José Ramón Gómez Besteiro: «Se dan las condiciones para conseguir el rescate de la AP-9 este mandato»

Por José Luis Jiménez

La última vez que el líder del PSdeG se sentó con ABC fue en la recta final de la pasada campaña de las autonómicas. Aquello no salió bien para el candidato socialista, con un mal resultado sin paliativos. Procura que quede atrás en la conversación, como un hito del pasado que no merece la pena revisitar. Ahora, José Ramón Gómez Besteiro intenta reconstruir el partido desde la oposición, buscando complicidades con el Gobierno de España, que no siempre llegan.

—Casi resulta complicado hablar de política con lo que está pasando en Valencia…

—Sí, la verdad es que la tragedia lo inundó todo, sobre todo la forma de hacer política. Parece que vamos a estar a la altura de darle realmente importancia a las cosas verdaderamente importantes, que es a lo que se debe de dedicar la política. No trivializar ni simplificar, sino estar todos a la altura de las circunstancias y ser lo suficientemente solidarios durante el tiempo que haga falta.

—La impresión generalizada es que la Comunidad Valenciana se ha visto desbordada. ¿No debería haber actuado ‘motu proprio’ el Gobierno ante una catástrofe de esta magnitud?

—Durante gran parte del año nos dedicamos a hablar del respeto a las competencias autonómicas. Para eso están los protocolos, que establecían unos determinados niveles de alerta y su cumplimiento, ¿no? Ahora hablamos de cómo trabajan los militares en Levante, y precisamente aplican protocolos. En situaciones de emergencia y guerra hay que cumplir los protocolos. ¿Habría que revisarlos? Sí, pero será con posterioridad. Con los que hay ahora, el nivel de alerta y actuación de medidas correspondía a la Comunidad. En todo caso, el Gobierno actuó dando respaldo a todas las peticiones de la Comunidad.

—«Si necesitan más ayuda, que la pidan». No va a pasar como una de las frases más afortunadas de Pedro Sánchez… ¿En serio el Estado necesita ser llamado para ayudar?

—Cuando hablamos de protocolos, sí. Creo que esa frase hubo gente que la intentó descontextualizar. Leída en su contexto se entiende perfectamente. Esa petición es el funcionamiento normal del protocolo; los medios estaban preparados, dispuestos. Las emergencias se rigen por protocolos, y hay que cumplirlos.

—Dijo Felipe González estos días que él no habría esperado a que lo llamaran.

—Últimamente Felipe González dice muchas cosas. Y casi siempre, a posteriori. Creo que incurre en ese dicho nuestro del ‘Xa o dicía eu’, pero siempre con posterioridad. En este sentido, como en otras muchas cosas –desde mi punto de vista– Felipe está descontextualizando y entendiendo mal los tiempos.

—Para compleja, la reforma de la financiación autonómica. ¿Puede haber acuerdo multilateral cuando, en realidad, de lo que se trata es de darle a Cataluña un modelo de concierto económico? O como lo llama el PSOE, una ‘financiación singular’.

—Es que es una financiación singular. La evolución de todo el sistema de financiación autonómico se basó inicialmente bajo condiciones bilaterales. De la época de González vinieron las cuestiones de País Vasco y Navarra, y el estatuto particular de Canarias. También Aznar, en sus relaciones con el nacionalismo, y las concesiones a determinadas Comunidades en detrimento de otras. Concierto solo hay en País Vasco, porque hay un cupo, como hay también un Convenio navarro. Lo que se propone para iniciar el estudio de todo el nuevo sistema no es un concierto. Si no hay cupo, no hay concierto. ¿Puede tener parecido? Sí, pero no lo es. Por tanto, no compremos el marco que le interesa al PP y ERC. Después entramos en el calificativo de solidario o insolidario. Los conciertos son insolidarios, por lo que si el modelo que se propone es solidario, ya no es un concierto. Se llamará de otra manera, y ahí es donde queremos entrar todos.

—¿Y dónde encaja Galicia ahí?

—Hay que afrontar de manera singular lo que sí es singular. Galicia lo es por su despoblación, su envejecimiento y su dispersión. Eso implica qué servicios queremos prestar, porque esto al final va de personas, no tanto de territorios. Si somos capaces de valorar cuánto cuesta prestar la asistencia médica en Valencia o el Courel, podremos establecer un nivel de servicio, y todos deben recibir el dinero suficiente para prestar ese determinado nivel de servicio público. Eso es atender a la financiación singular. Luego pasamos al campo de la responsabilidad fiscal, donde deberíamos ponernos de acuerdo en una determinada forma de desarrollar impuestos. Es decir, ¿usted va a estar jugando conmigo si yo mantengo un determinado nivel de presión fiscal y usted la rebaja con bonificaciones? Tenemos que ponernos de acuerdo para mantener una presión fiscal similar.

—Cataluña quiere recaudar todos los impuestos.

—Es que las Comunidades son capaces de recaudar e inspeccionar. ¿Por qué no va a ser capaz Galicia de recaudar sus propios impuestos? ¿Significa eso que firmamos un concierto? No, es lo que nos separa fundamentalmente del BNG. Creemos que un concierto para Galicia es negativo. Pero sí entendemos que puede haber una Administración que puede recaudar impuestos bajo la coordinación de una autoridad fiscal federal. Sí, nosotros queremos ir hacia el federalismo, pero estamos dispuestos a hablar de cómo se reforma todo el sistema.

—Una duda de concepto. Cuando una Comunidad que tiene el segundo PIB más alto de España introduce la idea de contribución solidaria, ¿no hay un punto de caridad?

—Es que la solidaridad es medible, y la caridad no, es discrecional. Debe haber un mecanismo que permita medir y ajustar la solidaridad hacia el porcentaje que consideremos. Debemos medir ese índice de solidaridad en base a algo. Si no, se produce lo que está pasando con Madrid, que es ese sumidero grandísimo de solidaridad, haciendo dumping fiscal y atrayendo a grandes empresas a cotizar y contribuir en Madrid. De ahí la figura del consorcio tributario que se plantea, donde tienen presencia las Comunidades y la Administración fiscal. Tiene que haber una autoridad fiscal federal, porque si no, ¿cómo controlamos el proceso?

—¿La reforma va a llevarse a cabo sí o sí, o puede verse retrasada por la catástrofe en Levante y la ausencia de Presupuestos del Estado?

—Una situación como la de Valencia puede condicionarlo todo, pero el espacio temporal que se abre tiene que ser necesariamente corto. Yo creo que 2025 va a ser el año donde se discuta y hable de la financiación. Y ahí nos enfrentaremos a las grandes cifras. ¿Qué queremos como país? Si seguimos creyendo en el estado del bienestar o no, ese debate va a retratar a todo el mundo. A todos, me refiero al PP pero también a esas fuerzas nacionalistas que nos prometen el cielo constantemente. También nos retratará hablar de qué Seguridad Social queremos. Si Galicia tiene un déficit de 2.500 millones, ¿qué impide que mañana Ayuso reclame una pensión más alta para los madrileños porque son contribuyentes netos? Ante esto hay que tener una respuesta responsable, y no simplemente vivir en una ilusión de querer tener las llaves de la caja.

—Parece que el AVE Vigo-Oporto le interesa más a Portugal que a España. Es llamativo, oiga.

—No hace muchos años se hablaba de esa línea para 2040. Antes de 2018 se establecía como red básica ampliada. Ahora estamos en la discusión de 2030 o 2032. Yo estoy en 2030. Podemos ser capaces de conseguirlo. Estoy convencido de que llegaremos a la frontera antes que Portugal.

—¿Se lo ha asegurado el ministro Oscar Puente?

—No me lo aseguró, pero creo que sí somos capaces, salvo que la situación de Valencia pueda condicionar y lastrar inversiones. Hay que ver si nos permiten adaptar fondos europeos para aplicarlos ahí. Los efectos de la catástrofe son más graves que los de la pandemia, porque hay un destrozo del territorio y las infraestructuras. Si podemos hacer un análisis al margen de lo que necesite Levante, creo que podríamos estar en plazo 2030.

—Siete meses de gobierno Rueda. ¿Tiene un primer balance?

—Veo poca determinación en asuntos que son absolutamente capitales. En la sanidad, que para nosotros es prioritario y hay que poner toda la carne en el asador, gran parte del territorio de Galicia está en una realidad diaria de mala asistencia. Luego, si vivimos en una situación de emergencia habitacional en muchos puntos de Galicia, los Orzamentos de 2025 debían ser más competitivos y demostrar que son una prioridad fundamental para la Xunta. Partimos de que durante 15 años no se construyó vivienda pública, y eso no se remedia en tres días ni en seis meses. Construyamos vivienda pública y que sea pública siempre. Pero tenemos viviendas vacías. ¿Por qué está vacía? Porque el arrendador tiene miedo a no cobrar toda la renta o a cómo le dejarán el piso, y prefiere no alquilarlo. Tenemos una oportunidad para solucionar eso.

—La Xunta ha presentado su proyecto de viviendas compartidas para jóvenes.

—Es un piso patera de 30 metros y partes comunes. Yo no veo que eso sea su proyecto de vida. Hoy los jóvenes menores de 30 años tienen un salario, muchos de ellos, de 1.100 o 1.200 euros. ¿Por qué nos oponemos a las viviendas en zonas tensionadas? Si se declaran, hay un precio, se tasa, se topa el precio del alquiler y para el propietario tampoco es malo, porque establece bonificaciones fiscales para los rendimientos del alquiler.

—El primer informe de zonas tensionadas de Cataluña reconoce una rebaja en el precio de los alquileres, pero una aún mayor en la oferta de vivienda disponible.

—Cataluña va a destinar una cifra histórica para construir vivienda pública, me parece que unos 1.100 millones de euros. La lucha contra la falta de vivienda no es en un único frente. También podemos recuperar vivienda contemporánea, la de los años 60, y hacer un poco de economía circular. Con la vivienda no se puede gobernar a golpe de titular.

—La Ley de Medios Públicos de Galicia no se diferencia mucho de la reforma de elección del Consejo de Administración de RTVE…

—Pero el momento de la elección sí, porque…

—…la reforma se votó en el Congreso durante las riadas de Valencia y la ley gallega está llevando un proceso legislativo que todavía no remató.

—Bueno, yo digo que el momento de la elección es derivado de una situación de bloqueo, solamente comparable a la que había en el Poder Judicial. Aquí en Galicia no hay bloqueo porque el PP ni siquiera puso sobre la mesa una negociación. Esta ley actual lo que permitió es que tengamos un ‘director general provisional parasiempre’ en la CRTVG. La forma de hacer política dentro de los medios públicos del PP es más que evidente, y tenemos consecuencias trágicas no solamente a nivel informativo, sino también cultural e idiomático.

—Tras el informe del IGE el PSdeG se presenta como una tercera vía entre el maximalismo del BNG y la posición ya conocida del PP. ¿Pero cuál es su modelo en realidad?

—Dos cuestiones fundamentales. Primero, una mayor intervención presupuestaria. Con el PP hay una caída en picado y sobre todo un encefalograma plano en el nivel de inversión pública en la cuestión lingüística. Luego, defender una posición de agrupamiento social, hacer una piña no desde la política sino hacer de esto una causa nacional, de país. Y contribuir a esto sin ser excluyente, que es donde creo que se equivoca el nacionalismo.

—¿Están dispuestos a participar en el Pacto pola Lingua que ofrece la Xunta, o marcan líneas rojas?

—Estamos dispuestos a hablar de todo. Es verdad que venimos estableciendo unos niveles mínimos de exigencia en los presupuestos. Deben establecerse objetivos. La lengua es una emergencia nacional como lo es la vivienda. Debemos exigir un compromiso constante y transversal en todas las áreas de gobierno. Yo no soy partidario de establecer líneas rojas. Pero si hoy pensamos que Fraga era un avanzado en materia lingüística, el PP se lo tiene que hacer mirar. La situación de la lengua es realmente dramática, y el PP tiene que asumir que eso forma parte de su responsabilidad.

—¿Qué recorrido va a tener la comisión de investigación abierta en el Parlamento gallego?

—Con los antecedentes de los últimos días, muy poco. El PP desde el primer momento está poniendo obstáculos, y eso creo que es malo. Veremos qué decide el PP respecto a la gente que va a venir. Pero eso nos habilitará para utilizar otros instrumentos diferentes, que no queremos, porque nuestra intención es que la comisión funcione bien y sea transparente. Cuando se generan obstáculos es que se intenta ocultar algo. Y si no es así, el PP no debería tener problema en aceptar los planes de trabajo de todos en un único documento común. No soy optimista.

—¿Que esta comisión nazca coincidiendo en el tiempo con los casos Begoña, Ábalos y del hermano de Pedro Sánchez es una coincidencia?

—Es que en los últimos años para que no le coincida al PP con sus casos judiciales es difícil escoger una fecha. Esta comisión se plantea porque surge en este momento, es una petición de los dos grupos de la oposición y no responde a otro tipo de cuestiones ajenas.

—Si la Xunta lleva contratando con Eulen desde 2009 y el hospital Cunqueiro se construyó hace diez años, ¿qué estuvo haciendo la oposición todo este tiempo que no detectó los sobrecostes o los supuestos contratos irregulares?

—El acceso a la documentación durante estos últimos diez años ha sido bastante dificultoso. El tiempo llegó cuando el informe del Consello de Contas detecta el sobrecoste de los 470 millones de euros. Es el gran desencadenante de la comisión.

—En la lista de comparecientes estaban el novio de Díaz Ayuso o el hermano de Eva Cárdenas. ¿Era realista incluir estos nombres?

—Bueno, nadie sobra cuando la investigación amplía su espectro. Nada tiene que temer quien venga y no tenga ninguna responsabilidad o culpa. Debemos verlo como una cuestión normal en una comisión de investigación.

—Cuando Rueda se vio con Sánchez en Moncloa en 2022, el presidente del Gobierno prometió que habría fondos para Altri. Este año se volvieron a ver, pero esa promesa ha quedado congelada. ¿Usted sabe qué ha pasado?

—No sé de qué hablaron, pero la primera vez que se vieron, ese proyecto no figuraba en las dependencias del Gobierno. El ministro de Industria confesó en sede parlamentaria que llegó por primera vez en diciembre de 2023. Lo que había hasta entonces era una memoria de un folio sobre lo que iba a ser. Se hablaba de producir fibra ecológica, que iba a emplear a 4.000 personas… Y ese proyecto cambió y ahora básicamente va de producir celulosa. Un proyecto privado debe cumplir con la legalidad, pero uno público tiene que demostrar su compromiso en varios campos cuando pide dinero público. Y el CEO de la empresa dijo que necesitaba 250 millones de euros públicos a fondo perdido. Eso sí que es financiación singular.

—¿Pero dónde está el PSOE en la cuestión de Altri?

—Cuando se pide financiación pública inspeccionamos el proyecto con una mirada amplia. Otras formaciones se instalaron en el simplismo de Altri sí o Altri no. Nosotros situamos el análisis en que no es lo mismo si el proyecto es público o privado.

—O sea, que ustedes están en el ‘Altri, depende’…

—No, no. Me niego a entrar en el discurso simplista del que dice que sí pero no explica los cambios que hubo en el proyecto, o el que dice no sin saber si va a haber medidas ambientales correctoras. Nosotros reivindicamos que se hagan más preguntas y se aclare la triple eficiencia que debe tener el proyecto: la ambiental, pero también la social y la económica.

—Entonces, ¿es descabellado decir que en función de una determinada serie de circunstancias el PSdeG puede apoyar a Altri?

—El proyecto no nos gusta, pero esto no va de si me gusta o no, sino de si se cumplen una serie de normas, que no son las mismas para un proyecto privado que para uno que pide 250 millones de inversión pública. No creo que haya muchos proyectos ni en España ni en el mundo que reciban un 25% de subvención.

—¿La AP-9 se va a transferir a Galicia?

—Es posible. Los socialistas primamos más la gratuidad que la transferencia. Preferimos que se levanten los peajes a que la autopista hable gallego o castellano. Trabajamos siempre en ese camino. Hay que ver cuánto vale rescatar, estamos pendientes de la UE por si la ampliación de la concesión fue ilegal. Mientras eso se discute se aplicará el acuerdo del 75% de bonificaciones, con un coste de 90 millones.

—Usted prometió la gratuidad en la campaña. Esa promesa precisaba de la participación del Gobierno. ¿Se mantiene a pesar de que usted no presida la Xunta?

—Creo que sí, ese planteamiento sigue ahí, condicionado a algunas cuestiones. ¿Cuesta lo mismo rescatar una concesión que tiene una ampliación declarada ilegal que otra que todavía no ha sido declarada como tal? Hay que ser rigurosos. Hay algunas formaciones que dicen que ya hay que darlo por hecho y así salen unas cifras de 900 millones. Yo soy partidario de valorar otro escenario. Si gastamos 90 millones al año en bonificaciones y lo extendemos por el tiempo que queda de concesión, nos da una cifra no menor. Es el momento de que el Estado reflexione. Creo que en este mandato se dan las condiciones para conseguir [el rescate]. Pero para eso hay que negociar, ponerlo encima de la mesa y establecer prioridades. Y eso es una cosa que a Rueda no le gusta. Si yo fuera presidente de la Xunta, lo conseguiría.

—¿No le invitó al BNG a formar parte de su ‘gobierno alternativo’?

—En política la realidad te puede gustar más o menos, pero hay que asumirla. Ideas como un gobierno alternativo no casan con el resultado electoral. No creo que sea una buena opción, pero cada uno es libre de elegir cómo hace oposición. Dicho lo cual, nuestra relación con el BNG es absolutamente normal y funcionó muy buen durante los últimos años de la historia reciente de Galicia. Por eso me sorprenden algunas actitudes del BNG.

—¿Le ha vuelto a ofrecer Pedro Sánchez el ser ministro?

—Ay, no. Esa cuestión ya la hizo pública el presidente en campaña. No revelo ningún secreto si digo que posteriormente no.

Fuente ABC