Díaz se abre ahora a las demandas de CEOE para lograr un pacto en la reducción de jornada

Del ultimátum a estudiar las propuestas de la patronal sobre la reducción de jornada. El Ministerio de Trabajo ha pasado en solo una semana de acusar a los empresarios de burlarse del diálogo social a abrirse a incluir en la reforma algunas de las medidas que reclaman, esencialmente, una mayor flexibilidad en su aplicación por sectores y en su entrada en vigor.

El Gobierno ha presentado este lunes una nueva propuesta a la mesa tripartita, que ahora deberá ser estudiada por los agentes sociales antes de la reunión del próximo lunes. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha negado que el Ejecutivo se haya dado un plazo para la negociación, pese a que el horizonte siempre ha sido dejar el asunto cerrado antes del verano, y ha dicho que quiere un acuerdo “con todas las partes”.

“La propuesta ha sido bien valorada en su conjunto“, ha asegurado el número dos de Yolanda Díaz, que ha celebrado que los empresarios por fin hayan “bajado la negociación” a aspectos concretos. A su juicio, eso significa que aceptan el marco de discusión establecido por el Ejecutivo: pasar de las 40 horas actuales a 38,5 en 2024 y 37,5 en 2025, sin una merma salarial.

Si la semana pasada el ambiente entre los interlocutores era que el acuerdo se cerraría lo antes posible sin el concurso de los empresarios, ahora la posición de fuerza de la CEOE ha logrado atraer al Ejecutivo a discutir sus reivindicaciones. Prosigue, así, un diálogo sobre el que no ha habido grandes avances desde comienzos de año, y que se podría prolongar más de lo esperado hace solo unos días.

Las declaraciones públicas del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y privadas desde diferentes instancias socialistas, en favor de un acuerdo a tres que facilite el posterior recorrido parlamentario de la reforma -es necesario el concurso de los nacionalistas conservadores de Junts y PNV- han culminado en un giro inesperado en la negociación. “Flexibilidad” es ya la palabra más repetida.

La propuesta de Trabajo

Bajo esta idea, Trabajo ha incluido algunos guiños a la patronal en el nuevo texto. Las empresas pueden actualmente distribuir irregularmente hasta un 10% de la jornada anual, y el ministerio propone que ese 10% quede referido a la jornada que tuvieran las empresas a la entrada en vigor de la norma y no a la nueva jornada reducida. “Eso da un mayor margen en las jornadas irregulares que entendemos que pueden ser útiles para que las empresas puedan ir cuanto antes al módulo nuevo de las 37 horas y media”, ha apuntado Pérez Rey.

El secretario de Estado ha explicado que es una propuesta que, básicamente, ofrece “algunos márgenes más de distribución irregular de la jornada”, lo que puede beneficiar, por ejemplo, a aquellos sectores con ciclos productivos inconstantes a lo largo del año, como la agricultura o algunas actividades relacionadas con la hostelería, donde hay una mayor carga de trabajo en verano o en el momento en que hay que recoger los frutos.

El ministerio propone endurecer las sanciones cuando el tiempo de trabajo provoque daños en la salud de los empleados

Pérez Rey ha subrayado que la mesa hoy “ha avanzado” y que las patronales han ofrecido una mayor concreción de sus propuestas, que pasan, básicamente, por el hecho de que las medidas de flexibilidad no sean puramente temporales y en conseguir un mayor margen transitorio de adaptación para las 37,5 horas.

Preguntado por si el Gobierno estaría dispuesto a ampliar el plazo para la entrada en vigor de las 37,5 horas, previsto para 2025, el secretario de Estado ha dejado la puerta abierta: “Hay muchas maneras de, junto con la negociación colectiva, establecer una entrada en vigor que sea lo suficientemente flexible para que nadie tenga que incorporar de golpe y porrazo una reducción de jornada que podría no asimilar”.

Además, Pérez Rey ha explicado que Trabajo ha incorporado en su nueva propuesta una agravante para aquellas infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo que pueden provocar daños a la salud de los trabajadores. Esto implicará un aumento de las sanciones inicialmente propuestas en esta negociación (hasta 10.000 euros por trabajador con el que la empresa incumpla la ley), Pérez Rey ha indicado que no se trata tanto de las cuantías, sino que la sanción pase a considerarse de grave a muy grave.

Fuente El Confidencial