La Generalitat de Cataluña ha vuelto a sentarse en el Consejo de Política Fiscal y Fianciera (CPFF) para explicar al Gobierno central y al resto de comunidades autónomas su propuesta de financiación singular. Sin embargo, su propuesta es muy diferente a la de años anteriores: ha reclamado recaudar todos los impuestos generados dentro de la comunidad y que el Estado ceda a las comunidades autónomas una parte de la recaudación lograda en los últimos años. La consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, ha explicado ante los medios, a la entrada al Consejo, que su propuesta “no causa perjuicios a otros territorios”.
La consellera en funciones ha llegado a la negociación mostrando una posición de fuerza, recordando al Gobierno que Cataluña tiene todavía pendientes las negociaciones para investir como president a Salvador Illa. “Saben que nosotros tenemos una negociación bilateral con el Estado”, ha señalado Mas. Un dardo para los consejeros del resto de comunidades autónomas, que han reclamado que no exista bilateralidad, sino multilateralidad en las negociaciones sobre la reforma de la financiación autonómica. Los consejeros del Partido Popular han mostrado su rechazo frontal a la bilateralidad del Gobierno con la Generalitat.
Sin embargo, una de las propuestas de la Generalitat está alineada con las exigencias del resto de comunidades autónomas, incluyendo las del PP, que el Estado aumente el montenta de la financiación autónomica. “Se trata de un modelo que no va en contra de ningún territorio, requiere que el Estado reequilibre el reparto de los ingresos”, ha señalado Mas.
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Javier Jorrín
La consellera ha denunciado que la recaudación del Estado aumentó un 90% desde 2012 hasta 2022, mientras que los ingresos de las comunidades autónomas del Régimen Común apenas crecieron un 40%. “Se ha de reequilibrar la proporción de ingresos de cada nivel de la Administración”, ha señalado, ya que las CCAA han seguido ganando competencias en este periodo en detrimento del Estado.
Sin embargo, la propuesta de la Generalitat no contempla un reparto equitativo de estos nuevos recursos que le reclama al Estado, sino que pide emplearlos para avanzar hacia la ordinalidad en la financiación. Esto es, que las CCAA que más aporten sean, también, las que más reciban. Ha denunciado que el modelo actual es “arbitario, opaco e injusto” para algunos territorios, “da unos resultados que no tienen sentido”.
Fuente El Confidencial
