Escrivá encarrila la Ley de Función Pública y la ‘SEPI Digital’ antes de su posible salto al BdE

José Luis Escrivá habrá dejado todo controlado en caso de que finalmente deje el Ministerio de Transformación Digital y Función pública para relevar a Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la constitución de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), más conocida como la ‘SEPI Digital’, y el anteproyecto de Ley de Función Pública, los dos grandes proyectos del departamento que estaban pendientes en este primer curso de la legislatura.

Pese a la importancia de ambas medidas, Escrivá no ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo. El ministro está en el foco después de que la semana pasada se filtrara que el Gobierno había propuesto su nombre como futuro gobernador. El Partido Popular rechaza el movimiento, al considerar que compromete la independencia del regulador. Sentado —él sí— en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado su confianza en que se llegue a un acuerdo con el PP, y ha defendido que, sea quien sea el elegido, la independencia del Banco de España está garantizada.

De momento, todos los focos se centran en Escrivá, que levanta más suspicacias tras el movimiento de este martes. El propio ministerio había anunciado que la ‘SEPI Digital’ ya estaría lista en mayo, pero no se ha cerrado hasta ahora. Por su parte, la Ley de Función Pública había quedado en un limbo parlamentario en la pasada legislatura, debido al adelanto electoral, y fue rescatada en parte en diciembre a través de un real decreto para cumplir con uno de los compromisos con Bruselas para recibir el cuarto pago de los fondos de recuperación. Ahora, se desarrolla el resto.

El hecho de aprobar ambas medidas al mismo tiempo, justo antes del verano, llama la atención. No hay que olvidar que el mandato de Margarita Delgado, que actualmente ejerce de gobernadora en funciones, expira en septiembre. De ahí la premura para encontrar en las próximas semanas un sustituto al frente del Banco de España.

Más allá de las especulaciones sobre el futuro del ministro, lo cierto es que la norma aprobada este martes tiene una gran relevancia. Se trata de un primer paso para la mayor transformación de la Administración pública desde el inicio de la democracia, que se deberá concretar a lo largo del año a través de otra norma, la Ley para la Transformación de la Administración Pública. Como adelantó El Confidencial, esta última forma parte del Plan Anual Normativo del Ejecutivo. Fuentes del departamento de Escrivá reiteran que estará lista a lo largo de 2024.

La Ley de Función Pública

Ambas leyes cuentan con una oposición frontal de los altos cuerpos del Estado. Sin embargo, el Gobierno recuerda que el anteproyecto presentado este martes goza del acuerdo de las organizaciones sindicales. A falta de conocer más detalles tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el ministerio ha informado en una nota de prensa de que el texto pretende transformar “por fases” la Administración General del Estado. Desarrollará, así, el “potencial innovador” de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con la intención de “terminar con un marco jurídico obsoleto y fragmentario”.

Las principales novedades del anteproyecto descansan sobre cuatro ejes: estructura y acceso al empleo público estatal; carrera, promoción profesional, retribuciones y prestación de servicios; aprendizaje, formación continua y actualización permanente, y, por último, ética profesional e integridad.

Respecto a la primera, delimita las funciones del personal tanto funcionario como laboral, autoriza al Gobierno a sistematizar cuerpos y escalas y regula los requisitos de acceso y pérdida de la condición de empleado público. En segundo lugar, completa la regulación de la carrera horizontal y vertical, ordena las retribuciones, crea nuevos complementos y regula el régimen del teletrabajo. Además, define los itinerarios formativos y la gestión por marcos competenciales en este ámbito. Y, por último, regula los derechos y deberes de los empleados públicos, así como su régimen disciplinario.

Uno de los puntos más polémicos, que cuenta con la oposición de los altos funcionarios del Estado —como los inspectores de Hacienda, por ejemplo—, es el que autoriza al Ejecutivo a sistematizar cuerpos y escalas, una potestad que, según denuncian, corresponde al legislativo. También la posible remoción del ascenso de los funcionarios, según adelantó El Mundo.

La ‘SEPI Digital’

Respecto a la SETT, se constituirá como un Ente Público Empresarial para coordinar y gestionar las inversiones públicas en innovación tecnológica, “adaptando el liderazgo de la Administración a la velocidad que marca el ritmo del avance tecnológico y económico“, asegura el ministerio en una nota de prensa. Entre ellas, están 20.000 millones del plan de recuperación. El organismo centralizará las inversiones del Perte Chip (12.000 millones), el Fondo Next Tech (4.000 millones) o el Plan España, Hub Audiovisual de Europa (1.700 millones).

“Además, la nueva sociedad involucrará a los sectores tecnológicos de alto valor añadido y tomará las decisiones de presencia y financiación del Gobierno de España en proyectos con participaciones en empresas tecnológicas estratégicas y disruptivas”, añade la nota de prensa. Es decir, será el brazo inversor del Ejecutivo en este ámbito, en un contexto en que el Estado está de vuelta y ha salido de compras: de momento, se ha hecho con el 10% del capital de Telefónica. El arranque operativo del proyecto es “inminente”, concluye el comunicado.

Fuente El Confidencial