La exconsejera Martínez Aguayo: «El Constitucional no me ha indultado ni amnistiado en el caso ERE, me ha dado la razón»

La exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha roto su silencio en un vídeo difundido por el PSOE andaluz a los medios de comunicación, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya estimado parcialmente el recurso de amparo interpuesto por la que fuera ‘número dos’ de José Antonio Griñán. La mayoría progresista del tribunal (siete magistrados) ha instado a la Audiencia de Sevilla a rebajar su condena de seis años de prisión por un delito de malversación , por el que Martínez Aguayo ha estado un año y medio en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. En junio accedió al tercer grado penitenciario. Tras la revisión de su pena por el TC, Aguayo ha querido puntualizar que el citado tribunal «ni me ha indultado ni me ha amnistiado ni me ha dado un perdón de ningún tipo, me ha dado la razón en que se han vulnerados mis derechos fundamentales». La tesis del Constitucional es que son condenables las actuaciones relacionadas con la tramitación de leyes de presupuestos, porque escapan al control judicial. Y tampoco considera delictivo aplicar el procedimiento recogido en esas leyes de presupuestos, donde se reservaba dinero cada año para repartir ayudas a empresas en crisis sin publicitar ni fiscalizar.En el vídeo difundido por el PSOE andaluz, Martínez Aguayo, que es médica de familia ya jubilada, ha asegurado que afrontado con «estoicismo» el proceso que la llevó a la prisión y que ha respirado con «alivio» tras la anulación de su condena. En ningún momento, ha dicho, dejó de confiar en la Justicia. Y valora su año y medio de prisión como un «aprendizaje» del que ha salido «más vieja», pero también «más sabia». Se acordó de la antiguas compañeras de la prisión. A algunas de ellas las enseñó a leer.Aparte de la experiencia personal, Martínez Aguayo ha arremetido con dureza contra el PP, partido al que ha pedido que tenga «el mismo respeto» al Tribunal Constitucional que a las instancias que anteriormente habían «dado la razón» a las tesis de la Fiscalía y la acusación popular. Por ello, ha considerado «increíble» que el PP «cuestione» al Constitucional, porque « como parte acusatoria, tiene que ser respetuoso con la Justicia tanto si se le da la razón como si no».La exconsejera Martínez Aguayo lamenta que los exdirigentes socialistas han sido sometidos, por parte del PP, a «una estrategia brutal de generar una gran mentira a sabiendas , con esa falta de moralidad, para destrozar al adversario político, considerándolo como un enemigo».La partida presupuestariaLos responsables del PP que firmaron la denuncia del partido a cuenta del asunto «sabían», según sus palabras, «que lo que firmaban no era verdad», pues el PP como partido «conocía» la existencia de la partida presupuestaria 31L , que aglutinaba los fondos para las prejubilaciones de los ERE y las ayudas sin publicidad a empresas en crisis; «habían enmendado» la propia partida en el trámite parlamentario y la habían «apoyado» en el Parlamento. « Los créditos (presupuestarios) no delinquen, son cosas neutras », ha dicho la exconsejera de Hacienda.En paralelo, ha alertado de que los populares «mienten» al atribuir insistentemente a los antiguos dirigentes socialistas de la Administración andaluza un «robo» . Ni la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la causa, ni la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla como órgano emisor de la sentencia inicial condenatoria ni el Supremo al desestimar sus recursos de casación, ni tampoco el Constitucional, les han atribuido ninguna acción de «robar» dinero público. « Nunca hemos cogido un euro. Somos servidores públicos honrados », ha asegurado. Sí fueron condenados por malversación o desvío de fondos públicos.Aguayo ha argumentado que la Junta de Andalucía «sigue pagando euro por euro» las prestaciones de cerca de 6.500 personas prejubiladas mediante los ERE financiados por la Administración andaluza mediante el mecanismo enjuiciado, pesando eso sí la detección de 126 personas que no tenían derecho a obtener ayudas, los conocidos como «intrusos» al no pertenecer a las plantillas de las empresas promotoras de los despidos colectivos en cuestión.Por último, la exconsejera expone en este vídeo que su familia ha «sufrido mucho y lo ha pasado muy mal» por todo lo que ella ha afrontado en todos estos años, especialmente el año y medio que ha pasado en prisión, si bien ha defendido que salió de la cárcel «tan inocente» como entró en ella y «con la cabeza tan alta» como antes.
Fuente ABC