Milei firmó el veto total al proyecto de movilidad jubilatoria después de la cumbre en Casa Rosada

El presidente Javier Milei firmó este viernes por la noche el veto al proyecto de movilidad jubilatoria que fue sancionado en el Senado la semana pasada. Es la primera ocasión en la que el jefe de Estado usa ese recurso desde que asumió en la gestión nacional. Antes de hacerlo, el libertario reunió a dirigentes oficialistas y diputados aliados para aceitar la táctica legislativa por si es que el Congreso decide insistir en la reforma previsional.

La decisión será oficializada mediante un decreto en el Boletín Oficial del próximo lunes. En un comienzo, se había estipulado que saldría entre el jueves y el viernes de esta semana; pero afirmaban que no se dieron los tiempos para la redacción final del veto.

“No se demoró el decreto, hay tiempo. ¿Para qué apurarlo?”, indicaban voceros oficiales este viernes. En realidad, Milei quería explicarles el veto y la decisión a los principales líderes de bloque aliados que tiene el Gobierno, a quienes convocó en un encuentro en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Fue una cumbre importante de alto vuelo. Al principio solo se esperaba la presencia de algunos diputados opositores, pero eso creció en las horas previas.

Del encuentro con legisladores del PRO, el MID y La Libertad Avanza (LLA) participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el vicejefe de Gabinete Interior, Lisandro Catalán.

Por del bloque libertario asistieron el jefe de bancada Gabriel Bornoroni y los diputados Nadia Márquez, José Peluc, Pablo Ansaloni, Nicolás Mayoraz, José Luis Espert, Lisandro Almirón, César Treffinger y Bertie Benegas Lynch. En tanto, del partido amarillo fueron Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Silvana Giudici, Diego Santilli y Alejandro Bongiovanni. De parte de la bancada del MID asistió Oscar Zago, quien presidió el bloque de La Libertad Avanza durante los primeros meses de la gestión mileista.

Luego del encuentro se habló en términos de “respaldo” por parte de los dirigentes “no oficialistas” con quienes se reunió. Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en Diputados, dijo que su fuerza va “a respaldar” la decisión del presidente, tal como lo había adelantado Mauricio Macri. “Ratificamos lo que ya fue expresado por nuestro presidente (en referencia a Macri), porque entendemos que hay un desvío y que tiene que ver con el déficit fiscal”, dijo.

Además, desmintió que haya existido una “grieta” con La Libertad Avanza: “Venimos acompañando desde el primer momento” y señaló que “el final del camino” será el de una unión más institucional. El oficialista Oscar Zago afirmó, por su parte, que el veto es para “no endeudar permanentemente a las generaciones que vienen”.

Un dato novedoso. Ritondo y Zago llegaron a la explanada de Balcarce 50 en el mismo auto. Desde el bloque amarillo afirman que está cerca la oficialización de un interbloque entre ambos espacios. “Ya actuábamos en tándem desde hace tiempo”, afirman cerca de ambos.

Es la primera acción del largo proceso que podría producirse por el veto. Después del rechazo, el Congreso tendrá la posibilidad de insistir con la sanción del proyecto; debiendo conseguir los dos tercios de los votos en ambas cámaras para imponer la promulgación. Si no lo consiguen, se mantiene el veto y el proyecto no puede volver a tratarse hasta 2025.

El viernes pasado, Milei aseguró en una disertación con la Bolsa de Comercio de Rosario que el costo fiscal de la Ley de Movilidad Jubilatoria que votó el Congreso es de 370.000 millones de dólares, y que ante esa “bestialidad de brutos” perpetrada por los “degenerados fiscales” de los legisladores, el Gobierno no va a “entregar el déficit cero” ya que “la mejor política social es bajar la inflación”.

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), una eventual ratificación del proyecto significaría un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año. No es la proyección que difunden desde la Oficina del Presidente (OPRA), que la semana pasada dijeron que la ley “implica un gasto del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes”.

“Lo que ha intentado hacer el Congreso es romper el programa económico. Primero, porque mienten, son basuras deshonestas intelectualmente. Hoy los jubilados ganan más que cuando nosotros asumimos en términos reales, por encima de la inflación”, buscó excusarse el fin de semana el Presidente en declaraciones a Radio Mitre.

Fuente El Cronista