Primer juicio en España por los muertos por covid en una residencia: «No sé si mi padre está en el ataúd»

Saber qué pasó y si se podrían haber salvado. Son algunas de las preguntas que buscan resolver los familiares de dieciochos ancianos -quince muertos y tres lesionados- por el coronavirus en la residencia para mayores Domus Vi de Alcoy . En el mismo brote fallecieron 73 de los 140 residentes, pero no todos acudieron a los tribunales.Desde este lunes es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de la localidad alicantina el que dilucida si se cometieron irregularidades en el centro desde el 8 de marzo y hasta abril de 2020, tras el estallido de la pandemia. Es la primera demanda civil de este tipo que llega a una vista oral en España. «Justicia para las víctimas. Dignidad para los residentes», podía leerse en la pancarta que portaban algunos de los afectados en la puerta de los juzgados. En las ocho sesiones del juicio, que se tuvo que suspender en febrero ante la falta de documentación y que se espera que concluya el 11 de octubre, desfilarán ante el tribunal más de una treintena de personas entre testigos y peritos. La denuncia de 46 familiares de 18 usuarios, presentada a finales de 2021, ponía el foco en una presunta mala gestión de lo ocurrido. Los afectados, organizados en una plataforma, apuntan a la falta de personal como uno de los factores clave en todo lo ocurrido y critican que no se trasladara al hospital a los enfermos o que se les sedara sin su consentimiento .En concepto de responsabilidad civil, reclaman a la empresa matriz, Quavitae Servicios Asistenciales, y a su aseguradora más de dos millones de euros en total. La compañía siempre atribuyó las muertes a la gravedad de una crisis sanitaria sobrevenida.Uno de los testimonios que se ha podido escuchar en la primera jornada de juicio ha sido el del doctor Manuel Pérez Bosch, que estaba al frente de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Fue él, junto a cuatro médicos más y catorce enfermeros, quien atendió a los enfermos más graves desde que la Conselleria de Sanidad intervino la residencia el 12 de marzo de 2020. Hasta entonces, ha lamentado, no se habían tomado medidas de aislamiento en el centro, pese a que era posible .Pérez Bosch ha relatado la «hecatombe» que se encontraron a su llegada: «Había pacientes que me pedían agua o me decían “Por favor, sáqueme de aquí”» . «Se nos negaba el teléfono» para informar a los familiares, ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que otras residencias más grandes lograron contener los brotes sin alcanzar esa letalidad.Su testimonio ha coincidido con el de cinco gerocultores, que han subrayado la descoordinación y la falta de personal en la residencia, así como el impacto que les producía el goteo de muertes y de coches fúnebres accediendo a las instalaciones.Imagen de archivo de la residencia Domus Vi de Alcoy en marzo de 2020 MIKEL PONCESin disculpasEn declaraciones a los medios en el exterior de la sede judicial, José Luis García, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Residencia Domus Vi de Alcoy y Concentaina, ha lamentado el «silencio» de la empresa y de la Generalitat en estos más de cuatro años: «No ha habido ningún tipo de disculpa. Siguen convencidos de que lo hicieron bien».García ha explicado que acordaron ir por la vía civil y descartaron la penal porque los abogados, tras reunirse con la Fiscalía, vieron «muy difícil» que el asunto prosperara, al enmarcarse los hechos en una pandemia mundial. Así les consta que ha ocurrido en otras demandas similares presentadas en España. Su único objetivo, ha aseverado, es que no se repita aquello que se pudo evitar.MÁS INFORMACIÓN noticia No Familiares de ancianos demandan a la residencia de Alcoy donde hubo 73 muertes por el coronavirusSilvia Peris, hija de uno de los fallecidos ha recordado el «infierno» que vivió: «A mi padre ni lo vi, ni me despedí, ni sé si está en el ataúd. Lo dejé el 8 de marzo y ya no lo he vuelto a ver» . Otros afectados han aludido también a las «muchas mentiras» que recibían sobre la salud de sus allegados, la «desesperación» ante el «caos» y la «incomunicación» que sufrieron las propias víctimas. 56 de ellas murieron en solo dos semanas.La Generalitat Valenciana otorgó en 2002 la concesión administrativa de la residencia ubicada en un antiguo hospital, que ha estado gestionada por varias empresas, por un periodo de 45 años. El Gobierno autonómico reservó parte de las plazas disponibles para incluirlas en el sistema público. Aunque en noviembre de 2020 se anunció su reversión al sistema público, el Consell de Ximo Puig no pudo llevarla a cabo.
Fuente ABC