Otra posible derrota en el Senado en una sesión en la que Villarruel busca escapar del escándalo por las dietas

En medio del escándalo por el nuevo incremento de las dietas de los senadores, la pelea de Victoria Villarruel con Javier Milei por el pliego del juez Ariel Lijo como aspirante a la Corte Suprema y tras el rechazo en Diputados del DNU que amplía los fondos de la SIDE, el Senado se dispone a tratar una batería de proyectos de ley entre los que se encuentra la nueva fórmula para las jubilaciones. Ese es otro un tema que preocupa a la Casa Rosada y por el que el Presidente acusó de terroristas fiscales a los legisladores nacionales. Ya amenazó con hacer uso de su derecho al veto.

De concretarse la sanción de la ley previsional significaría una nueva derrota para el Gobierno nacional. La Vice había intentado dilatar la definición mientras se negociaban cambios a la iniciativa. Probablemente este jueves la Cámara Alta dé su aval a la media sanción que llegó de Diputados donde el oficialismo sufrió varios contratiempos.

En reunión de Labor Parlamentaria los jefes de todos los bloques acordaron arrancar este jueves con la sesión ordinaria en la que se discutirán proyectos de ley que venían trabajándose en comisión. A partir de las 11 Villarruel pondrá en consideración una serie de acuerdos, la designación de cónsules, la transferencia de una serie de inmuebles del Estado, el proyecto de ley que tipifica la trata de menores y la actualización de jubilaciones y pensiones. También una de las propuestas para retrotraer la suba de las dietas.

Entre los puntos salientes de la movilidad previsional y de la seguridad social, se incluye un aumento cada mes de marzo del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del índice de Precios al Consumidor el año anterior. Y se dispone, por única vez a partir de abril de este año, de un incremento compensatorio adicional del 8.1% cumulativo al 12,5% previsto en el DNU firmado por Milei.

¿Cuánto bajan las dietas?

En la misma sesión se tratará el expediente que deja sin efecto el último aumento de las dietas según lo propuso la Vicepresidenta. Se trata de un proyecto de resolución que cuenta con las firmas de senadores de distintos bloques (UCR, las dos bancadas de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, los federales y provinciales e incluso algunos del PRO). La iniciativa promueve la suspensión de la actualización del valor del módulo con el que se calculan las dietas para el periodo que va del 1 de agosto al 31 de diciembre. De esta manera se mantendría el aumento del 18 de abril que también generó polémica.

Al no tener dictamen de comisión hacen falta dos tercios de los votos para bajar las dietas.

Al pie del proyecto figuran las firmas del salteño Juan Carlos Romero; el misionero Carlos Arce; Guadalupe Tagliferri por el PRO; el correntino Carlos “Camau” Espínola; los peronistas Juliana Di Tullio y José Mayans; los radicales Eduardo Vischi y Pablo Blanco y también Ezequiel Atauche, jefe de la bancada de LLA.

Luis Juez es uno de los senadores más molestos con la suba de las dietas

En cambio el otro proyecto, el del PRO que promueve el cordobés Luis Juez, será debatido en la sesión especial convocada a continuación de la primera sesión. En este caso no solo se suspendería la aplicación del enganche de la paritaria legislativa con la dieta de los senadores sino que también se retrotraería el aumento anterior votado a mano alzada el 18 de abril.

La última suba acordada por los empleados del Senado fue de 6.5% lo que llevaría a los senadores a cobrar casi $ 9 millones en bruto.

En el caso de que se apruebe el proyecto firmado por la mayoría de los bloques, la dieta quedaría en unos $ 5.000.000 en mano. Pero, si en la sesión especial se retrotrae todo como quieren Juez y una parte del PRO, las dietas bajarían a menos de $ 2.000.000, el monto cobrado en marzo.

Tope para los tres poderes

Por otra parte con la firma de José Mayans y acompañado por Carolina Moisés y María Teresa González, Unión por la Patria propone fijar un tope máximo a los sueldos de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, desde el Presidente de la Nación a los miembros de la Corte Suprema, órganos extrapoderes y también a quienes tienen los más altos haberes en organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional y Empresas y Sociedades del Estado. Se incluye a Presidente, Vicepresidente, Jueces de la Corte, senadores, diputados, el Procurador General, l Defensor General, los integrantes del Consejo de la Magistratura, de la Auditoría y el Defensor Pueblo Nación. También al personal del servicio exterior.

José Mayans saluda al juez Ariel Lijo en la audiencia por su postulación para la Corte Suprema

El tope que se fijaría es de no más de 20 Salarios Mínimos Vital y Móvil (hoy de $ 254.231,91) lo que hoy equivaldría a $ 5.084.638,2

Para las remuneraciones de autoridades superiores y jerárquicas (ministros, secretarios, subsecretarios, cargos equivalentes del PEN, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y otras entidades) se fijaría un topo de 15 Salarios Mínimos, es decir $ 3.813.478,65

Fuente El Cronista