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Los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone estuvieron pocos días juntos en el país ya que se fueron de viaje; desde junio, no resuelven la nulidad que se planteó en la causa Cuadernos y ya tres empresarios pidieron el pase de su caso al fuero electoral
En la jerga de los delincuentes, es común una conducta inmediatamente después de un robo: dormir una carga. ¿Qué significa en el vocabulario del hampa? Pues dejar quieto un botín a la espera que nadie lo reclame. Cuando pase el tiempo y reine la calma, entonces sí, disponerlo.
Algo así sucede en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques. Ellos fueron los que sostuvieron que los 16 pagos realizados por el constructor y primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, pese a haber sido realizados a escondidas, en negro, en un subsuelo, en dólares y en bolsos, en realidad, fueron aportes de campaña. En esos despachos calcularon mal el impacto de aquella decisión. Y semejante polvareda que se levantó en la opinión pública los asustó. En Tribunales están convencidos que ahora postergan la decisión que tienen que tomar desde junio respecto de si se anula o no aquel polémico fallo. Enfrían la carga; calculan los tiempos y esperan pacientes que las miradas estén puestas en otras cuestiones judiciales, todo para diluir el resultado de la sentencia que deben.
La historia es conocida y aquel capítulo, que podría resumirse como la aceptación judicial de la corrupción y el financiamiento espurio de la política, se escribió a mediados de junio. En ese momento, Mahiques, Barroetaveña y Petrone le pusieron la firma al polémico fallo que decidió abrir la puerta para que Calcaterra termine el proceso en el fuero electoral, con un trato distinto. No es lo mismo ser corrupto que infractor electoral y pasar de cometer un delito a ser un olvidadizo que no pidió el recibo del aporte de campaña.
Pocos días después de la decisión, el fiscal Raúl Pleé pidió nulidad de aquella resolución dado que una de las partes, la Oficina Anticorrupción, no había sido llamada a opinión antes de que se tomó la decisión de sacar a Calcaterra y a su CEO, Héctor Javier Sánchez Caballero del fuero penal y endosar el juicio al electoral. En ese escrito, además, pidió suspender los plazos, de 10 días hábiles, para recurrir a la Corte Suprema para terminar el asunto.
Desde entonces, la Sala I no ha fallado y tampoco ha permitido la apelación para elevar el caso. Es verdad que temporalmente, los jueces han coincidido poco en el país. Uno de ellos, a las pocas horas de aquel fallo, tomó un avión para Estados Unidos y disfrutó de la Copa América de fútbol que, finalmente, ganó la selección argentina. Otro, aprovechó la feria y emprendió un promisorio viaje familiar por el exterior. Cuando los tres estaban en el país, uno partió a Roma, donde la semana pasada fue atendido por el Papa Francisco en una audiencia privada en la Biblioteca del Vaticano. Petrone, de él se trata, estuvo junto a Jorge Bergoglio acompañado de Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti. Ni la Santa Sede ni los jueces hicieron público si el magistrado de la Sala I le contó al Papa sobre su teoría sobre los aportes de campaña en la Argentina. Diversión, viajes familiares y visitas protocolares impidieron que los magistrados coincidan en Comodoro Py por muchos días. De paso, enfriaron el asunto.
Según pudo saber LA NACION, en aquella decisión de junio hubo un líder, que llevó la delantera en la iniciativa de abrir la ventana electoral. Otro escuchó los argumentos y se unió rápidamente y el tercero, fue algo más remiso. Finalmente, fue evangelizado por la mayoría cuestión de que el fallo sea dictado por unanimidad.
Desde entonces, quedó abierta la puerta de salida que podría beneficiar a decenas de empresarios y funcionarios que reconocieron haber pagado dinero en negro a emisarios del gobierno kirchnerista. Para que se entienda, en vez de juzgarlos por corrupción les permitió que el despacho que los reciba sea el de la justicia electoral, ostensiblemente menos duro con la pena. De hecho, todo estaría prescripto en este fuero. Es nada más y nada menos que pasar de un delito criminal a una simple infracción, algo así como validar la argumentación de que son unos descuidados, que no pidieron recibo por el dinero que entregaron en bolsos y en efectivo para ayudar desinteresadamente a los candidatos oficialistas que competían por mantenerse en el poder. Nunca una coima; apenas la suscripción de un bono contribución y el olvido de retirar el talón.
Semejante estructura podría terminar en que la Argentina jamás tenga un culpable por corrupción. La sola mención de una campaña generará un salto del fuero criminal. La coartada es perfecta, tanto para los que pagan como para los que cobran. La casta ríe a carcajadas.
De hecho, ya son varios los que han intentado servirse de la misma tangente. Armando Loson; Hugo Dragonetti, un constructor muy cercano a Sergio Massa, y Jorge Balán ya pidieron que se los considere aportantes de campaña.El caso de Loson es paradigmático. Armando, el bodeguero y dueño de la empresa energética Albanesi, es uno de los arrepentido que contó con lujo de detalle la forma en que fue presionado por los funcionarios del exministerio de Planificación Federal y cómo accedió a pagar.
“Por el hecho de ser una empresa importante, aunque no perteneciéramos a la obra pública, fuimos víctimas de requerimientos de dinero, sobre todo para las campañas, por eso las fechas que se me imputan son durante los años 2013 y 2015, reconoció el empresario en sede judicial. Es cierto que hubo más de una entrada a la cochera para retirar el dinero, pero fue porque no le di toda la plata junta. Tenía que cumplir porque las presiones eran muchas. El que manejaba los pagos de Cammesa hacia la empresa también era Roberto Baratta. Él decía quien cobraba y quien no y Baratta me corría con los pagos. Me decía: ´´Mirá que tenes que cobrar, que la cosa viene dura´. Yo le decía que iba a cumplir, pero que no tenía todo el dinero junto. Antes de las entregas, Nelson Lazarte [secretario de Baratta] me llamaba para ver si podía pasar. Él era mi contacto. Siempre las entregas se las hice a Nelson, que pasaba en un auto con chofer que era un Toyota Corolla color gris…”, contó en la causa.
Es verdad que alude a las campañas, pero no menos cierto es que dice que le aportaba para que le saquen los pagos, es decir, había una contraprestación del regulador a favor del empresario.
En la Sala I están en una encrucijada. Los jueces viajeros buscan variantes para que la decisión pase lo más desapercibida posible. Uno de los posibles escenarios que plantearon es negarles a estos tres solicitantes, Loson, Dragonetti y Balán, el viaducto de salida electoral que sí le ofrecieron a Calcaterra. Semejante discrecionalidad los dejaría peor plantados que antes. Sucede que, si están convencidos de la su argumentación, pues no habría razón para no hacerla extensiva a casos similares. Pero no hay tanto apego a la igualdad ante la ley en esta Sala, más bien intentan dar una señal de que no será el fin de la causa Cuadernos y que aquel traje a medida se confeccionó para uno sólo. Todo parece peor si se opta por este camino.
En su caso, si no hacen lugar a la nulidad que les planteó Pleé, pues volverán a quedar en medio de la polémica y empezarán a correr los plazos para recurrir a la Corte. Con solo mirar los antecedentes del máximo tribunal, es muy probable que aquella decisión de Mahíques, Barroetaveña y Petrone sea revocada. Hace poco tiempo, en un caso en el que se juzgaba la toma de terrenos del Ejército por parte de una comunidad Mapuche, la Corte dictó la nulidad porque no había sido notificada la provincia de Neuquén. La aplicación de ese antecedente barrería por completo la solución de la Sala.
Por el contrario, si hacen lugar y anulan su decisión, ya no podrán volver a intervenir. Tachado el traje a medida de Calcaterra y Sánchez Caballero, deberían llamar a la parte olvidada y volver a decidir. En ese caso, cualquier abogado con una mínima experiencia los recusaría por haber fallado anteriormente sobre la misma cuestión. No la tienen fácil.
Podría pasar, también, que la Cámara no anule su propio fallo, la corte lo confirme y finalmente, esa conducta quede encuadrada como aportes electorales. Semejante argumentación podría terminar en que la Argentina jamás tenga un culpable por corrupción. Nunca más. La sola mención de una campaña generará un salto del fuero criminal. La coartada es perfecta, tanto para los que pagan como para los que cobran. La casta ríe a carcajadas.
En medio de este debate sobre los eventuales sobornos que se investigan en la causa Cuadernos, Mayra Arena, una dirigente peronista y consultora política, habló de la corrupción buena, la que ella “banca”, la que se paga cuando se construye obra pública. La consagración del “roban pero hacen”, el complemento perfecto para el “pagan aportes de campaña y no coimas”.
No existe empresario, al menos que este cronista conozca, que internalice la coima. El precio del soborno se descuenta por dos maneras: sobreprecios o calidad de la obra. Es decir, se presupuesta más o se baja el costo con trabajo, materiales o soluciones de menos valor. ¿Qué es eso sino robar al Fisco?
Por ahora, la puerta que abrieron los magistrados viajeros de la Sala permanece abierta en la causa Cuadernos, un verdadero relato de corrupción a cielo abierto en el que los protagonistas narraron cómo era la operatoria. El expediente podría terminar en nada, pese a que empresarios y funcionarios reconocieron que le pagaron o cobraron millones. Reguladores y regulados; contratistas y contratados, una verdadera orgía de intereses llena de billetes. Para los tres jueces de Casación, en ese escenario de subsuelos, dólares y bolsos no hay corrupción. Interpretan que de un lado hubo descuidados que no entregaron el recibo de un aporte de campaña, y del otro, olvidadizos que no lo reclamaron y no lo asentaron en sus cuentas. Fallar a derecho, aunque no sea simpático, es una cosa; tomar por estúpida a una sociedad, otra muy distinta.
Fuente La Nación
