El Gobierno anunció hoy que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema electoral, que incluye la eliminación de las PASO, la modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos y cambios en el financiamiento de las fuerzas políticas que participan en las elecciones.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, justificó la eliminación de las PASO argumentando que, desde su implementación, estas han funcionado como una costosa encuesta que beneficia a la política, perjudicando la economía y el tiempo de los argentinos. En 2023, el costo de las primarias ascendió a 45.445 millones de pesos, cifra que, en términos reales, representa una carga considerable. Además, Adorni destacó que desde su introducción en 2011, solo diez agrupaciones políticas han llevado a cabo internas para las elecciones presidenciales, y el 40% de ellas no logró alcanzar el umbral del 1,5% necesario para participar en las elecciones generales.
Respecto a la modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos, el Gobierno busca “mejorar la representatividad” electoral y evitar la proliferación de “sellos de goma” que solo tienen fines recaudatorios. Si la reforma avanza, las agrupaciones deberán contar con al menos el 0,5% de afiliados respecto al padrón electoral y obtener un mínimo del 3% de votos en dos elecciones consecutivas. Para los partidos nacionales, se exigirá presencia en al menos diez distritos, en lugar de las cinco jurisdicciones actuales.
Además, se implementará una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones, otorgando a las agrupaciones hasta 2026 para adaptarse a esta nueva normativa. En cuanto al financiamiento electoral, el Gobierno propone eliminar el aporte estatal para campañas políticas y suprimir los límites en las donaciones privadas. Según Adorni, esta iniciativa busca “reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”.
Si el proyecto es aprobado, se implementarán medidas como el aumento de los topes de aportes privados, la eliminación de espacios de publicidad electoral y el financiamiento público para campañas, dejando solo un aporte anual proporcional a los resultados electorales. También se reduciría la prohibición de realizar encuestas, de ocho a tres días antes de cada elección, y se crearía la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.
