Diaz amenaza a la CEOE si no apoya la reducción de jornada, pero la patronal rechaza el ultimátum

Ultimátum del Gobierno a la CEOE en la negociación sobre la reducción de jornada a 37 horas y media. Aunque el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, rechaza esta palabra, lo cierto es que no existe otra forma de resumir el mensaje de su rueda de prensa tras la 13ª reunión de la mesa del diálogo social para la gran reforma del departamento dirigido por Yolanda Díaz durante esta legislatura: “El día 11 de noviembre necesitamos un sí o un no”. La respuesta será no, explican fuentes de la patronal: “Los ultimátums no son buena forma de negociar”.

El Ejecutivo está cansado —y los sindicatos más— de que los empresarios rehúyan el debate, aunque no se hayan levantado nunca de la mesa, y ha puesto esa fecha como la definitiva para cerrar la mesa tras 10 meses de negociaciones. Solo hay dos salidas. En el improbable caso de que la patronal acepte la última propuesta del Gobierno, presentada este martes, empezarán los trabajos técnicos para reformar el Estatuto de los Trabajadores; en cambio, si los empresarios dicen que no, o directamente no dan una respuesta —como hasta ahora—, Trabajo dará por concluido el diálogo y buscará un acuerdo solo con los sindicatos, para llevarlo cuanto antes al Congreso de los Diputados, donde no tiene asegurados los apoyos parlamentarios.

Este segundo camino tiene un riesgo para la CEOE, que el Gobierno explota ya sin disimulo: si se borra del acuerdo, todas las ayudas que Trabajo ha ofrecido hasta ahora para atraer a la patronal al pacto quedarán en cuestión, al albur de la negociación entre el Ejecutivo y las centrales. “No hay ninguna duda de que la geometría del acuerdo cambiará, y es muy probable que algunos de los elementos para que la patronal estuviese dentro quedarían fuera”, ha dicho Pérez Rey. Y ha añadido: “Con estas ayudas o sin ellas, la reducción de la jornada tendría efectos positivos“.

Traducción: Trabajo llevará la reforma adelante por ley sí o sí —no a través de la negociación colectiva, como pide la CEOE—, y amenaza a los empresarios con la posible retirada de las medidas paliativas que les había ofrecido hasta ahora para ayudarlos a afrontar la situación, especialmente en el caso de las pymes, que serían las más afectadas.

La CEOE tiene claro que va a rechazar el ultimátum del Ministerio de Trabajo y está dispuesta a llevar el pulso hasta el final. La patronal considera que el Gobierno no tendrá los apoyos suficientes en el Congreso si la reducción de jornada se aprueba sin consenso en el diálogo social. En concreto, creen que Junts hará caso a las recomendaciones de la patronal catalana Foment y votará en contra de esta medida.

La patronal estaría dispuesta a estudiar el acuerdo si el Ministerio de Trabajo aceptase retrasar la entrada en vigor de la reducción de jornada hasta que los distintos convenios colectivos vayan caducando. Lamentan que el Gobierno celebrase, hace apenas un año, la renovación del AENC y, ahora, esté dispuesto a romper el acuerdo salarial ahí incorporado. Porque una reducción de jornada sin reducción de salario implica una subida del sueldo por hora trabajada del 6%.

Sacudirse la presión

Con este último movimiento, el Ejecutivo pretende sacudirse la presión de los sindicatos, que han amenazado con trasladar las protestas de la sede de la patronal a la del ministerio, e intentar abrir una brecha entre los empresarios. La pelota, ahora mismo, está en el tejado de estos últimos, que hasta ahora se han mantenido inflexibles. Trabajo pretende forzar que los más amenazados por una reducción de la jornada “a pelo” —en palabras de Pepe Álvarez, secretario general de UGT— reabran el debate interno durante estos 12 días ante el temor de quedarse desamparados si la reforma finalmente se lleva a cabo sin ningún tipo de colchón.

Para convencerlos, un requisito que se antoja casi imprescindible para reunir posteriormente los apoyos parlamentarios a la reforma —los votos de Junts y PNV, muy próximos a la patronal, resultan claves—, el Ejecutivo les ha puesto un tercer caramelo en la boca. El primero fueron las bonificaciones a las empresas de hasta 10 trabajadores para la contratación de indefinidos que permitan suplir el hueco horario dejado por la reducción de la jornada. El segundo, la extensión de esas ventajas a la conversión de contratos a tiempo parcial en otros a tiempo completo con el mismo objetivo. Ahora, Trabajo también ofrece ayudas directas por valor de entre 350 y 370 millones de euros.

Trabajo daría hasta 6.000 euros por compañía para suplir la reducción de jornada con la digitalización o nuevos canales de negocio

En este caso, solo se podrían beneficiar las compañías de hasta cinco trabajadores (micropymes), en cinco de los sectores más afectados por la reducción de la jornada: hostelería, comercio, peluquerías, agricultura y limpieza. Son ámbitos muy intensivos en mano de obra, donde es muy difícil que la reducción se supla con un aumento de la productividad —si se trabaja menos, se factura menos—, lo que provocaría un gran butrón en el negocio de unas 470.000 empresas. El Ejecutivo daría hasta 6.000 euros por compañía para que compensasen la reducción de jornada con nuevos canales de negocio, como la venta en línea, o la digitalización de diversos procesos, entre ellos el registro horario.

Con esta última medida, la propuesta de Trabajo queda vista para sentencia. Tanto el Gobierno como los sindicatos consideran que el debate no puede prolongarse. Carlos Bravo, el negociador de Comisiones Obreras, ha sido el más explícito: “Este proceso no da más de sí”. Tras 10 meses de negociación tripartita, el Ejecutivo ya llega tarde para cumplir la primera parte de la promesa plasmada en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, que hablaba de 38 horas y media en 2024. El propio Pérez Rey lo ha reconocido: “Trabajamos directamente en las 37 horas y medias para 2025, prescindiendo del escalón intermedio. Intentaremos hacerlo lo antes posible”.

De momento, hay un ultimátum sobre la mesa. Díaz necesita un golpe de efecto para sobreponerse a la difícil situación que atraviese su partido, Sumar, tras las revelaciones de presuntos abusos sexuales cometidos por el hasta ahora portavoz parlamentario, Íñigo Errejón. Ese giro podría llegar dentro de solo 12 días, cuando la carpeta de la reducción horaria quede cerrada. Pero la vicepresidenta segunda tiene un problema: sin el concurso de la patronal, tiene muchas papeletas de acabar en otra sonora derrota cuando la derecha nacionalista tumbe la reforma en el Parlamento.

Fuente El Confidencial