Suárez-Quiñones eleva a dos millones para el pago del alquiler a personas «en riesgo de sinhogarismo»>

Una cita en la que el consejero ha relatado las iniciativas con las que cuenta su departamento frente a ese riesgo, que calificó como «muy relevantes». La línea «más específica, ha dicho, es la que reciben Cáritas, Cuz Roja y la Fundación Intras, que el año pasado contaron con 605.000 euros para alojar a esas personas en riesgo de no tener hogar, informa Ical.

Unos apoyos que se ampliarán a dos millones y que representan una ayuda para pagar a estas personas el 100 por ciento de la renta mensual, con un límite de 600 euros, y la totalidad de los gastos que conlleva la vivienda hasta 200 euros. Unas partidas para dar cobertura a «ese nicho de personas» que reflejan «un riesgo evidente, una situación real» en la Comunidad.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha destacado que la vivienda es algo «imprescindible» para un proyecto de vida pero en el caso de las personas en exclusión social, «es algo más, es la base fundamental para su integración y poder consolidar una vida digna».

Más allá de ese colectivo, el consejero ha remarcado las políticas de vivienda de la Junta para personas vulnerables y ha recordado los 41 millones en ayudas al alquiler resueltas este mes. De esos, constató, los jóvenes, «un sector muy vulnerable», reciben 12,6 millones. El consejero ha agregado que también existen otros programas para colectivos especialmente vulnerables, como las personas que han tenido una pérdida repentina de ingresos del 20 por ciento y el coste del alquiler y de la vivienda les supone más del 30 por ciento de sus rentas. Ha aseverado que cuentan también con ayudas específicas para las personas que se quedan sin hogar por una sentencia de divorcio, separación o nulidad.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha subrayado también que el 43 por ciento de las ayudas al alquiler va a personas con menos de 600 euros de ingresos mensuales.

Asimismo, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha sumado a estos apoyos también, las actuaciones de rehabilitación en favor de personas vulnerables, en los barrios más desfavorecidos, como las obras en áreas de regeneración urbana. Al respecto, ha remarcado, en declaraciones recogidas por Ical, que el Ejecutivo regional dispone de 166 millones de fondos europeos en esta materia, y en estos años invertirá en torno a 500 millones en rehabilitación para «dar accesibilidad, eficiencia energética, más dignidad, seguridad a las viviendas y, por tanto, a las zonas especialmente vulnerables».

Asimismo, se ha referido a los programas específicos con los ayuntamientos para la eliminación del chabolismo; y al parque público de alquiler social, que «crece», pasará de 2.600 a 4.500 viviendas al final de la legislatura, y pretende dar solución a situaciones de exclusión o riesgo, asignando viviendas a unos precios «testimoniales».

Por su parte, el presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, ha expuesto que para esta institución propia la vivienda constituye un «asunto prioritario» y apuntó al artículo 47 de la Constitución, donde se recoge como un derecho de todos. Ha trasladado, además, que se trata de un «derecho multiplicador» que evita la exclusión social, porque, razonó, «supone la plataforma» para el ejercicio de otros muchos, desde la libertad a la educación. «Estamos hablando de un tema crucial, de una de las bases, de los fundamentos de nuestro sistema de Estado social y democrático de derecho».