El CES pide una prestación universal para los niños de 0 a 3 años no condicionada por renta

España tiene un problema “inaudito” de pobreza infantil, que no se corresponde con su nivel de riqueza, la fortaleza de su Estado del Bienestar y los valores éticos morales de la sociedad. Así lo considera Antón Costas, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), máximo órgano consultivo del Gobierno en materia sociolaboral, que da un dato demoledor: uno de cada tres menores vive en riesgo de pobreza o exclusión social, algo que no tiene parangón para una economía como la nuestra, al menos entre los países miembros de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La situación resulta especialmente grave entre los niños y niñas desde los seis meses hasta los tres años, ya que existe un vacío de políticas públicas que supone una “lacra lacerante” y una “inmoralidad como país”, ha denunciado Costas. Para solucionar este problema, la institución pide en su Informe sobre derechos, calidad de vida y atención a la infancia, –aprobado en el pleno de este miércoles– que se desarrollen dos políticas básicas: la universalización de la educación hasta los tres años y el desarrollo de una prestación universal no condicionada por renta en ese mismo tramo de edad

Esta última medida es, sin duda, la más destacada, porque entronca con una polémica que existe en el seno del propio Ejecutivo a cuenta de la Ley de Familias, actualmente en trámite parlamentario. El propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunció recientemente que la norma incluiría el reconocimiento de una prestación por crianza de 100 euros al mes hasta los tres años, mientras su partido, Sumar, insta al PSOE a incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2025 una prestación de 200 euros hasta los 18 años. Los socialistas se opusieron durante la pasada legislatura a que esa última medida fuese incluida en la ley.

Aunque Costas ha desligado la propuesta del CES de la iniciativa de Sumar, el organismo avala de alguna manera la línea seguida por los de Yolanda Díaz, aunque no concreta en su informe a cuánto ascendería esa prestación. Se limita a decir que debería ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del niño o niña. De hecho, la filosofía, ha dicho Costas, no es ayudar a las familias más necesitadas, sino proteger los derechos del menor, de ahí su carácter universal, independientemente de la renta de los padres: “El perceptor es el niño, que tiene derechos propios al margen de la familia en la que vive”.

El presidente del CES ha justificado así el posible carácter regresivo de la medida, de la que se beneficiarían tanto aquellos menores de hasta tres años de familias ricas como aquellos de familias pobres. Paradójicamente, ha explicado Costas, contribuiría a la progresividad del sistema, al complementarse con otras que ya existen y son mucho más regresivas, como la deducción fiscal por el cuidado de hijos en este tramo de edad. Esto es así porque muchas familias de bajos recursos no presentan la declaración de la renta, por lo que no se pueden beneficiar de la ayuda, mientras que las asimetrías de información también limitan el acceso de algunos sectores marginales al complemento de ayuda a la infancia, que va de la mano con el ingreso mínimo vital, y el Consejo Económico y Social también pide reforzar.

Esta última medida, implantada por el Gobierno de coalición en 2020, no ha servido para mejorar los datos de pobreza infantil, en un contexto marcado por la pandemia y la crisis inflacionista. De hecho, el informe del CES destaca algunos datos preocupantes: uno de cada tres niños, por ejemplo, no desayuna y un 5,6% no puede acceder a la ración diaria básica de carne, pollo o pescado.

Las mayores carencias del sistema, asegura la institución, se producen en la etapa de seis meses a tres años, que es cuando se desarrollan algunos de los rasgos físicos y psicológicos que marcarán para siempre la vida de quienes sufren pobreza infantil. A la larga, esto acaba teniendo un impacto económico de entre el 4% y 5% del PIB (unos 60.000 millones de euros), debido a la brecha salarial entre estos niños y los que han podido tener una infancia con las necesidades materiales resueltas.

Para mejorar la situación de este colectivo, el CES propone una segunda política fundamental: la universalización de la educación entre los cero y los tres años, especialmente en la etapa que va de seis meses a un año, cuando las bajas de maternidad y paternidad han finalizado, pero muchos centros todavía no admiten a los niños. Esta ya es una realidad en algunas comunidades autónomas, como Galicia, que han disparado su tasa de escolarización en ese tramo de edad con un coste relativamente reducido: 54 millones de euros al año.

La crisis de vivienda

Otro de los puntos en los que incide el informe, que ha sido dirigido por la consejera Carmen Pleite tras 16 reuniones de trabajo, tiene que ver con la vivienda. La institución reclama que se priorice a las familias con hijos a la hora de ser consideradas como un colectivo vulnerable para tener acceso a una vivienda social.

Según ha explicado Costas, la relación entre el acceso a un hogar y la pobreza infantil “es extraordinaria”, pero funciona al contrario de como se suele explicar: no es tanto que la situación de precariedad de las familias perpetúe la dificultad el acceso a la vivienda como que la dificultad de acceso a la vivienda perpetúa la precariedad que sufren las familias, y que repercute de forma dramática en los menores. Una vez con un hogar, es mucho más fácil encontrar un mejor trabajo que garantice los ingresos para criar a los menores en unas condiciones dignas.

“La pobreza extrema es invisible, se oculta, produce estigmatización por parte de quienes la sufren y en la medida que se invisibiliza los demás no nos damos cuenta”, ha concluido Costas. La tasa AROPE, de referencia en este ámbito, indica que el 32,3% de los menores está en riesgo de pobreza o exclusión social, pero la mayoría de la sociedad no es consciente. De ahí que el CES haya querido introducir la cuestión en el debate público con su primer informe sobre infancia que, a diferencia de la mayoría, se ha elaborado por iniciativa propia, sin que lo haya pedido ningún ministerio. Sus conclusiones parten del consenso de los 60 integrantes del organismo, donde están representados la patronal, los sindicatos y diferentes asociaciones sectoriales, de consumidores y de la economía social.

Fuente El Confidencial