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La Junta de Andalucía tiene previsto recusar a tres magistrados del Tribunal Constitucional para que no participen en la resolución del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que ha presentado este lunes, al igual que otras comunidades gobernadas por el PP .
En concreto, el Consejo de Gobierno andaluz, en una sesión extraordinaria, ha pedido apartar al presidente, Cándido Conde-Pumpido; al ex ministro de Justicia, exdiputado del PSOE por Cádiz y ex alto cargo en el gobierno de Manuel Chaves, Juan Carlos Campo , y a Laura Díez Bueso , que fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, en el Ministerio de la Presidencia entre febrero y 2020 y abril de 2022.
El denominador común es que todos han ocupado cargos políticos con gobiernos del PSOE , empezando por Conde-Pumpido, magistrado próximo a este partido que fue general del Estado con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la denominada Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024 y entró en vigor en junio.
La norma borra los delitos del proceso independentista de Cataluña desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.En la misma sesión del máximo órgano del Ejecutivo regional, se ha acordado instar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a formalizar la recusación de los tres magistrados del Tribunal Constitucional, dados sus vínculos con el PSOE y su participaci´no en resoluciones relacioenadas con los indultos concedidos a los independentistas catalanes.
Argumentos jurídicosLa Junta argumenta que Conde-Pumpido debe apartarse para garantizar preventivamente el derecho con todas las garantías para quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones y para reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del Tribunal Constitucional en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En los casos de los magistrados , la Junta de Andalucía señala que ambos han ocupado cargos públicos del actual Gobierno e intervinieron en la formación de criterio para la deliberación y aprobación de los argumentos que motivaron los indultos parciales y en la fijación de criterio del Ministerio sobre la constitucionalidad tanto de estos indultos como de la propia Ley.
Fuente ABC
