naval y el correspondiente a la nueva designación en la Dniem: “Dos sobres más el retiro de almirante”, una práctica que contradice la reglamentación, dijo a MDZ la fuente.
El almirante, a diario, basculaba entre su pasado de gestión kirchnerista y la renovada visión de Juntos por el Cambio en una mesa del Atlántico Sur y Antártida.
No fue la única novedad. Aseguran que para garantizar su estadía en el periodo macrista de la Dniem habría liberado nombres de una “deep office” atribuida a los marinos. “¿Como confiar frente a la dilación de los propios?”, concluyó la fuente.
La AFI en 2016 contaba con información de una auditoría de Defensa que revelaba más de 450 incorporaciones al plantel de inteligencia del Ejército entre 2015 y 2016. Al número se agregaban contratados que en muchos casos no tenían una función justificable.
Fuente MDZOL
