Trabajo se abre a retrasar hasta un año la reducción de la jornada para atraer a la patronal

La mesa para la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media está a un paso de caer en un punto muerto, que puede ser el final o, por el contrario, ese momento agónico en el que siempre se forjan los acuerdos. Las diferentes bazas del Ministerio de Trabajo para irse ganando el apoyo de la patronal —la última, las bonificaciones a las pymes afectadas— no han movido, al menos públicamente, la posición de los empresarios, que insisten en que se decida en la negociación colectiva, y no por ley. Pero el ministerio no se rinde y, según fuentes sindicales, ha hecho un último guiño a CEOE y Cepyme: se abre a retrasar hasta un año la implantación de la norma. No obstante, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, ha desmentido “rotundamente”, a través de sus redes sociales, que vayan “a posponer la entrada en vigor de la reducción”.

Los planes iniciales del Ejecutivo contemplaban una jornada de 38 horas y media para 2024 y 37 horas y media en 2025, pero los agentes sociales llevan negociando nueve meses, así que ese escenario se antoja imposible. Además, una de las principales reivindicaciones de los empresarios es que las compañías tengan un tiempo de adaptación. En ese escenario, el Gobierno se ha abierto, según fuentes sindicales, a que las 38,5 horas entren en vigor el 31 de diciembre de 2024 y las 37,5 el 31 de diciembre de 2025, es decir, hasta un año después de lo previsto. La reducción se aplicaría al cómputo anual de horas trabajadas. Las mismas fuentes sindicales matizan que la idea seguiría siendo que las 37,5 horas se aplicasen 2025, como en el plan inicial del Ejecutivo, pero la fecha límite se extendería hasta el 31 de diciembre.

Tres no acuerdan si uno no quiere y, aunque CEOE y Cepyme jamás se han levantado de la mesa, las conversaciones se dirigen hacia un callejón sin salida si no lo evita este último movimiento, mientras se empieza a colmar la paciencia de los sindicatos: este jueves saldrán a la calle contra la patronal, y la próxima puede ser la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Si el 11 de octubre no hay avances, la negociación pasará a su fase más política. “Seguimos trabajando en la mesa de diálogo social”, ha expresado el secretario de Estado de Trabajo.

El Gobierno ha detallado a los agentes sociales este martes, en una larguísima reunión de cuatro horas, su última propuesta, que incluye bonificaciones en las cotizaciones sociales de los trabajadores indefinidos que las empresas de hasta 10 de empleados tengan que contratar para suplir las horas que se dejarían de trabajar con la nueva norma. Sin embargo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, no ha ofrecido ninguna información adicional a los periodistas, ni ha admitido preguntas, a diferencia de otras ocasiones. Junto a la extensísima duración del encuentro, esto podría ser un indicador de que se han producido algunos avances.

El Ejecutivo no se atreve a aprobar la reforma por miedo a una nueva derrota parlamentaria

Pérez Rey ha destacado el mejor talante de los empresarios, pese a que unas horas antes de la reunión, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvía a retar al Gobierno a legislar sin ellos: “Siempre se nos dice que nosotros somos los poderosos. Poderoso es el que tiene el Boletín Oficial del Estado. Que lo hagan“.

El Ejecutivo no se atreve a hacerlo en la situación actual, por miedo a una nueva derrota parlamentaria que dejaría tocada de muerte a la ministra del ramo. Díaz es consciente de que el concurso de la patronal resulta imprescindible para lograr el apoyo del Congreso. De ahí el órdago, semana sí y semana también, de la CEOE, que nunca se levanta de la mesa, pero hasta ahora la ha boicoteado desde todos los frentes. Esta vez, goza de la posición de fuerza, y la hará valer durante la larga espera de 17 días hasta la próxima reunión: ese es el plazo que tiene para estudiar la última propuesta del Ejecutivo.

El problema de Trabajo está, precisamente, en el tiempo: los meses pasan y, aunque el ministerio defiende ahora que no hay prisa —el posible aplazamiento de un año ayudaría—, la realidad empieza a caer por su propio peso. Si en la siguiente cita no hay avances, lo que hasta ahora se ha dirimido en el seno del diálogo social empezará a jugarse en la calle y en los despachos.

Los sindicatos han convocado movilizaciones para este jueves frente a la sede de la CEOE, para trasladar la presión a los empresarios. En sentido contrario actúa la presión de las pequeñas y medianas empresas, agrupadas en Cepyme. El ala más combativa de la patronal se ha opuesto frontalmente desde el principio a una reforma que, según sus cálculos, perjudicaría especialmente a las pymes, en sectores como la agricultura o la hostelería, donde la propia realización de la actividad depende del tiempo dedicado, por lo que es muy difícil que se genere una ganancia de productividad trabajando menos, como pregona Díaz. La posible llegada del PP al poder más pronto que tarde también desincentiva a la patronal a salir en la foto, aunque el último movimiento del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que este martes se ha mostrado dispuesto a estudiar una reducción de jornada si no lastra la productividad, puede dar un giro a los acontecimientos.

De momento, los sindicatos no ven demasiada disposición para la negociación. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, lo ha dejado muy claro este mismo martes, en un reparto de información a favor de la reducción que las centrales llevarán a miles de empresas a lo largo del territorio: “La CEOE no tiene voluntad ante la falta de apoyos parlamentarios. Las negociaciones están agotadas”.

Llegados a este punto, y si el 11 no se producen avances concretos, UGT y CCOO defienden que el orden tendrá que ser el opuesto al que hasta ahora ha seguido Trabajo: primero habrá que atar los apoyos parlamentarios, y solo entonces la CEOE se verá abocada a un acuerdo que, dicen, goza de un apoyo muy mayoritario entre la opinión pública. “Nos hemos dirigido a los partidos políticos para que nos apoyen; si lo conseguimos, la CEOE volverá a la mesa de negociación”, ha resumido Álvarez.

La estrategia de las centrales es doble: por un lado, reunirse con los grupos del Congreso para convencerles de las bondades de la reforma, y por otro, seguir sacando a la gente a la calle para demostrar a todos los actores implicados que existe un amplio apoyo popular. A la patronal, a los grupos parlamentarios, pero también al Ejecutivo. “El Parlamento tiene que posicionarse, no sirven excusas. No se trata de dar una bofetada al Gobierno, sino de conseguir que los trabajadores vivan mejor“, ha zanjado Álvarez.

Presión al Ejecutivo

Si en estas dos semanas no hay novedades, el ministerio se podría ver abocado a lanzarse a la piscina sin el aval de la patronal. De momento, la gira catalana de Díaz para atraerse a los empresarios no ha surtido efecto: la vicepresidenta no fue capaz de convencer la semana pasada ni a Foment ni a Pimec, dos organizaciones empresariales clave para lograr el apoyo parlamentario de Junts. El papel protagonista de los independentistas catalanes ha irritado a las centrales. “Si alguien pensaba que se iba a arreglar con un acuerdo entre bambalinas como al que ha llegado la CEOE con Junts se ha equivocado”, ha dicho Álvarez.

Ni siquiera el aval de la patronal es una garantía para lograr los apoyos en el Congreso

Pero ni siquiera el aval de la patronal es una garantía para la mayoría parlamentaria. Los sindicatos temen que los grupos más a la izquierda en la Cámara, como Bildu, ERC, BNG o Podemos, tumben una reforma light si huelen elecciones y deciden desmarcarse del Gobierno. No hay que olvidar que Bildu llevaba en su programa una jornada laboral de 32 horas, y que el reducirla a 37,5 apenas puede ser vendido en el País Vasco, donde el elevado peso industrial y sindical garantiza que la mayoría de los trabajadores ya la tengan en sus convenios. Tampoco que estos partidos ya han mostrado su oposición al reciente acuerdo con los últimos flecos de la reforma de las pensiones, en el que sí estuvo la patronal.

En ese contexto, sacar adelante la reforma en el Congreso se antoja la cuadratura del círculo, pero, si los empresarios no dan ningún paso —así ha sido hasta ahora —, seguir esperando se le puede hacer muy cuesta arriba a Díaz, sobre todo si los sindicatos cambian en algún momento las sedes de la CEOE por la del Ministerio de Trabajo como foco de sus protestas. Las centrales son conscientes de que tienen una oportunidad inmejorable para lograr, antes de que el PP regrese al Palacio de la Moncloa, lo que el propio número dos de Díaz califica como una reforma “como mínimo” para los próximos 40 años. Y no la van a dejar escapar.

​La disyuntiva de Díaz

La vicepresidenta segunda, que se juega su futuro político en esta apuesta, espera algún movimiento de la patronal en estas dos semanas para no verse abocada a una difícil disyuntiva: o bien arriesgarse a confiarlo todo a una mesa de negociación que está muerta mientras deja crecer el descontento ante otro proyecto que puede quedar en un cajón por la soledad parlamentaria del Ejecutivo, o bien lanzarse a negociar con los grupos sin el aval de la CEOE y ver qué pasa en otra votación agónica. Este martes, no ha dudado en recoger el guante de Feijóo, que quiere explotar el aislamiento del Gobierno para presentar su alternativa parlamentaria a las promesas frustradas de la coalición, también en materia de conciliación. “¿Quién se va a colocar en contra de una medida que es positiva para el país? Bienvenido al diálogo”, ha dicho Díaz en Telecinco, después de que el presidente del PP se mostrara a favor de estudiar medidas que reduzcan la jornada si no suponen una merma de la productividad.

Esto último se antoja muy difícil, sobre todo en algunos sectores, y por eso también es difícil el concurso de la patronal y, por consiguiente, el de Junts. Pero más difícil todavía era el dedazo del diputado popular Alberto Casero, que salvó la reforma laboral y la carrera política de la vicepresidenta segunda.

Fuente El Confidencial