Por Hugo Flombaum
La democracia representativa nace sobre la base de tener tres poderes independientes que equilibran el poder del estado.
Hay muchas formas en las que se materializó este supuesto que abarca a buena parte de Occidente y algunas democracias de Asia y África.
En sus constituciones las hay donde el Poder Ejecutivo tiene origen parlamentario, otras en las cuales se eligen en el mismo momento los poderes ejecutivos (PE) y legislativo (PL). Otras con sistemas de balotaje que descalzan uno y otro momento. Otros con elección indirecta para el PE. Otros que establecen la duración de los mandatos en forma diferenciada y en el mismo momento.
También hay sistemas electorales uninominales para sus representantes, por boleta de partidos políticos, boletas únicas, de papel o electrónicas.
Analicemos como inciden estas diferencias.
Los gobiernos parlamentarios tienen dos características que las distinguen, sectores políticos fuertes e institucionalizados y un estado con un rumbo muy acordado.
Pensemos que Francia en este momento está sin gobierno después de las últimas elecciones y el curso de la nación continúa sin sobresaltos. Imaginemos países que no cumplen las dos condiciones que citamos, en esa situación, como Argentina, el caos sería fantástico.
Los países que tienen elección simultánea, renovación por mitades y elección indirecta, como los EE. UU., cumplen con el requisito de partidos muy organizados y con elecciones de candidatos que responden a cada estado, con un régimen federal de nacimiento, lo que garantiza un parlamento representativo y un colegio electoral también en correspondencia con cada estado.
Uruguay es un país unitario y tiene mandatos idénticos de ambos poderes, lo que hace que se elijan el cien por cien del parlamento en conjunto con la elección presidencial. El espíritu de esta modalidad es que se garantice que el parlamento y el Poder Ejecutivo tengan una armonía relativa.
Argentina en su última reforma constitucional modificó una parte del esquema inicial sin darle coherencia al conjunto de normas para conformar los dos poderes políticos del país. Se anuló la existencia del colegio electoral sin poner en paralelo los mandatos de ambos poderes. Eso causó tremendas consecuencias.
Los partidos se debilitaron y el Poder Ejecutivo debió recurrir a negociaciones «non santas» para lograr sus objetivos con el parlamento. Recordar el gobierno de De la Rúa y su relación con el vicepresidente, Nestor Kirchner, con Scioli, Cristina Fernández con la resolución 125. Hasta llegar a la situación actual.
Hoy tenemos un PE legítimo con una presencia en el parlamento mínima, con un presidente que no está dispuesto a negociar para lograr sus objetivos expresados claramente en su campaña electoral y un parlamento que se encuentra jugando al tenis en una mesa de ping pong.
Preguntémonos, sin hipocresía, quién tiene más legitimidad de origen, ¿el presidente o los parlamentarios? Pensemos cuantos argentinos pueden conocer aunque sea el nombre de 10 diputados, ni siquiera le pidamos lo que piensan.
Del lado de la justicia que es un poder no político, aunque la elección de jueces y fiscales siempre tienen una relación con el poder político reinante en su región o del poder central. Es un poder que no debe ser alterado en su constitución y de esa manera tendrá, no en los mismos tiempos, la impronta de cada momento político,
Argentina tuvo una anomalía en esa norma, aprobada por la opinión pública en su conjunto, En 1984 se puso en disponibilidad a todo el poder judicial para expulsar a los jueces de la dictadura, obvio contó con mi beneplácito, pero hoy con el diario del lunes digo que no fue un el mejor camino.
Dos motivos me llevan a pensar esto, primero la dictadura representó un estadio de la opinión mayoritaria de nuestro pueblo, equivocada, pero opinión al fin y segundo generó el antecedente que en una gran cantidad de jueces se le impusiera el pensamiento de ese momento, bueno o malo rompió con la cadencia de las modificaciones de los jueces por el tiempo de sus funciones.
Hoy el PE de Argentina tiene una impronta acompasada con la opinión del momento y un parlamento que se descalza y por consiguiente no es representativo del pensamiento de la población que supuestamente debe representar.
Si a esto agregamos la ilegitimidad de los partidos y el pésimo sistema electoral que obliga a que los candidatos sean elegidos desde arriba hacia abajo, en función de quien tenga la lapicera, tenemos como consecuencia la situación actual, un enfrentamiento absoluto entre el PE y el PL que puede terminar con consecuencias muy dañinas para nuestra democracia.
Argentina necesita una reforma electoral que se logra con una ley y luego una reforma constitucional que establezca un sistema de relaciones entre los tres poderes que garantice que a su manera y a sus tiempos se corresponda con la opinión del pueblo.
No podemos quedar en manos de humores o intereses separados de la opinión del pueblo si queremos sobrepasar la tremenda crisis que en el mundo tienen los sistemas democráticos. Sistemas que deberán renovarse para poder administrar la realidad de esta era.
El universalismo cultural, comercial y de los circuitos financieros es irreversible, no fueron obra de los gobiernos sino de la tecnología y las comunicaciones. Los sistemas autocráticos por su esencia se acomodaron más rápido a los desafíos del momento, las democracias deberán hacerlo respetando sus normas y formas, pero deberán hacerlo para competir en ese universo irreversible.
La relación entre los oficialismos y la oposición es materia fundamental para el logro de una nación.
Si uno y otro, que se intercalan en forma periódica en uno u otro rol, no logran tener una relación que garantice la sanidad del estado y pongan los intereses del conjunto sobre los facciosos de cada sector, no es posible ni dictar una constitución estable ni normas que permitan una relación conveniente con los intereses globales universalizados.
Se escuchan a opositores planear derrocamientos sin comprender que la relación con los políticos de parte de la gran mayoría del pueblo hoy está en su mayor crisis.
Sin estabilidad normativa, monetaria y jurídica no hay relación posible con el mundo.
Fuente La City.com