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Hay historias en apariencia menores que merecen ser contadas. No sólo para hacer justicia a la memoria de sus protagonistas, sino también porque encierran dentro de ellas atributos casi perfectos que grafican la paradoja de un país. O de una provincia que es casi un país.
Con una infraestructura escolar poco menos que lamentable, y recursos que a veces se pierden en el camino, la provincia de Buenos Aires se da el lujo no solo de abandonar inmuebles en muy buen estado para montar allí sus escuelas, sino también de observar impávidos como la buena obra de unos hombres que decidieron hace más de 50 años comprometer sus propios bienes para hacer una escuela para ciegos, se transforma en la crónica de una desidia, donde dicho predio queda librado a su suerte y se convierte en un botín preciado para su usurpación.
El 5 de abril de 1971, por iniciativa y con el aporte de recursos del Sr. Francisco Martino Stábile, quedó constituida en la ciudad de Mar del Plata, la Fundación que llevaría su nombre.
Con 83 arios de edad, este italiano fue el promotor de un notable fin solidario para cuya concesión había decidido entregar bienes de su propiedad, los cuales conformaron el capital de la Fundación que fue creada para materializar su objetivo: la construcción de una Escuela para Ciegos.
La Fundación se constituyó con un patrimonio conformado por 4 terrenos contiguos ubicados en la intersección de la avenida Mario Bravo y la calle Araoz, y otros 2 lotes situados como los anteriores también en el barrio Punta Mogotes de la ciudad.
Presentado el expediente correspondiente en la Dirección de Personas Jurídicas, con la finalidad de solicitar el otorgamiento de personería jurídica y la aprobación del estatuto societario, el 10 de octubre de 1972 fue dictada la Resolución 1034 del Ministerio de Gobierno de la Provincia, por la cual se reconoció en el carácter de persona jurídica a la entidad denominada «Fundación Francisco Martino Stábile», con domicilio legal en la ciudad de Mar del Plata —Partido de General Pueyrredon-, aprobándose asimismo su Estatuto.
Y allí comenzó su faena.
Para levantar la tan preciada escuela, se decidió utilizar los cuatro lotes linderos. De tal forma, la totalidad del terreno destinado al establecimiento quedó conformado con una superficie de 2.093,14 m2, abarcando 44,56 m sobre la avenida Mario Bravo, igual frente sobre la calle 63 bis, y 47,07 m sobre la calle Araoz. Hoy, Mario Bravo 1610.
Pero recién el 15 de mayo de 1984, es decir 13 años después de formada la Fundación, la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de General Pueyrredon dispuso la aprobación definitiva de la obra, entregando el Certificado de Inspección Final.
El inmueble posee una superficie cubierta total de 625,24 m2, estando integrada por tres aulas con un sector de baños para mujeres y otro para varones, un salón de usos múltiples, tres gabinetes, una secretaría, una biblioteca, dos toilettes, instalaciones adaptadas para discapacitados, un acceso semicubierto, un amplio hall interno, una cocina y un comedor; contando además con un gran parque de 1.468 m2.
Impecable.
La Escuela de Disminuidos Visuales, así se llamó al principio, desarrolló sus actividades durante varios arios, hasta que «el Diablo metió la cola»: la Fundación se quedó sin recursos para su sostenimiento, lo que le impidió a la entidad poder continuar con su tarea. De tal forma, en 1993, a menos de 10 años de sus inicios, el establecimiento debió suspender transitoriamente sus actividades, a la espera de conseguir aportes económicos que le permitieran subsistir.
Pero no fue así. Al quedar la Fundación sin dinero para afrontar los gastos, se fueron acumulando deudas por impuestos municipales y servicios, lo que dio lugar a una intimación de la Municipalidad para que se abonaran los mismos. Y comenzaron los juicios.
En el año 2000, los vecinos del barrio donde está situada la Escuela alertaron por la situación de la misma y denunciaron la presencia de intrusos, es decir usurpadores, que habrían ingresado al lugar. Una práctica habitual hoy día, pero que en aquel momento no lo era tanto.
Hecha la denuncia por los vecinos, personal municipal pudo verificar en aquel entonces la ocupación del lugar por parte de unas personas que se identificaron como «caseros».
Sin embargo, hay que destacar un aspecto legal sumamente importante.
El artículo 16 del Estatuto de la Fundación expresa que «si por cualquier circunstancia no fuere posible dar cumplimiento al objeto principal de la Fundación o después de cumplido, no pudiere proveer o contribuir a su mantenimiento» el Consejo de Administración podría resolver su disolución.
En función de ello, el citado artículo establece en principio que sus bienes serían donados a la Cooperadora del Asilo Escuela que se iba a construir en la calle 210 entre Gaboto y Elcano de la ciudad de Mar del Plata; proyecto que por supuesto nunca llegó a concretarse.
Asimismo, en su parte final, el artículo expresa respecto a la donación de los bienes: «Y en su defecto, a la Provincia de Buenos Aires, para que los aplique, siempre que lo considere viable, oportuno o conveniente, a la misma escuela y/o a otra similar para niños no videntes y disminuidos visuales, por ser esta la intención del Fundador, sin perjuicio de lo cual deja a la Provincia de Buenos Aires, libre criterio para resolver el destino».
Ante la clásica burocracia estatal argentina, nunca llegó a concretarse el traspaso a la Provincia, lo que llevó a la disolución de hecho del Consejo ante el fallecimiento de varios de sus directivos. Y la escuela quedó a la deriva, sin que a nadie le importe.
Pero esto sigue. En el año 2006, personas desconocidas ajenas a quienes integraron el último Consejo de Administración, habrían presentado un escrito en la Dirección Provincial de Personal Jurídicas intentando aparecer como continuidad de dicha institución.
Finalmente, el 25 de octubre de 2010 se inició la causa ANDINO ELISA LUCINDA Y OTRO C/FUNDACION FRANCISCO MARTINO STABILE S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA BICENAL DEL DOMINIO DE INMUEBLES EXPTE: -2824-2010, que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial 8 de la ciudad de Mar del Plata, a cargo del dr. Hernán Félix Krzyszycha.
¿Qué pedían los actores, es decir, Elisa Andino? Quedarse con el predio ante el estado de abandono del mismo por parte del Estado. Y también de la Fundación, que ya se había disuelto.
A través de la figura jurídica de Usucapión, solicitan adquirir el bien por el paso del tiempo. Como explica un abogado consultado, “en términos prácticos, es la forma de pedirle al juez que te declare dueño de algo y poder escriturar”. Para ello, se debe acreditar 20 años de posesión pacífica e ininterrumpida.
Pero en 2013., la actora falleció y la causa no registró más impulso por parte de estos, exactamente desde el 10 de octubre de 2018.
Ante ello, se presentó la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, Delegación Mar del Plata, pidiendo lisa y llanamente la caducidad de instancia, es decir, que el proceso se termine y el edificio vuelva a la Provincia.
Pero el juez no les hace lugar por una serie de cuestiones procesales que aún no se cumplieron por parte de la propia Fiscalía. Concretamente, “se advierte que queda pendiente la vista dispuesta en fecha 26/11/2018. Asimismo, se encuentra pendiente la notificación dispuesta en fecha 07/07/2023 a la contraria y a la Asesoría (art. 34 y 36 del CPCC)”.
Este despacho es del 14 de junio último, en respuesta a un nuevo pedido de la Fiscalía de Estado, a cargo de los dres. Luciano Ricci y Horacio Cartolano.
Como sea, la cuestión es que la escuela continúa usurpada, y no parece que la cuestión fuera a resolverse fácilmente, habida cuenta del tiempo transcurrido.
En el medio, 120 chicos de otro Escuela Especial para ciegos, la 504, desalojados dos veces, en 2012 y hace pocos días, sin edificio propio ni alquilado, como ya contó este medio. (https://elobservadoronline.com.ar/una-escuela-bonaerense-para-chicos-ciegos-debio-mudarse-de-urgencia-ante-el-temor-a-un-desalojo-por-no-tener-contrato/)
Como escribió en noviembre de 2011, hace casi 13 años, el entonces diputado socialista Carlos Nivio, al presentar una iniciativa legislativa reclamando que el Poder Ejecutivo -a través de las dependencias que correspondan-, adopte las acciones necesarias para tomar posesión del establecimiento.
“Sería imperdonable que, por cuestiones administrativas o burocráticas, el Estado permita que tan notable obra, fruto del empeño de un destacado benefactor junto a un grupo de personas imbuidas también de un gran espíritu solidario, sea ocupado y utilizado”.
Todo dicho.
Fuente Periodico Tribuna
