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El gobierno de la provincia de Tucumán comenzó a licitar la compra de 4500 chalecos antibalas nivel de resistencia RB3 para equipar a las fuerzas de seguridad locales. La convocatoria a los proveedores se inició el 4 de abril pasado bajo el expediente Nº73-213 D-2024. Las ofertas presentadas iban de los 1000 dólares por chaleco hasta los 1200 por cada uno.
O sea, la oferta más económica ascendía a los 4.500.000 de dólares mientras que la más elevada a 5.400.000 de la moneda extranjera: Una diferencia de 900 mil dólares. Según la documentación interna del expediente de compra que accedió NA, las características de ambos chalecos, el más caro y el más económico, eran las mismas con la excepción del periodo de garantía de los mismos.
Mientras que Industrias SEATKE SA ofreció una garantía de cinco años, su competidor, Delta V SA, lo hizo por un periodo mayor, algo que está en discusión según los parámetros técnicos de la ANMAC -Agencia Nacional de Materiales Controlados-.
En las últimas horas, la licitación llego al Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán. Pero la compra de chalecos antibalas amenaza con convertirse en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades provinciales ya que, el ministro de Seguridad local, Eugenio Agüero Gamboa, fue denunciado por los posibles delitos de lavado de activo, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
Agüero Gamboa es la persona que definirá la compra del material de seguridad de la policía local. La diferencia de 900 dólares entre ambas ofertas, según el dólar actual, representa mas de 1000 millones de pesos. No es poca cosa.
Semanas atrás, los mismos protagonistas políticos presentaron la compra de otros 4500 chalecos antibalas más que ya están a disposición de los efectivos. A eso se sumo la compra de 300 pulseras electrónicas y 50 camionetas nuevas.
La presentación del material adquirido se realizó en un acto formal en el que participaron el gobernador Osvaldo Jaldo, su ministro de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa y la plana mayor de la Policía, encabezado por el jefe de la fuerza de seguridad, Joaquin Alfredo Girvau y el subjefe Roque Rodolfo Yñigo.
Fuentes consultadas por NA no descartan sospechas de corrupción: “Las ofertas son similares y los políticos eligen la más cara”. No es la primera vez que sucede algo similar. El año pasado, la renovación de los documentos nacionales de identidad y los pasaportes, a nivel nacional, se realizo en una dudosa licitación que termino en la tapa de los principales diarios. Antes de retirarse del gobierno, Alberto Fernández, autorizo la renovación de millones de DNI con una tecnología novedosa por un costo millonario.
La licitación fue defendida a ultranza por el ex ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro. Fernández también dejo su gobierno con la sospechosa compra de “crema del cielo”, el avión presidencial usado que costo casi 25 millones de dólares.
Las compras directas son otra manera de hacer negocios en la política. La semana próxima, aseguran en Comodoro Py, la causa por los guardapolvos adquiridos durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, podría recibir noticias y una fuerte reactivación de la causa que investiga el fiscal Carlos Rivolo y el juez Julián Ercolini.
En Tucumán, los posibles perdedores de la millonaria licitación de chalecos antibalas aseguran que irán hasta las últimas consecuencias y darán la batalla legal. Según el documento interno que accedió NA han solicitado se revise la licitación en cuestión pues “no seria significativo comparado con el desembolso innecesario de 1.000.000 de dólares que arbitrariamente se esta adjudicando a la firma DELTA SA”.
Aseguran que “el pliego de Bases y condiciones particulares establece que se adjudicara por ítem al oferente que presente la oferta mas conveniente en precio y calidad”.
Mientras tanto, en la Fiscalia Federal de Tucuman, se investiga por los posibles delitos de lavado de activo y malversación de fondos públicos al ministro de Seguridad de la provincia gobernada por Jaldo. El denunciante, Antonio Oscar Brito, aseguro que Agüero Gamboa, el ministro en cuestión, no puede justificar su patrimonio personal que ascendió abruptamente en los últimos cuatro años de gestión.
El caso mas emblemático de un funcionario que aumento su patrimonio personal y surgió de la provincia de Tucumán es el de José Francisco López, el ex secretario de Obras Publicas de los Kirchner, que termino revoleando bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. También tenia una denuncia previa por el enriquecimiento ilícito pero la justicia local no investigo y el juez federal Daniel Rafecas dejo dormir durante 9 años hasta que exploto el escándalo.
Rafecas era el juez preferido por Alberto Fernández para ocupar la Procuración Federal. Nunca pudo cumplir ese sueño. Ya es historia pasada.
Fuente Mendoza Today
