La prisión de La Ribera, en Huelva, tiene el triste honor de estar entre las que mayor número de agresiones a funcionarios registra a nivel nacional. El año pasado fue la cuarta del país con un total de 19 agresiones a trabajadores penitenciarios. Son datos del Ministerio del Interior. Durante la pasada Semana Santa, hubo varios días de incidentes encadenados por la distribución de medicamentos. Pero no son hechos aislados y, lamentablemente, esta cárcel ha sumado un nuevo episodio este pasado fin de semana. En esta ocasión, un interno con un amplio historial delictivo la emprendió a patadas, puñetazos y mordiscos contra cuatro funcionarios que resultaron con lesiones de diversa consideración, y todo tras regresar a su celda tras regresar de una sanción en las dependencias de aislamiento.Según ha informado este lunes el sindicato CSIF , a pesar de los esfuerzos de los trabajadores por calmar la situación, el interno se mostró «extremadamente agresivo» y profirió amenazas e insultos, además de atacarlos. Volvió al departamento de aislamiento tras el grave incidente. Los cuatro trabajadores recibieron atención inicial en las dependencias sanitarias de la prisión y posteriormente fueron trasladados al hospital para una evaluación más exhaustiva de sus lesiones.En estas estadísticas sólo entran las agresiones físicas, por lo que los insultos y amenazas, que son frecuentes, no son tenidos en cuenta. «No se recogen las agresiones verbales, la coacciones o las amenazas , y tampoco los escupitajos o tocamientos, ya que no están contempladas en el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones. Si se tuvieran en cuenta estos episodios la cifra sería más escandalosa», denuncia este sindicato, que reclama que se actualice dicho protocolo «porque enmascara y distorsiona esta lacra».Un cóctel explosivoSegún CSIF, una de las causas principales de estos recurrentes incidentes se debe a «una incorrecta clasificación» de los reclusos, con internos que deberían estar en primer grado, el más restrictivo, ubicados en módulos de segundo grado, lo que genera constantes conflictos con funcionarios y otros presos. «La clasificación laxa de los presos, con el propósito de reducir el número de reclusos en el nivel de tratamiento más restrictivo, conocido como primer grado, genera estas tensiones», agrega. A ello se suman la entrada clandestina de drogas , el uso inapropiado de medicamentos y la falta de adherencia a los tratamientos médicos, así como los problemas de salud mental entre la población reclusa, algo que se repite en otras prisiones de Andalucía. Frente a esta hostilidad, CSIF asegura que estos funcionarios realizan su trabajo en condiciones «cada vez más precarias» . A ello se suma la falta de personal sanitario, un mal endémico en las prisiones andaluzas. En la cárcel de Huelva sólo están cubiertas dos de las nueve plazas de facultativos existentes, una situación que se agrava en periodos vacacionales.
Fuente ABC