El Gobierno le cerró otra fuente de financiamiento a varias provincias, incluida Mendoza

El Gobierno nacional eximió a la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) del pago de impuestos, cerrando así una fuente de financiamiento para varias provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Esta medida afecta a las provincias de Catamarca, Mendoza, Misiones, San Luis y Tucumán, donde los pasivos remunerados del Banco Central estaban sujetos al impuesto a los ingresos brutos.

La Resolución Conjunta 40 de las secretarías de Hacienda y Finanzas, publicada este jueves en el Boletín Oficial, oficializa la LeFi con exenciones impositivas según las leyes vigentes.

Qué significa

Eximir a la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) del pago de impuestos significa que este instrumento financiero emitido por el gobierno argentino no estará sujeto al pago de ningún impuesto sobre los ingresos o ganancias generadas por su tenencia o negociación. En términos prácticos, quienes inviertan en LeFis no tendrán que abonar impuestos, como el impuesto a los ingresos brutos o cualquier otro gravamen local o provincial que normalmente aplicaría a otros tipos de ingresos o inversiones.

Esta exención busca incentivar la adquisición y circulación de LeFis en el mercado financiero sin que los inversores se vean penalizados por impuestos adicionales, lo cual puede hacer más atractivo este tipo de instrumento para los inversionistas y facilitar la colocación de deuda por parte del gobierno.

La medida es preocupante porque afecta a varios distritos que anteriormente gravaban los pasivos remunerados del Banco Central con impuestos locales como el impuesto a los ingresos brutos. La exención de impuestos a las LeFis puede tener impactos significativos en la recaudación local de algunas provincias y la Ciudad de Buenos Aires, generando tensiones políticas y financieras entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

Esta decisión intensifica el reclamo por el pago de la coparticipación adeudada de varias provincias, en línea con el fallo reciente de la Corte Suprema que ordenó la restitución del porcentaje retenido por el gobierno de Alberto Fernández a la CABA.