El Gobierno de Javier Milei eliminó la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”, que se había creado con el decreto 715/2004.
Esta unidad funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y asistía en las investigaciones relacionadas con la apropiación de menores por parte de la última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La decisión, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ocurre luego de que se revelara la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a represores condenados por delito de lesa humanidad al penal de Ezeiza. Entre ellos, Alfredo Astiz.
“Violación del derecho a la intimidad”
El decreto argumenta que la unidad implicaba una “delegación de facultades” exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
Milei y su ministro consideraron que la posibilidad de acceder a archivos de las fuerzas armadas y de seguridad sin necesidad de una orden judicial era una “violación del derecho a la intimidad”.
Asimismo, se subrayó que la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.
Fuente El Cronista
