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IsraelEl cerco se estrecha aún más si cabe contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra él por presunta revelación de secretos . Pero también sobre su número dos, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, cuya presencia en este procedimiento se ha cuestionado desde el primer momento. Una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales (APIF), ha pedido al juez que investiga a García Ortiz que reclame las cámaras de vigilancia de la Fiscalía General ante la sospecha de que el imputado, en presencia de su subordinada, pudo manipular pruebas el mismo día en el que, por orden del instructor, se produjo la entrada y registro de su despacho en la sede del órgano, en la calle Fortuny de Madrid. Con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil todavía en el edificio, el fiscal general mantuvo un encuentro con Sánchez Conde -quien representa al Ministerio Público en esta causa- en el patio del edificio en torno a las siete de la tarde, cuando a los agentes de la UCO les faltaban todavía cuatro horas para abandonarlo tras cumplir la orden judicial de vaciar, y en su caso , requisar todos sus dispositivos, incluidos sus dos teléfonos móviles , el personal y el profesional. Un fiscal les vio revisando un móvil, «aparentemente perteneciente al investigado», y ahora la APIF ha pedido al juez, junto con las imágenes de las cámaras de seguridad, que llame a declarar a este compañero. Se trata Salvador Viada, hasta hace pocos meses presidente de APIF y representante de esta asociación en el Consejo Fiscal, órgano que representa a la carrera.Noticia Relacionada estandar Si La asociación de fiscales personada en la causa de García Ortiz recurre que la investigación se ciña a sólo una semana Nati Villanueva La APIF cree que antes y después puede haber conversaciones cruciales del fiscal general que acrediten la revelación de secretosLo ha hecho en una ampliación del recurso de reforma en el que el martes se opuso a la acotación del plazo de investigación a sólo una semana (inicialmente eran siete meses) y en el que, como informó ABC, ya relataba esta escena en el patio de la Fiscalía, si bien sin identificar a la persona que lo presenció. En el escrito presentado ayer ante la Sala Segunda del Supremo, la APIF pide esta testifical «a efectos de acreditar la veracidad de este singular e insólito encuentro», pues «es inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto de sumario», apunta.Respecto a las cámaras de vigilancia del edificio, la APIF solicita al instructor que se libre oficio a la empresa responsable del servicio de seguridad integral de la Fiscalía General del Estado para que «aporte las grabaciones de las cámaras que enfocan al salón noble, ubicado en el patio central del edificio», del pasado 30 de octubre entre las 18:00 y las 19:45 horas; «debiendo, no obstante, ser conservadas las grabaciones de todo el día por si resultasen necesarias».La acusación popular advierte que así como la declaración del testigo no corre prisa, sí esta última diligencia, que «debe ser ejecutada de modo inmediato», pues estas grabaciones como tan sólo se conservan durante un plazo máximo de un mes», con lo que el 30 de noviembre las imágenes que pudieran haber sido captadas, «de vital importancia para el cabal desarrollo de la causa , ya no estarán disponibles».Al lado del investigadoMás allá de lo que depare la investigación penal sobre el «insólito» encuentro, lo cierto es que la escena compromete aún más la ya cuestionada presencia de Sánchez Conde en este procedimiento, en el que la defensa del fiscal general la ostenta la Abogacía del Estado y en el que la Fiscalía actúa en defensa de la legalidad. Fuentes fiscales consultadas por ABC no dudan de la veracidad de ese encuentro, conociendo la relación que García Ortiz y Sánchez Conde mantienen ,y más allá de lo que depare el análisis de esas imágenes —podría haber hasta responsabilidades penales por destrucción de pruebas — consideran sorprendente que la representante del Ministerio Público no fuera capaz de guardar las formas teniendo en cuenta la condición de investigado de su jefe. «Lo que corresponde al fiscal en este momento es estar con los investigadores (con la UCO en este caso), no con el imputado», dicen. Las claves del caso Incautaciones El 30 de octubre el juez ordenó la entrada y registro en el despacho de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y ordenaba «la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente, de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático que pudiera servir como indicios o pruebas». También ordenaba requisar sus móviles. En manos de la UCO Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) estuvieron diez horas en dependencias de la Fiscalía General, de la que salieron a las once de la noche. La sorprendente escena En ese lapso temporal, a las siete de la tarde el fiscal Salvador Viada, que se encontraba trabajando allí, ve al fiscal general con su número dos examinando un móvil en el patio.Lo cierto es que la situación procesal de la Fiscalía en este caso es cuanto menos peculiar por la situación de subordinación a García Ortiz en la que se encuentra cualquier fiscal que lleve esta causa, también la teniente. Es algo que llevan denunciando desde el principio tanto la mayoritaria Asociación de Fiscales como la APIF y el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, acusación particular en esta causa. Ya el 5 de noviembre, sin haber trascendido todavía ese sospechoso encuentro, González Amador pidió al Supremo que apartara de la causa a la teniente fiscal. Aludía a su dependencia jerárquica respecto al investigado en la actividad ordinaria de la Fiscalía. «Debe proceder a su inmediata abstención de intervenir en las diligencias que nos ocupan, al haber emitido dictamen sobre el pleito»., apuntaba. En este sentido recordaba que antes de que García Ortiz reconociera su responsabilidad en los hechos que se investigan, en la Junta de Fiscales de Sala del pasado 24 de abril Sánchez Conde dio la orden de oponerse a la admisión de la querella de González Amador, la que dio origen a esta causa. Para ello intervino hasta en el dosier en el que se exponía su posición contraria a la admisión. También aludía a la la obligación del fiscal general y de los miembros del Ministerio Fiscal de abstenerse necesariamente de intervenir en los procedimientos cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados. Y una de ellas es haber participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo. A ello se suma que en las actuales circunstancias el Ministerio Fiscal no está en condiciones de « proteger los intereses de la investigación (secreto de las actuaciones) y de los fines de la institución del Ministerio Fiscal (promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público)», decía.El mismo día del registro la Asociación de Fiscales ya cuestionaba la intervención de la teniente fiscal del Supremo recordando que es subordinada del investigado y que de él depende su eventual renovación. De momento, el primer movimiento de Sánchez Conde ha sido recurrir, la semana pasada , el auto de entrada y registro , una diligencia que, como reconocen las fuentes citada, no es nada habitual que el Ministerio Público impugne.
Fuente ABC
