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La “Etapa 1” del Régimen de Regularización de Activos entra en la recta final, tras la segunda prórroga que concedió el ministro de Economía, Luis Caputo. Mientras tanto, una nueva ventana se abrió: la iniciativa de “borrar los datos” de los contribuyentes. Quiénes trabajan la iniciativa.
Luego de que el vocero presidencial Manual Adorni lo calificará de un “éxito rotundo” por el ingreso de u$s 19 mil millones solo por el efectivo y se concedieran ocho días frente a “problemas administrativos e informáticos” para el pago del impuesto de regularización desde el exterior, en el Gobierno trabajan en acciones complementarias.
“Estamos trabajando arduamente en ello para lograrlo”, escribió el presidente Javier Milei en su red social X en respuesta al tweet del periodista Lucas Morando, que aseguraba que después de que hayan ingresado 280 mil contribuyentes se analizaba modificar la legislación para borrar las bases de datos de los que blanquearon.
Lo que abrió dudas entre los tributaristas sobre a qué hace referencia la nueva iniciativa: si se trata de un proyecto de ley a o de la creación de nuevos filtros en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), todavía en conformación.
Lo que se reveló en quienes encabezan la tarea. “ARCA lo va a llevar”, comentó una fuente de la Casa Rosada a El Cronista. Aunque desde la nueva Agencia, que todavía está en confirmación en medio de una conciliación obligatoria con los gremios, destaquen que no sería “borrar”.
A pesar de las versiones que existieron la semana pasada sobre su renuncia, que tuvo que salir a desmentirla el propio ministro Caputo y el conflicto con los gremios puertas adentro por el anuncio de desvinculación de 1.355 agentes.
Pero ya desde el inicio de Régimen de Regularización de Activos, altas fuentes oficiales de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pregonaban sobre el tratamiento de la información. “Somos muy celosos de toda y del blanqueo más”, comentaron en su momento.
El antecedente de la filtración de Macri
Así, frente a la filtración que existió durante la gestión de Mauricio Macri y a los fines de que no vuelva a suceder, revelaron que se aseguraron de manera máxima todos los circuitos y se capacitaron a los funcionarios “para dejar en claro el secreto fiscal”.
“Hay determinado grado de alertas y acceso para el personal involucrado va a depender de la necesidad de cada uno”, agregaron respecto a quienes podría hacerse de la información. Una situación que debió cambiar a partir la disolución de la AFIP y el ingreso de nuevos funcionarios.
Entre ellos está la flamante cabeza de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, que saltó a la fama en el 2009 ante el operativo con las oficinas del Grupo Clarín y cuyo ascenso lo habría gestado el asesor presidencial, Santiago Caputo. Además de José Andrés Vélis en la Aduna.
La visión de los tributaristas
Para el socio del Departamento de Impuesto de Lisicki, Litvin & Asociados, Martín Caranta lo que intenta hacer el Gobierno es evitar una “expedición de pesca”, evitar que se filtre la información el día de mañana ante un cambio de gestión.
Así, consideró que, por la premisa con la que trabaja el Gobierno de “cuidar a los contribuyentes”, lo que se busca es proteger la intimidad y dar una mayor seguridad jurídica, aunque advirtió que más tarde o temprano en inspección “salta individualmente”.
Una postura similar tuvo el socio de Expansion, Diego Fraga para quien el Gobierno busca sacarle el miedo a quienes exterioricen activos de que en el futuro se tomen represalias como paso tras el fin del Gobierno de Macri y el ascenso de los Fernández-Fernández.
Aunque, destacó, que en parte ya se consiguió ello en el capítulo fiscal con el Régimen Especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) que actúa como seguro. “Es un contrato donde se paga por adelantado por cinco años o cuatro (si son los bienes que ingresaron al blanqueo), no se presenta declaración jurada y se otorga estabilidad fiscal hasta 2038”, agregó.
A partir de la alícuota del 0,25% hasta ese año y con el reaseguro de que, si un próximo Gobierno no lo quiere cumplir, se generará un “crédito fiscal” por lo que se pague del nuevo impuesto patrimonial a utilizar contra otro nacional.
Fuente El Cronista
