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El DNU de Milei buscaba que un nuevo fiscal concentrara los contactos judiciales con la SIDE. También le iba a restar poder al procurador, que dejó ese vínculo en manos de su hombre de confianza.
La reforma del sistema de Inteligencia nacional dispuesta por el gobierno aún sigue en proceso de digestión por parte de los espías, la oposición política -que ya rechazó el mega presupuesto destinado a fondos reservados, por ejemplo- y también de los jueces y fiscales. Desde allí partió el primer revés para el ambicioso proyecto libertario: el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, rechazó el pedido para crear una fiscalía de Inteligencia, que concentraría los contactos de toda la justicia federal con la repuesta SIDE y sus operadores.
Con la mayor de las delicadezas y remilgos, Casal desistió de la propuesta y dispuso que la Secretaría de Coordinación Institucional de la procuración, conducida por Juan Manuel Olima Espel, “sea el órgano especializado para cooperar con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y sus organismos desconcentrados”.
En la resolución 40/24, el procurador explica que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 14 el gobierno “consideró que resultaba necesario solicitar a este Despacho la creación de un órgano especializado que tenga por finalidad vincularse con la Secretaría de Inteligencia de Estado y sus organismos descentralizados para canalizar la información que estos obtengan y resulte de interés para las investigaciones criminales“.
Textualmente el artículo 28 del DNU ¿sugiere? ¿ordena? “solicitar al Ministerio Público Fiscal de la Nación que adopte las medidas necesarias a los efectos de crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia para cooperar, en el ámbito de su competencia, con la SIDE”. Más allá del contenido de la “propuesta”, el enunciado es, cuanto menos, incómodo.
Casal responde que la procuración “es un organismo que ejerce sus funciones con autonomía funcional”, integrado por las fiscalías competentes en las distintas instancias y una red de procuradurías especializadas, unidades fiscales especializadas, secretarías y direcciones generales, creadas “con un criterio de especialización” en temas como el lavado de dinero, la trata de personas, la violencia institucional o los crímenes de lesa humanidad.
“Pero aceptar este proyecto implicaría crear ahora una fiscalía en base a la herramienta de investigación -la inteligencia- y no al tema o al delito. Es un despropósito, romperíamos todo“, dice a Clarín un alto funcionario de la procuración. “Además abriríamos una caja de Pandora impredecible. La relación de los tribunales y fiscalías con los espías siempre fue muy cuestionada, y con esto directamente pondríamos un gerente con una oficina oficial para manejarlas”, reflexiona.
Como quien no quiere la cosa, Casal recuerda en su resolución que a él le toca “diseñar y fijar la política general de la Institución”.
Ese freno político al ímpetu libertario -encarnado en este caso por el demiurgo máximo del gobierno, Santiago Caputo– también busca que no se escurra ni una pizca del poder entre los dedos de Casal, lo que ocurriría si los fiscales de cada jurisdicción interactuaran independientemente con su nuevo colega de Inteligencia sin que la procuración husmee en ese vínculo.
“A fin de resguardar el diseño organizacional de la Institución sustentado en la especialidad como mecanismo de abordaje probado frente al dinamismo y la complejidad de la criminalidad organizada nacional y trasnacional, y evitar la creación de nuevas estructuras que no atiendan a ese enfoque con menoscabo de la celeridad y decisión estratégica con la que deben enfrentarse esas modalidades delictivas”, explica el procurador en su resolución, “estimo pertinente poner a disposición de la Secretaría de Inteligencia de Estado un canal directo a través de la Secretaría de Coordinación Institucional que permitirá el cumplimiento de la finalidad que informa el DNU, en tanto posibilitará el trabajo interinstitucional y de cooperación entre ambos organismos respetando el estricto ámbito de sus competencias.”
Para el final, la resolución corre el riesgo futbolístico de “hacer una demás”: como última excusa para rechazar el pedido del gobierno, el procurador dice que así “se evitará la generación de nuevas estructuras con los costos que implica”. Sturzenegger, emocionado.
Fuente Clarin
