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En el marco del plan de auditoría a los gastos de las Casas de Altos Estudios anunciado por Javier Milei, los representantes de la Sindicatura General de la Nación se reunieron con las autoridades de la Universidad de La Matanza (UNLaM) y, de forma paralela, se presentaron ante la Justicia para que la Universidad de Buenos Aires “presente la documentación referida a la utilización de fondos públicos”.
El rector (UNLaM), Daniel Martínez, recibió al síndico general de la Nación, Miguel Blanco, y a sus adjuntos Santiago Herrera y Marcelo Bailo, para mantener una reunión de trabajo en la que conversaron sobre los procedimientos a seguir, la documentación requerida y las actividades más destacadas que se realizarán en el corto plazo.
Asimismo, se designaron responsables por cada uno de los organismos, a la vez que se estableció la planificación de acciones conjuntas y la calendarización de fechas para los primeros resultados.
Por otro lado, Blanco presentó ayer un escrito ante la Justicia para que la Universidad de Buenos Aires “presente la documentación referida a la utilización de los fondos públicos que le son asignados por el Poder Ejecutivo Nacional.
En el documento se especifica que el organismo rector del sistema de control interno no pretende auditar planes de estudio, contenido, designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, como así tampoco designar el auditor interno de la UBA, cuestiones totalmente ajenas al objetivo de las auditorías de la SIGEN.
En este sentido, “el contenido de la demanda apunta a que la justicia instruya a la Universidad de Buenos Aires a brindar información sobre el destino de los fondos públicos y cómo fueron ejecutados”.
SIGEN solicita que se inste a la UBA “a rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional” para que pueda cumplir con sus funciones en el marco de la actividad propia del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN).
Desde el Gobierno nacional se subrayó que hasta 2022 “era habitual esta rendición de cuentas, y que ese año fue interrumpida por un dictamen emitido por el entonces procurador del tesoro nacional, Carlos Zannini”.
El organismo le envió una nota al rectorado de la Universidad de Buenos Aires el día 22 de octubre último, que indica el inicio de los trabajos de auditoría en esa casa de altos estudios.
Sin embargo, la UBA insiste que la Sindicatura “no posee las competencias para auditar a las universidades”, pero aclara que se oponga a las auditorías. “Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones”, afirmaron las autoridades de esa institución en una reciente Conferencia de Prensa.
La solicitud de la Sindicatura General de la Nación busca que la UBA presente “la normativa interna para la aprobación y autorización de gastos; las normas reglamentarias del circuito de compras y contrataciones; y el detalle de las adquisiciones realizadas a través de los fondos transferidos por la cartera de Educación”, entre otros puntos.
Esta semana, el juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick dio cinco días de plazo al Gobierno para que produzca el informe de contestación a los argumentos de la UBA contra la SIGEN.
Cormick quedó a cargo del caso por sorteo, luego que la UBA recusara el lunes a la primera magistrada que había sido sorteada, Rita Ailán. El rectorado había presentado una “acción declarativa de certeza” para que la Justicia defina si la SIGEN puede o no auditarla y pidió que mientras se resuelve se dicte una medida cautelar que lo impida.
Fuente El Cronista
