Por Daniel Romero
La jugada del Presidente, si bien a ojos del ciudadano de a pie, la medida es justa y valorada, la ley y “derechos adquiridos” serán argumentos de la ex Presidente. La ley, la misma que rige para jueces, aclara que las pensiones de estos podrán ser anuladas tras la destitución por juicio político, por lo que hay un vacío legal respecto a Presidentes y vice. Cristina Kirchner no fue removida por juicio político pero si condenada en dos instancias y esto deberá hacerse valer. Sin duda la ex Presidente es una delincuente y no debería percibir dos asignaciones honorificas. Cabe recordar que CFK cobraba dos pensiones de privilegio, algo contrario a ley que ahora tanto se apoya.
La furia de CFK en toda su dimensión.
Al margen de esta, pero si vinculada al origen de la resolución del gobierno, urge que el fiscal Luciani solicite, habiéndose confirmado la condena, medidas cautelares para garantizar la efectividad de la futura confirmación de la corte, solicitar embargos y otras. Esta si resultaría una medida simpática para la sociedad y para quien escribe, además de absolutamente a derecho.
En un giro significativo, el gobierno nacional ha decidido dar de baja la jubilación de privilegio de la ex presidente Cristina Kirchner. Según Manuel Adorni, vocero presidencial, esta medida representa un ahorro de aproximadamente 21.827.624 pesos para el Estado. Además, se ha anulado la pensión del expresidente Néstor Kirchner, lo que refuerza el mensaje del gobierno sobre la eliminación de privilegios en el sistema previsional.
Adorni argumentó que el beneficio otorgado por la Ley 24.018 a expresidentes y exvicepresidentes es una asignación excepcional y extraordinaria, vinculada al honor y al buen desempeño en el cargo. Sin embargo, subrayó que, dado que Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad por administración fraudulenta, su situación contradice los principios de honor y mérito que justifican esta pensión. “La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en Argentina, especialmente si quien la percibe está condenada por corrupción”, afirmó Adorni.
El gobierno de Javier Milei ha dejado claro desde el inicio de su gestión su rechazo a mantener las jubilaciones de privilegio. A finales de septiembre, se presentó un proyecto en Diputados para eliminar estos beneficios para ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos, proponiendo que pasen a formar parte del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Aunque el proyecto contempla que los expresidentes recibirán una asignación vitalicia equivalente al 80% de la remuneración de un jefe de Estado en funciones, la medida no afectará a quienes ya estén cobrando estas pensiones, debido al principio de irretroactividad.
Adorni aclaró que, a pesar de la suspensión de la jubilación de privilegio, Cristina Kirchner podrá seguir cobrando una pensión conforme a sus aportes, pero no por el adicional que representa el privilegio. Además, se anticipa que la expresidenta podría recurrir a la Justicia para frenar estas modificaciones, lo que podría desencadenar un proceso judicial prolongado. Históricamente, ANSES ha apelado constantemente las decisiones relacionadas con los reclamos de jubilados y pensionados del sistema general, lo que sugiere que, si los jueces deciden restituir las pensiones, el organismo podría seguir un camino similar. Al menos, así debería hacerlo.
Desde su cuenta de redes sociales, Cristina Kirchner respondió de manera contundente a la decisión del gobierno. En su extenso y enfurecido comunicado, acusó a Milei de estar “tan fuera de eje” que “está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro”. Cuestionó si el presidente busca asociarse con la “mafia judicial” para perseguirla, enfatizando que el verdadero miedo lo sintió ante dictadores como Videla, pero que a Milei solo le siente lástima. Cabe aclarar aquí, que Cristina Kirchner al igual de su marido Néstor, jamás tuvieron ningún inconveniente con el gobierno militar del General Videla, muy por el contrario, solían compartir encuentros con el Coronel Guerrero, gobernador militar de Santa Cruz en aquellos años. Ambos se beneficiaron cuando ese gobierno militar les concedió las cobranzas de la circular 1050 a quienes no podían pagar los créditos, rematando y apropiándose de dichos bienes.
Kirchner también criticó la idea de que Milei pretenda crear un “Tribunal de Honor” para juzgar a exmandatarios, cuestionando quiénes serían sus integrantes, a la vez que se burló de la capacidad de Milei y su equipo. La expresidenta recordó que el mal desempeño de un jefe de Estado solo puede ser juzgado por el Congreso a través del proceso de Juicio Político, destacando que solo el pueblo tiene la autoridad para revocar el honor y mérito de un presidente electo. Aquí se puede apreciar un alto grado de cinismo por parte de la señora Kirchner, no pareciera ser la indicada para hablar de honor y merito.
Asimismo, defendió el derecho de las viudas de exmandatarios a recibir pensiones, argumentando que estas asignaciones no dependen del desempeño de sus esposos, sino de su condición como viudas de presidentes. En este sentido, lanzó críticas hacia otros exmandatarios y sus familias que también perciben pensiones, sugiriendo que la medida de Milei es selectiva y no aborda de manera justa el tema de las jubilaciones de privilegio. En este punto solo prodria caber las generales de la disposcicion la pension del ex Presidente Carlos Menem, quien también fue condenado por corrupción. De la Rua, el ex Presidente que debió renunciar por inoperante, no tuvo causas de corrupción. La sociedad si lo juzgo por inútil.
En conclusión, la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender las jubilaciones de privilegio de Cristina Kirchner ha generado una fuerte reacción de la expresidenta, quien no solo cuestiona la legalidad de la medida, sino que también anticipa una posible judicialización del asunto. Vía redes sociales, la sociedad fue expresando su alegría por esta medida, a la que consideran reparatoria.
La situación promete ser un nuevo capítulo en la tensa relación entre el actual gobierno y un sector de la oposición, con la posibilidad de que el debate sobre las jubilaciones de privilegio continúe en los tribunales.