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El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró a través de un video en redes sociales que la decisión de su cartera está orientada a la prohibición de aplicar tasas municipales en los servicios públicos y no a restringir la potestad de los distritos de fijar sus tributos.
“El Gobierno no les ha restringido la potestad de aplicar tasas municipales”, aclaró Caputo, quien detalló: “Lo que nosotros, en haras de la transparencia, hicimos es que no se pueden poner estas tasas dentro del cobro de los servicios publicos”.
El Ministro de Economía @LuisCaputoAr sobre la resolución vinculada al cobro de tasas municipales: “Estamos defendiendo la transparencia y a los ciudadanos”. pic.twitter.com/Fh5O1W5Esv
— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) September 11, 2024
La aclaración de Caputo surge luego de que anunciara la prohibición a los municipios de la inclusión de tasas propias en las boletas de los servicios públicos (agua, luz y gas) y se da en medio de las quejas que manifestaron muchos intendentes y de que se anticipara la posibilidad de que se judicialice la medida ya que se superponía con la potestad de los distritos de aplicar sus propias tasas.
“El ciudadano del municipio que sea, cuando paga la tarifa de luz o carga nafta, no sabe que ese aumento no viene del Gobierno nacional sino del intendente”, agregó el ministro y concluyó: “Estamos defendiendo la transparencia y al ciudadano, porque los aumentos que estamos viendo probablemente no tienen una justificacion”.
El anuncio del Gobierno detalló en la resolución 267/2024 que “las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”.
El incumplimiento, además, será pasible de sanciones según el régimen de penalidad que establece la Ley de Defensa al Consumidor y los distritos tendrán 30 días para adecuarse a la medida.
Según el Gobierno, estas prácticas “que se han tornado sistemáticas en municipios de la provincia de Buenos Aires y en distintas localidades y provincias del país, constituyen un incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor”.
Cómo impactan las tasas en tarifas
Antes del anuncio oficial, Caputo compartió en redes sociales la copia de una boleta en la que la carga impositiva subnacional ascendía a casi la mitad de la boleta, siendo estos por $11.109 y la boleta final por $23.947.
Importante! %uD83D%uDC47LOS MUNICIPIOS YA NO PODRÁN INCLUIR IMPUESTOS Y TASAS EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS. Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y… pic.twitter.com/jyld9jSCkE
— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2024
En el caso de la luz en la Ciudad de Buenos Aires, el recargo municipal asciende al 6%, similar a la tasa aplicada en las boletas en el municipio de La Rioja. En el caso de una boleta de luz de Vicente Lopez, la tasa municipal asciende al 6,42%, al igual que en Esteban Echeverría y Lanús. En el caso de Rosario, se incluyen tasas del 0,6% y 1,8%. El agua en este último distrito suma un “cargo solidario” del 5,70% para la realización de cloacas.
Cabe aclarar que en los servicios se incluye también el IVA al 21% que recauda el Estado nacional y otros tributos provinciales que suelen variar. En el caso de la provincia de Buenos Aires por ejemplo se suma un 4% de impuesto para obras eléctricas y la contribución provincial del 0,001%. En Santa Fe, el impuesto provincial es del 6%.
Desde el Gobierno señalaron que en algunos casos alcanzaron a ver aumentos que duplican el valor de la factura original, como en la imagen que compartió Caputo, aunque no se trata de una práctica lineal ya que depende de la cantidad de cargos que se apliquen en las boletas.
Especialistas del sector energético aseguraron que si bien hubo aumentos en las tasas aplicadas en las tarifas en el último tiempo, no alcanzan a representar esos valores, sino más bien, junto a los impuestos provinciales y nacionales, alcanzan a ser un tercio de la tarifa.
Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFIP) el 30% del valor de las facturas responde a conceptos que no están vinculados al servicio. La conclusión se desprende de un relevamiento de facturas de gas y luz de 41 municipios de 15 provincias.
En base a un relevamiento de facturas de gas y electricidad en 41 municipios distribuidos en 15 provincias, desde el @CEFIPunlp encontramos que, en promedio, 30% del valor de la factura se refiere a conceptos que no están vinculados con el servicio. Hilo para explicarlo: pic.twitter.com/LcRiLzfSbj
— CEFIP – Centro de Estudios en Finanzas Públicas (@CEFIPunlp) September 11, 2024
Cómo puede impactar
Desde el Gobierno señalaron que la fiscalización de la medida se realizará a partir del vencimiento, con relevamientos de las facturas y la autoridad de aplicación que es la Subsecretaría de Defensa al Consumidor que, llegado el caso, abrirá el expediente administrativo correspondiente. La penalidad se realizará sobre quien facture la tasa incorrectamente en la boleta.
Por otro lado, el exinterventor del ENRE, Walter Martello, analizó que es probable que se abra un frente de judicializaciones porque no puede legislar sobre jurisdicciones subnacionales ya que las provincias tienen leyes específicas que habilitan a sus municipios a fijar tasas.
Martello agregó que la medida puede derivar en la desfinanciación de los municipios y “generar una dependencia económica del Gobierno nacional”. Las tasas se aplican sobre los servicios públicos ya que tienen una cobrabilidad de casi 100%, pero Martello advirtió que un posible aumento de la morosidad podría sumar complejidad al escenario financiero de los distritos.
El exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, agregó que la resolución hace interpretaciones de la Ley de Defensa al Consumidor que no están incluidas en la norma, como la penalización por no incluir en el comprobante de bienes y servicios solo información vinculada al mismo. Al respecto, agregó que, para hacerlo, el Ejecutivo debería modificar la Ley de Defensa al Consumidor.
Fuente El Cronista
