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Tras las masivas marchas de este miércoles en defensa de la universidad pública en todo el país, el Gobierno publicó hoy el veto a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.
Tal como ya había adelantado el presidente Javier Milei, lo hizo a través del Decreto 879/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial. Entre sus argumentos, el Gobierno sostiene que la ley violaría la normativa presupuestaria al no especificar la fuente de financiamiento para los incrementos salariales y gastos que propone.
Este jueves era el último día que Milei tenía para vetar la Ley Nº 27.757 aprobada a mediados de septiembre por el Congreso, cuyo objetivo es el de garantizar un mayor presupuesto a las universidades públicas gestionadas por Nación, junto a una recomposición salarial para todos sus trabajadores, tanto docentes como no docentes.
Milei ya había adelantado su veto al proyecto que buscaba blindar a las universidades frente al ajuste fiscal llevado a cabo por el Gobierno en los últimos meses. Según su postura, la ley “no contempla una partida presupuestaria específica y atenta contra el equilibrio fiscal”.
Esto mismo remarca el DNU publicado hoy en el Boletín Oficial, el cual considera que sería “imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes” de entrar en vigencia esta ley.
Como justificación, el veto que porta la firma de Javier Milei y todo su Gabinete hace énfasis en que el proyecto “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el aumento a docentes y trabajadores, junto al mayor presupuesto a las universidades supondría una erogación del 0,14 % del PBI, es decir, unos $ 738.595 millones.
Ahora, tal como dispone el artículo 2° del DNU de este jueves, el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación para que este acepte el veto o insista en su sanción.
Para que la insistencia en la sanción sea positiva, tanto Diputados como Senadores deben coincidir con dos tercios de los votos, lo que promulga la ley pese al veto de Milei. Caso contrario, el proyecto de financiamiento universitario caerá en su totalidad -dado que no es un veto parcial- y este no se podrá volver a tratar en las sesiones legislativas del 2024.
Veto al financiamiento universitario: la justificación del Gobierno
El Decreto 879/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial con el veto del presidente Javier Milei al proyecto para aumentar el financiamiento a las universidades públicas del país incluye en sus considerandos una serie de argumentos para justificar la postura del Gobierno.
Estos se centran en el impacto fiscal del proyecto y en la presunta “defensa” de la negociación salarial colectiva de los trabajadores estatales como mecanismo para la actualización de los ingresos de los docentes: los detalles.
Impacto fiscal
Según el Gobierno, el proyecto no contempla el impacto fiscal de las medidas propuestas ni identifica las fuentes de financiamiento para cubrir los gastos adicionales que generaría.
Por ende, considera a la ley “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente”, ya que la Ley de Administración Financiera exige que cualquier ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar de dónde provendrán los recursos.
De aprobarse esto, el DNU señala que la implementación requeriría aportes adicionales del Tesoro Nacional, ya que el presupuesto actual de la Secretaría de Educación no incluye los créditos necesarios para cubrir los gastos propuestos.
Según los cálculos dispuestos en el veto, la aplicación de la ley de financiamiento universitario supondría un gasto adicional de aproximadamente $ 811.569 millones, a diferencia de los $ 738.595 millones calculados por la Oficina de Presupuesto del Congreso
Negociación colectiva de los salarios
El Gobierno considera que la Ley Nº 27.757 establecería un privilegio para el personal de las universidades nacionales, ya que estos recibirían un incremento salarial retroactivo del 87 % entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, mientras que el resto del personal de la Administración Pública Nacional solo obtendría un 78 % en el mismo período.
El veto dispone que “los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”, a diferencia del proyecto de ley, el cual propone una reconstrucción salarial para docentes y no docentes en base a la inflación acumulada desde fines del año pasado.
Según el Gobierno, la actualización de los salarios en base al IPC “evidencia una incongruencia respecto a la negociación colectiva de trabajo y a la gestión de la Administración Financiera Pública”.
Cabe señalar que, en los últimos meses, los salarios estatales fueron de los más golpeados, con porcentajes muy bajos o nulos que -entre otras cuestiones- hoy mantienen abierto un conflicto entre ATE y el Gobierno.
Argumento político
En línea con el discurso que el Gobierno sostiene respecto a la marcha universitaria y la ley de financiamiento, el DNU asegura que se trata de una acción política cuyo único fin es deñar su imagen.
El proyecto “no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”, asevera el veto.
La Marcha Federal Universitaria: otra jornada masiva
El veto presidencial generó una fuerte reacción por parte de la comunidad universitaria, que considera que el Gobierno está desfinanciando la educación pública. A raíz de esto, este miércoles se llevaron a cabo masivas movilizaciones al Congreso y en distintos puntos del país para protestar contra la decisión.
En el acto principal en CABA, los rectores de las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), expresaron su rechazo al veto y solicitaron la “urgente sanción y promulgación” de la ley.
Para ello, argumentan que el Gobierno no financió ningún proyecto nuevo de investigación en los primeros ocho meses de gestión, lo que pone en riesgo la calidad educativa.
Ahora, el proyecto de ley regresará al Congreso, donde los legisladores tendrán la posibilidad de aceptar el veto o insistir en su sanción. Si se logra reunir una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, la ley se promulgará a pesar del veto presidencial.
Fuente El Cronista
