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La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el juez instructor Juan Carlos Peinado, a quien señala por presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público.
La iniciativa se suma a la que ya instó la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez contra el magistrado también por una presunta prevaricación.La querella, a la que tuvo acceso ABC, argumenta a lo largo de 53 páginas que durante el proceso, Peinado “ha adoptado decisiones judiciales arbitrarias y manifiestamente injustas mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal” y le acusa de efectuar “una aplicación del derecho incomprensible”.
“Ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias y, todo ello, sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones. Además, dada la premura con la que ha venido acordando la práctica de diligencias de investigación, los recursos de reforma interpuestos por esta parte en innumerables ocasiones han sido tramitados por el Juzgado una vez que la diligencia de investigación se había practicado”, denuncia.
Para la defensa de Begoña Gómez, el magistrado instructor ha dictado resoluciones “a sabiendas” de que eran “manifiestamente injustas y sin amparo legal, conculcando las normas procesales y causando grave perjuicio” a la mujer del presidente del Gobierno. Insinúa que Peinado obró “con la finalidad premeditada de buscar un impacto político social” o sus decisiones “tan sólo obedecen a un desmedido afán de protagonismo mediático”, pero entiende que en cualquier caso, pueden ser consideradas delictivas, ya que “no cabe hablar en este caso de una actuación simplemente de mala praxis”. Detalla, entre otras, el auto de incoación de la causa en el que dicta secreto de sumario pero a la vez, ordena notificar a Gómez de su existencia, una decisión que criticó la Audiencia Provincial de Madrid en la resolución que avaló las pesquisas pero ordenó alzar el velo.
También la demora en facilitarle acceso a las actuaciones habiendo proporcionado la causa, aún secreta, a una acusación popular; o la negativa a permitir una ampliación de plazo para recurrir las decisiones que se habían adoptado durante ese periodo a puerta cerrada y que devinieron firmes. Información de una causa secretaCon todo, la querella parte de que durante la instrucción de la causa, que se extiende ya tres meses, «mediante actuaciones y resoluciones judiciales, se han producido conductas que pueden ser calificadas como delictivas», empezando por la difusión en prensa de la propia existencia de la causa estando bajo secreto o la notificación de determinadas resoluciones a una acusación popular cuando la investigada aún no tenía acceso.
«Ese acceso a una causa secreta consta documentado y materializado mediante Diligencia de Constancia de 23 de mayo del Letrado de juzgado», detalla la querella, que menciona específicamente una providencia por la que se hace entrega de toda la documentación a la acusación que ejerce Vox cuando «en ningún momento se dio traslado» a la defensa de Begoña Gómez y no se había dictado auto que levantase formalmente el secreto de actuaciones. «Todos estos indicios apuntan a que podría haberse cometido, por el Magistrado del Juzgado n.o 41 de Madrid, D. Juan Carlos Peinado, un delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, sin perjuicio, de que a lo largo de la investigación que se abra pueda determinarse la existencia de otros responsables», dice el texto que firma el letrado Antonio Camacho, que califica de «manifiestamente arbitrarias e injustas» esas resoluciones que facilitaban acceso a la causa. Incide en este sentido en que de este modo, el magistrado habría “cometido un Delito de revelación de una causa secreta dando acceso a quien no debía a la causa secreta”, al tiempo que habría proporcionado información al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que confirmase a los medios la existencia de diligencias abiertas, dado que “necesariamente tuvo que dar la autorización” para que emitiesen comunicados al respecto.
Subraya que “la revelación de los elementos de la causa declarada secreta” ha perjudicado “gravemente a los derechos” de Begoña Gómez, que no podía conocer su contenido íntegro y se vio sometida a “la pena de banquillo”, pero también un “evidente daño a todo lo que la rodea, especialmente su esposo, el Presidente del Gobierno, que desde el inicio de la filtración de la causa secreta se ha visto sometido a la presión mediática y política en relación a todo ello”.
Fuente ABC
