No habrá bajas flexibles. Al menos no de la manera en que lo sugirió hace unos días la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, levantando una polvareda entre la opinión pública. La intención del Ejecutivo es que cualquier reincorporación al puesto de trabajo tenga que tener el aval de un médico, a diferencia de la voluntariedad que se planteó inicialmente. Sin embargo, será en la mesa del diálogo social constituida este lunes para abordar la incapacidad temporal donde se acabe de perfilar la propuesta. De momento, está en una frase embrionaria, aunque ya tiene la oposición frontal de los sindicatos y del departamento de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz.
Saiz lanzó la idea en un momento de récord de bajas por incapacidad temporal tras la pandemia y máximos del gasto de la Seguridad Social por este causa (10.400 millones de euros en lo que llevamos del año, un 18% más que en 2023 y un 76% más que los registros precovid). Sin embargo, tras el globo sonda han llegado las rebajas.
Este lunes, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha explicado tras la reunión con los agentes sociales que cualquier cambio en el estado de la incapacidad temporal conllevará una supervisión médica. Y, en todo caso, la “gradualidad” en la incorporación del trabajador tendrá lugar tras recibir el alta. Será en ese momento cuando el empleado podrá compatibilizar la prestación por incapacidad temporal y el salario, a través de la fórmula que se arbitre como resultado de la negociación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.
Esto significa que el trabajador no se podrá reincorporar por su propia voluntad, como se llegó a especular tras el primer anuncio de la ministra. No habrá, por tanto, “una incapacidad temporal que no sea estar de alta o estar de baja“, como había sugerido Saiz. Las bajas seguirán siendo bajas y las altas, altas, y solo tras estas se podrá abordar en qué condiciones se produce la reincorporación.
El Gobierno estudiará bajas médicas flexibles que permitan trabajar parcialmente
Javier Jorrín
Los sindicatos, que se oponen frontalmente a cualquier reforma que flexibilice la incapacidad temporal, han celebrado este matiz en los términos empleados por el ministerio, pero no se fían. Tanto UGT como CCOO consideran que el problema del incremento de las incapacidades temporales tras la pandemia se debe a la saturación de la sanidad pública, así como al envejecimiento de la masa laboral, que hace que los períodos de baja sean cada vez más extensos. En ningún caso, dicen, se debe poner el foco en el trabajador, sino en la falta de recursos del sistema.
La aclaración expresada por Suárez supone un alivio para quienes veían en la reforma que quiere llevar a cabo el Gobierno una manera de ahorrar costes para la Seguridad Social en un momento de crecimiento del gasto en pensiones -que muy probablemente implique ajustes en el sistema para 2025- a costa de la indefensión del trabajador. El negociador de CCOO, Carlos Bravo, ha sido el más duro a la salida de la reunión, y ha acusado al Ejecutivo de plantear el debate de una forma “frívola e irresponsable, con una absoluta falta de sensibilidad”.
Fuente El Confidencial
